La Legislatura sesionará el lunes 27 para debatir el nuevo Código Tributario. La reunión será convocada luego de que la comisión de Hacienda emita dictamen sobre el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, que es motivo de fuertes negociaciones entre legisladores, integrantes del Ministerio de Economía, colegios profesionales y entidades empresariales y patronales.
La idea del presidente de la comisión parlamentaria, Fernando Juri Debo, de juntar a todas las partes, no pudo concretarse. Por ello, las conversaciones se hacen por separado, lo que complica acordar un texto que satisfaga a los distintos sectores. En este brete se demora la redacción final del dictamen, que se estima será aprobado por el oficialismo unido entre martes y miércoles de la próxima semana.
La oposición en Hacienda emitirá un despacho alternativo, con más cambios al proyecto oficial. Sin embargo, el radical Jorge Mendía y el bussista José Costanzo no se han puesto de acuerdo aún en un texto común, por lo que no descartan llevar su disidencia directamente al recinto, en el plenario de la Cámara.
El peronismo parlamentario dio por cerradas las reuniones con el Gobierno y con las organizaciones intermedias. Ahora se abocará a la discusión interna, en la que también hay posiciones enfrentadas sobre la amplia potestad que tendrá la Dirección General de Rentas para actuar. Sin embargo, se confirmó que en la votación final la bancada del PJ no mostrará divisiones.
Los cambios por venir
El trabajo de la comisión apuntará a limitar todas las facultades extraordinarias solicitadas para el titular de Rentas que puedan ser consideradas inconstitucionales ante eventuales planteos. En este aspecto, se garantizará una amplia intervención de la Justicia en las distintas instancias, lo que no estaba previsto en el proyecto original.
Según versiones, se mantendrá la posibilidad de decomisar mercaderías, pero tras un procedimiento ajustado a derecho y siempre con la intervención previa de la Justicia. Inicialmente, desde el Gobierno se había solicitado que el decomiso fuese preventivo y realizado de oficio por parte del director de Rentas. También se suprimirá, según las versiones, la imposición de que el juez a cargo del expediente emita una decisión favorable en 48 horas a favor de las pretensiones del organismo tributario.
Al mismo tiempo, se facultará a Rentas para retener camiones con mercaderías en infracción, pero se limitará su potestad a precintar el vehículo y a esperar la intervención de un magistrado. Uno de los puntos de mayor discusión entre legisladores y funcionarios es la creación de un Tribunal Fiscal independiente (la función es asumida ahora por el ministro de Economía), ante la cerrada negativa del Gobierno en este tema.
La idea del presidente de la comisión parlamentaria, Fernando Juri Debo, de juntar a todas las partes, no pudo concretarse. Por ello, las conversaciones se hacen por separado, lo que complica acordar un texto que satisfaga a los distintos sectores. En este brete se demora la redacción final del dictamen, que se estima será aprobado por el oficialismo unido entre martes y miércoles de la próxima semana.
La oposición en Hacienda emitirá un despacho alternativo, con más cambios al proyecto oficial. Sin embargo, el radical Jorge Mendía y el bussista José Costanzo no se han puesto de acuerdo aún en un texto común, por lo que no descartan llevar su disidencia directamente al recinto, en el plenario de la Cámara.
El peronismo parlamentario dio por cerradas las reuniones con el Gobierno y con las organizaciones intermedias. Ahora se abocará a la discusión interna, en la que también hay posiciones enfrentadas sobre la amplia potestad que tendrá la Dirección General de Rentas para actuar. Sin embargo, se confirmó que en la votación final la bancada del PJ no mostrará divisiones.
Los cambios por venir
El trabajo de la comisión apuntará a limitar todas las facultades extraordinarias solicitadas para el titular de Rentas que puedan ser consideradas inconstitucionales ante eventuales planteos. En este aspecto, se garantizará una amplia intervención de la Justicia en las distintas instancias, lo que no estaba previsto en el proyecto original.
Según versiones, se mantendrá la posibilidad de decomisar mercaderías, pero tras un procedimiento ajustado a derecho y siempre con la intervención previa de la Justicia. Inicialmente, desde el Gobierno se había solicitado que el decomiso fuese preventivo y realizado de oficio por parte del director de Rentas. También se suprimirá, según las versiones, la imposición de que el juez a cargo del expediente emita una decisión favorable en 48 horas a favor de las pretensiones del organismo tributario.
Al mismo tiempo, se facultará a Rentas para retener camiones con mercaderías en infracción, pero se limitará su potestad a precintar el vehículo y a esperar la intervención de un magistrado. Uno de los puntos de mayor discusión entre legisladores y funcionarios es la creación de un Tribunal Fiscal independiente (la función es asumida ahora por el ministro de Economía), ante la cerrada negativa del Gobierno en este tema.
Imposición a citricultores
Otro punto de tensión es el cambio de la base de contribución para los grandes contribuyentes en el impuesto a los Ingresos Brutos. Actualmente es del 2,5% sobre la utilidad (diferencia entre el precio de costo y el de venta), mientras que a futuro se proyecta que se tribute efectivamente sobre los ingresos brutos de cada operación, aunque con una alícuota sensiblemente inferior: se analiza un valor entre el 0,5 y 1%. Los citricultores, en tanto, comenzarán a tributar sobre la actividad primaria alcanzada ahora por la alícuota cero.







