Tucumán pedirá financiamiento al BM para 20 proyectos de infraestructura

"A Tucumán le falta infraestructura para que crezca su economía y exporte". El reclamo que formuló el jueves la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Pamela Cox, redobló la apuesta del Gobierno en su intento para que el organismo otorgue un nuevo préstamo por U$S 100 millones. En ese contexto, el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, elaboró un trabajo que incluye 20 proyectos orientados a recrear las condiciones del sector productivo, modernizar al Estado y atender las demandas de los sectores más pobres de la provincia.
Sin embargo, el camino hacia el financiamiento externo está lleno de condicionamientos para el cumplimiento de metas, más que de ajustes fiscales, como sucedía en la década pasada. Antes de dejar Tucumán, el jueves último, Cox y el director del organismo para la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Axel van Totsenburg, dejaron en claro que nada se habló sobre préstamos directos con el gobernador José Alperovich.
En todo caso, supeditaron la ayuda a un aval de la Nación, que es la que define si una provincia está o no en condiciones de acceder a ese financiamiento del BM. "Los préstamos directos son más la excepción que la regla, pero dependen de la Nación, que es con la que trabajamos en forma directa", le dijo Van Totsenburg a LA GACETA.
El Banco Mundial no definirá la asistencia a provincias, hasta tanto se consolide la estrategia de financiamiento para la Argentina. El Gobierno nacional reclama U$S 3.100 millones para infraestructura y en ese programa se incluiría el pedido de Tucumán. Lo mismo sucede con el anunciado crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Norte Grande, que aún no avanza por la falta de proyectos ejecutivos.
De todas maneras, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, afirmó que esta semana viajará a Buenos Aires para reunirse con técnicos de la Secretaría de Política Económica, en cuya órbita se evalúan las asistencias internacionales. Jiménez recordó que el titular de esa área, Oscar Tangelson, le anticipó que no se pondrá reparos si la Provincia decide negociar la ayuda del BM.
La reciente visita de la misión del Banco Mundial alimentó las perspectivas del Gobierno frente a un préstamo a 15 años, con cinco de gracia. Este estado de ánimo oficial se asienta en la evaluación que hizo Cox sobre las necesidades de la provincia y sobre el uso de los fondos destinados al área social.

El Banco Mundial (BM) puso sus ojos en Tucumán en 1995 cuando, durante la gestión de Ramón Ortega, el entonces presidente del organismo, James Wolfenson, visitó la provincia. Desde ese momento, las misiones de evaluación del BM se hicieron periódicas, y fijan su lupa en el comportamiento fiscal del sector público provincial.
El préstamo que gestionó Ortega lo terminó utilizando su sucesor, Antonio Bussi, el 21 de enero de 1998, cuando, en Buenos Aires, se firmó el convenio subsidiario para el préstamo 4221-AR del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf) por U$S 100 millones. Ese acuerdo llevó también la rúbrica de Myrna Alexander, la ex directora del BM para la Argentina, y del ministro de Economía menemista, Roque Fernández.
Sin embargo, Bussi tuvo que esperar para recibir la totalidad de los fondos. La asistencia, destinada genéricamente para fortalecer la salud y la educación, terminó por convertirse en "de libre disponibilidad". Con ese oxígeno financiero del exterior, Bussi pudo abonar parte de los sueldos atrasados a los estatales.
Durante la administración de Julio Miranda aquella ayuda del Banco Mundial se constituyó en una pesada mochila para las finanzas. Por la devaluación del peso, el préstamo dolarizado triplicó su monto. Entre 2002 y 2003, la Nación tuvo que hacerse cargo del pago regular a los organismos internacionales de crédito (BM y BID), para que esos compromisos no cayeran en cesación de pagos (default).
Sin embargo, con el incipiente crecimiento de la economía -a fines de 2003-, la Nación diseñó un mecanismo de compensación de deudas con las provincias. A cambio de las cuotas del préstamo del BM, Tucumán tuvo que ceder parte de la coparticipación que le correspondía por el cobro de impuestos nacionales mediante títulos públicos.
Desde el Ministerio de Economía se afirma que, actualmente, Tucumán está al día con el Banco Mundial. Sin embargo, en el balance de las obligaciones a pagar, por parte del Estado, sigue figurando aquel crédito que tomó Bussi, en 1998, a 15 años de plazo, con cinco de gracia.
A noviembre de 2005, la Provincia registraba una deuda de $ 241 millones con el BM, sin contar los créditos sectoriales (los que distribuyó la Nación para obras o planes sociales). Según los cálculos oficiales, el viejo préstamo terminará de pagarse dentro de 12 años -en 2018-, a razón de $ 20 millones anuales.

Entre los proyectos que se propondrán al Banco Mundial para su financiamiento figuran distintas obras en la red caminera, impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad. La totalidad de las iniciativas (10) cuenta con proyectos ejecutivos -listos para iniciar-, aunque el Gobierno aclara que es necesario actualizarlos en función del valor de mercado para la obra.
Dos de las obras se vinculan con la construcción de la calzada norte de la ruta provincial 314. El objetivo es mejora la transitabilidad en los tramos entre esta ciudad y avenida Las Américas, y otra desde esa avenida hasta Tafí Viejo. Ambas requieren un año de ejecución.
El estado colapsado de la carpeta asfáltica de la ruta provincial 321, en los tramos que van desde la autopista de la ruta 38 hasta Los Bulacio y desde esa zona, pasando por El Bracho, hasta la ruta nacional 9, también figura en los planes oficiales.
Otras tres tareas de repavimentación se prevén para la ruta provincial 323 en los tramos Famaillá-Río Colorado; San Ramón-Santa Rosa de Leales y Santa Rosa de Leales-Agua Azul. Los trabajos proyectados demandarían entre seis y siete meses de ejecución.
También se incluye la repavimentación de la ruta 325 entre Monteros y Simoca.
Finalmente, la Dirección Provincial de Vialidad cuenta con proyectos para repavimentar la ruta 329 entre Concepción y Trinidad y Ciudacita hasta Monteagudo.

La mayor apuesta del Gobierno en su afán por contar con un préstamo directo del Banco Mundial radica en las obras de infraestructura básica.
El Gobierno estima que, para efectuar el desvío del Canal Nueva Esperanza (I Etapa) y el Canal de Corrimiento (II Etapa) requerirá U$S 30 millones. Con el primer proyecto se busca aumentar la capacidad de drenaje del sistema en el norte del Gran San Miguel de Tucumán; mientras que con el segundo se intentará desviar el cauce actual del arroyo Nueva Esperanza, que produce serios trastornos a Tafí Viejo, según el informe de la Dirección Provincial del Agua.
La Secretaría de Coordinación de Municipios prevé el uso de otros U$S 30 millones para financiar el sistema de recolección de líquidos cloacales en Las Talitas, en Alderetes y en la Banda del Río Salí. Los tres casos son anteproyectos que necesitan la evaluación del impacto ambiental.
La Dirección de Arquitectura y Urbanismo analiza la ejecución de trabajos para 10 puestos fronterizos interprovinciales. Según el Gobierno, estas obras solucionarían el problema de la escasa recaudación en los límites y el poco control de los productos que ingresan a Tucumán.
Finalmente, la DAU también cuenta con dos iniciativas para aumentar la superficie y acondicionar las dependencias en los hogares para mujeres del Instituto María Goretti y para el agromecánico de Tafí Viejo.

Uno de los proyectos más ambiciosos que contiene el plan de obras que se propondrá al Banco Mundial es la construcción de la Ciudad Judicial. De acuerdo con la iniciativa del Ministerio de Economía, su ejecución demandaría 18 meses.
En la presentación de la idea, la Unidad Ejecutora Provincial explica que al Poder Judicial le faltan espacios en diferentes juzgados, y que ese proyecto evitaría la dispersión de actividades.
El objetivo propuesto por el Gobierno es, por ende, aumentar la capacidad y la velocidad de las decisiones judiciales.
Para eso se necesita apoyo técnico para la elaboración del proyecto ejecutivo.

La constante modernización del Estado incluye el pedido de financiamiento para la incorporación de elementos de última tecnología para distintas áreas del Gobierno. En particular, para aquellas que tienen que ver con la recaudación (Rentas, Catastro y el Registro Inmobiliario).
Este proyecto contempla la solicitud de fondos para un plan denominado Gobierno Electrónico y para el fortalecimiento institucional, en particular, para afianzar el cobro de las tasas en los municipios.
La intención oficial apunta también a brindar una mayor transparencia de los actos de gobierno mediante la informática, tanto de uso interno como externo al Estado.