Cano afirmó que presentará más datos incriminatorios

El legislador radical José Cano no baja los brazos en su afán porque siga adelante una investigación penal contra el interventor del Instituto de Previsión, Mario Koltan. Ayer se presentó ante el fiscal X de Instrucción, Guillermo Herrera, y le anticipó que el lunes aportará nueva documentación, que respalda su denuncia relacionada con el pago de sobreprecios a la Asociación de Clínicas y Sanatorios por la provisión de medicamentos a los afiliados a la obra social estatal (Subsidio de Salud).
A la causa, hoy caratulada incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación en perjuicio del Estado, la inició el propio Cano. En agosto de 2004, cuando Pedro Gallo todavía era el fiscal (anticorrupción) con asignación exclusiva para investigar los delitos contra el Estado, el radical había requerido que Koltan fuera investigado por el contrato celebrado entre el IP y la entidad para que las clínicas asociadas a esta institución proveyeran de medicamentos a los afiliados al Subsidio de Salud durante una internación médica.
El legislador había asegurado que la Asociación de Clínicas y Sanatorios facturaba al IP precios de medicamentos superiores a los que regían en el mercado local. También había denunciado que, antes del convenio, la facturación de la asociación ascendía a los $ 600.000, y luego trepó a más de $ 900.000 y a $ 1,1 millón. En diciembre, la causa pasó a manos de Herrera, que citó a declarar como imputado a Koltan. Este lo hizo el 1 del corriente, ocasión en la que desmintió los hechos que se le imputan y se negó a declarar .

Frondosa legislación
“La Ley nacional 17.565 es contundente. Establece que la preparación de recetas, despacho y venta al público de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas en todo el territorio nacional sólo puede ser efectuada por las farmacias”, afirmó el parlamentario a LA GACETA.
También citó una resolución complementaria de la Secretaría de Política y Regulación de la Salud de la Nación, según la cual, para funcionar, la farmacias deben requerir la autorización previa de la autoridad sanitaria correspondiente. “A ello hay que sumar que en Tucumán, la Ley 5.483, advierte que la venta y despacho al público por medio de establecimientos que no fueran los autorizados por la ley, se considera ejercicio ilegal de la profesión de farmacéutico”, dijo.
El legislador, tras haber elogiado la marcha de la investigación desde que el expediente pasó a manos de Herrera, volvió a criticar a Koltan. “No obstante haber tenido conocimiento de aquellas prohibiciones, acordó que la Asociación proveyera los medicamentos y por valores superiores a los que existen en el mercado, en perjuicio de los afiliados y del subsidio”, afirmó.
Como lo hizo en ocasiones anteriores, LA GACETA intentó comunicarse con Koltan, pero este no respondió los llamados.