Toman forma los cambios a la Constitución de 1990

Todos los cargos electivos tendrán la posibilidad de la reelección. También está resuelto que la chance de continuar en el cargo será por dos períodos consecutivos. Pese a que aún hay resistencias dentro del oficialismo, se introducirá una norma transitoria en la que se asegurará que la cláusula entrará en vigencia desde el próximo mandato. Esto les permitiría al gobernador y al resto de las autoridades que hoy ocupan espacios por decisión popular, volver a presentarse como candidatos en 2007 y en 2011. No hay acuerdo todavía sobre la posibilidad de eliminar los límites para la reelección de los legisladores y concejales. La mayoría de la doctrina jurídica recomienda esta opción para asegurar que el sistema mantenga a quienes demuestran habilidad y experiencia para ejercer el rol de sancionar normas. Pero no habría voluntad política para establecer prerrogativas diferentes para los poderes políticos del Estado.

El Poder Legislativo seguirá siendo unicameral. La cantidad de bancas se ampliará para contener los espacios que perdieron las secciones Este y Capital en 2005, a partir de un planteo para adecuar la distribución de escaños con los datos del último censo de población. No está resuelto cuántos legisladores más tendrá la Cámara, pero no superarían los 50. No está decidido qué sistema se establecerá para redistribuir las bancas en el futuro. Las opiniones están divididas entre quienes quieren tomar como base los censos obligatorios que se realizan cada 10 años y aquellos que consideran que el reparto debe tomar en cuenta el padrón disponible para cada votación. La autarquía de la Legislatura será reconocida en la Carta Magna, pero no habrá definiciones sobre el presupuesto anual. Pese a que algunos convencionales oficialistas, quienes también son legisladores, quieren imponer porcentajes fijos de distribución de los recursos la alternativa no sería considerada por el cuerpo. En caso contrario, admitieron varias de las fuentes consultadas, sólo se fijarían límites a los gastos y no para ampliar el flujo de recursos disponibles. Otra de las novedades para el Poder Legislativo será la ampliación del período ordinario de sesiones entre marzo y diciembre de cada año. En la actualidad, la Cámara tiene la actividad dividida en dos períodos, con un receso obligatorio a mitad de año.

Se eliminará la potestad de arresto de la Legislatura ante desacatos a su autoridad. También se modificará las prerrogativa de los fueros parlamentarios, para permitir que cualquier legislador pueda ser citado a indagatoria judicial sin necesidad de un desafuero previo. Este principio, que rige en la Nación, sólo preservará a los parlamentarios de eventuales arrestos o imputaciones de delitos.

El capítulo de las atribuciones del Poder Ejecutivo recibirá algunas modificaciones sustanciales. La nueva Constitución reconocerá la posibilidad de realizar vetos parciales a las leyes sancionadas por la Legislatura. El principio está reconocido en el ámbito nacional desde la reforma de 1994. En esa misma línea, también se reconocerán los decretos de necesidad y urgencia del gobernador. Algunas voces sugieren dar rango constitucional a la ley por la que se dispone que los DNU quedan vigentes por el paso del tiempo y el silencio de la Legislatura. Otra novedad que se introducirá en el capítulo del PE está referida a los ministros. Los convencionales eliminarán el tope de cinco que le fija al gobernador la actual Carta Magna. En principio, se dejaría librado a una ley posterior la determinación de cuántos colaboradores directos puede nombrar el jefe del Ejecutivo. Se dispondrá taxativamente que la Ley de Ministerios sólo podrá ser sancionada, modificada o derogada a propuesta del gobernador.

La nueva Constitución fijará que la designación de los camaristas, jueces y funcionarios judiciales estará a cargo de un Consejo de la Magistratura (CM). Ese órgano será complementario del Jury de Enjuiciamiento, que tendrá el rol de acusar, juzgar y sancionar a los integrantes del Poder Judicial, con excepción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los poderes políticos tendrán preeminencia en la integración de estos nuevos institutos constitucionales. En el CM, el Poder Ejecutivo tendrá mayoría, y en el Jury serán los legisladores quienes impondrá su número. La decisión se justificará en la necesidad de garantizar margen de decisión para los poderes políticos que limitan facultades que le son propias. No está resuelto si en el texto constitucional se establecerá taxativamente como estarán integrados ambas instituciones y si se asegurará representación permanente a las universidades y a los colegios de profesionales, como ocurre en la Nación. Algunas opiniones en el oficialismo sostienen que eso debería quedar librado a una ley reglamentaria posterior. Tampoco hay acuerdo sobre el carácter que tendrá los dictámenes del CM cuando propongan la designación de un magistrado. Las opiniones están divididas entre quienes quieren que sea vinculante sobre la base de un terna y aquellos que proponen considerarlos sólo sugerencias para el gobernador que es el funcionario, en definitiva, debe a quién designa. La selección de quienes integren el Poder Judicial en las instancias inferiores se realizarán por concurso, aunque tampoco se detallaría en la Carta Magna cuáles serían las características de esa prueba. La materia también quedaría reservada para una reglamentación posterior.

Entre los cambios que se introducirán en la Carta Magna, se destaca el sistema de enmiendas para realizar cambios parciales. Por un parte, se preservará el actual sistema que impone la sanción de una ley que declare la necesidad de la reforma y que fije los puntos a reformar. Pero, también se habilitará la posibilidad de cambiar artículos constitucionales mediante resoluciones de la Legislatura, las que luego deberán ser ratificadas por el voto directo de los ciudadanos en una consulta popular. Ese mecanismo es aplicado por otras provincias y en Tucumán se tomaría como base el modelo mendocino. No trascendió si se pondrá algún límite temático a las reformas por enmiendas, pero podrían excluirse cuestiones vinculadas a las potestades de los poderes.

El Tribunal de Cuentas adquirirá rango constitucional. La institución integraría un capítulo nuevo de la Ley Fundamental de Tucumán, vinculado con el control de la administración. La norma reconocerá las potestades del TC para ejercer el monitoreo externo de los poderes del Estado. Se especificaría expresamente su rol en el control preventivo y posterior de los actos públicos y la inamovilidad de los miembros que componen el organismo. No está definido si en la Constitución se fijarán pautas para la cobertura de las vocalías, aunque quedaría expresado que la potestad de designarlos corresponde al gobernador con acuerdo de la Legislatura. Se receptarán principios fijados por la Ley de Administración Financiera. La figura del Defensor del Pueblo de Tucumán quedará incorporada la Constitución. La institución seguirá bajo la órbita de la Legislatura, y se le reconocerá al funcionario que ejerza el cargo legitimidad procesal para impulsar amparos colectivos y acciones de clase.

El artículo 123 de la Constitución nacional, tras la reforma de 1994, habilitó a cada provincia a fijar su propia Carta Magna, y dispuso que debían garantizar la autonomía municipal. El concepto tiene un alcance político, institucional. administrativo, financiero y económico. Está resuelto que el principio sea incorporado taxativamente a la Constitución tucumana, aunque no hay acuerdo sobre la forma en el que la norma quedará redactada y cuales serán sus límites. Las alternativas que se barajan en el oficialismo son de lo más variadas. Las más amplias prevén habilitar a los municipios la potestad de dictar sus propias cartas orgánicas. En una posición intermedia hay quienes están a favor de fijar marcos para ese cometido, y entre los más duros hay quienes buscan imponer pautas rígidas sobre las que deberían organizarse las municipalidades. No se fijará en la Carta Magna cuántos serán los municipios, pero sí podrían fijarse principios que luego deberían ser reglamentados por un ley específica. Por ejemplo, las características territoriales y de población que deberían reunir para poder ser declarados como tales. El tema motivará uno de los debates más fuertes de la Asamblea, la que está integrada por al menos 21 convencionales con intereses directos en la cuestión -intendentes, ex intendentes, ediles y esposas de jefes municipales-.

Un tema clave en el debate de la autonomía municipal será la cuestión de los recursos. En el oficialismo hay quienes impulsan que se incorpore en la Constitución el sistema de coparticipación de determinados tributos provinciales -Ingresos Brutos- e incluso proponen avanzar hacia un régimen de coparticipación invertida. Este transformaría los municipios en entes responsables de la recaudación de determinados tributos, los que luego serían coparticipada el Gobierno provincial. En Córdoba se aplica un sistema de estas características. En la Constitución de 1907, los municipios tenían potestades en materia de recaudación las que fueron eliminados en la reforma de 1990.

La única modificación al sistema electoral que está en estudio es la implementación del voto por departamento para los legisladores. La posibilidad seduce a algunos constituyentes, pero el Poder Ejecutivo no estaría de acuerdo en avanzar en esa línea por la posibilidad de que habilite algunos planteos judiciales en contra de la reforma. Las dudas surgen partir de que la ley que habilitó la enmienda excluyó del debate a la división del territorio en tres secciones electorales. La norma también habilitó la incorporación el texto constitucional del voto electrónico, pero esta opción no sería tomada en cuenta. Se aducen los inconvenientes que podría generar, por el carácter pétreo de la Ley Fundamental, dejar establecido una opción de sufragio que podría ser superada o descartada en el corto plazo, por otras tecnologías.

La nueva Constitución receptará algunas figuras vinculadas a las garantías de los derechos de las personas. En particular, quedarán incorporados al texto el hábeas data, acción destinada a conocer datos que personas que consten en entidades públicas o privadas; y el hábeas corpus, acción que tutela la libertad física, corporal o de locomoción. Un solo punto podría generar polémica en el debate de esta cuestión. En el Gobierno estudian la creación de un Tribunal Especial de Garantías, el que estaría limitado a atender planteos vinculados con violaciones a principios constitucionales. La posibilidad es resistida por algunos especialistas, quienes advierten que podría generarse una suerte de nuevo Tribunal Constitucional. Para evitar polémicas, se estudia postergar la discusión a una posterior reforma de la Ley Orgánica de Tribunales en la que se habilitaría un nuevo fuero procesal y judicial.

En el capítulo vinculado a las facultades del Poder Ejecutivo se incluirá una cláusula en el que se le impondrá la obligación de garantizar al menos 10 años de educación a todos los ciudadanos. No habrá referencias al nivel educativo, porque la posibilidad de mencionar un piso en el EGB o en el Polimodal podría atar a la provincia a compromisos que hoy no pueden ser garantizados por las finanzas del Estado. En materia de Salud sí se avanzará con el reconocimiento del principio de gratuidad absoluta e integralidad de las prestaciones del sistema.