El ex gobernador Antonio Domingo Bussi recibió otra mala noticia de la Justicia. El juez civil de la Capital Federal, Daniel Alioto, falló a favor del escritor y periodista Tomás Eloy Martínez y desestimó una querella por daños y perjuicios que le había iniciado el ex mandatario, quien le había reclamado $ 100.000 como reparación moral.
El proceso se originó por un artículo publicado en mayo de 2004 en el diario "La Nación", en el cual el escritor relataba la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca, durante el Gobierno militar de 1977. En la nota, Martínez calificó de tirano a Bussi, lo que fue interpretado por el general retirado como una injuria. También se sintió afectado por otros términos usados en el texto (como "maniático de la limpieza" o "feroz exterminador de disidentes").
El ex gobernador añadió, para cuestionar al escritor, que al pie de una carta del senador Ricardo Bussi la redacción del matutino porteño anotó: "el autor ratifica todo lo que dijo en su comentario y agrega que su relato está apoyado en fuentes periodísticas confiables, incluida LA GACETA de Tucumán y el libro ?El dictador? de María Seoane y Vicente Muleiro, no desmentidos por el señor Bussi".
En los fundamentos del fallo, el magistrado priorizó el derecho a la libertad de información y de expresión por sobre el que preserva el honor de las personas que ejercen o han ejercido funciones públicas.
Alioto señaló: "las expresiones fueron formuladas por un periodista participando de la discusión pública en cuestiones que interesan a la convivencia social". El juez destacó el valor constitucional del más amplio debate posible respecto de cuestiones que involucran a ciertas personas, como garantía esencial del sistema republicano democrático, y la posibilidad de reclamar correcciones y aclaraciones en caso de errores en la información de hechos públicos.
Posible apelación
Bussi aún puede apelar la sentencia, que lo condenó a pagar casi $ 14.000 a los abogados de Martínez (el estudio Moner Sanz) y otros $ 9.000 a su hijo, Luis José Bussi, que lo representó en el pleito. Durante el juicio, el ex gobernador pretendió descargar la responsabilidad por el traslado de los mendigos en el jefe de policía de la provincia de Tucumán, Mario Albino Zimmermann, pero en el expediente Martínez demostró que Bussi no lo sumarió por este episodio, sino que lo nombró secretario de Planeamiento de Tucumán.
El proceso se originó por un artículo publicado en mayo de 2004 en el diario "La Nación", en el cual el escritor relataba la expulsión de mendigos tucumanos hacia Catamarca, durante el Gobierno militar de 1977. En la nota, Martínez calificó de tirano a Bussi, lo que fue interpretado por el general retirado como una injuria. También se sintió afectado por otros términos usados en el texto (como "maniático de la limpieza" o "feroz exterminador de disidentes").
El ex gobernador añadió, para cuestionar al escritor, que al pie de una carta del senador Ricardo Bussi la redacción del matutino porteño anotó: "el autor ratifica todo lo que dijo en su comentario y agrega que su relato está apoyado en fuentes periodísticas confiables, incluida LA GACETA de Tucumán y el libro ?El dictador? de María Seoane y Vicente Muleiro, no desmentidos por el señor Bussi".
En los fundamentos del fallo, el magistrado priorizó el derecho a la libertad de información y de expresión por sobre el que preserva el honor de las personas que ejercen o han ejercido funciones públicas.
Alioto señaló: "las expresiones fueron formuladas por un periodista participando de la discusión pública en cuestiones que interesan a la convivencia social". El juez destacó el valor constitucional del más amplio debate posible respecto de cuestiones que involucran a ciertas personas, como garantía esencial del sistema republicano democrático, y la posibilidad de reclamar correcciones y aclaraciones en caso de errores en la información de hechos públicos.
Posible apelación
Bussi aún puede apelar la sentencia, que lo condenó a pagar casi $ 14.000 a los abogados de Martínez (el estudio Moner Sanz) y otros $ 9.000 a su hijo, Luis José Bussi, que lo representó en el pleito. Durante el juicio, el ex gobernador pretendió descargar la responsabilidad por el traslado de los mendigos en el jefe de policía de la provincia de Tucumán, Mario Albino Zimmermann, pero en el expediente Martínez demostró que Bussi no lo sumarió por este episodio, sino que lo nombró secretario de Planeamiento de Tucumán.







