Según especialistas, es peligrosa la reforma fiscal que impulsa el PE

El paso del tiempo no logra sosegar la resistencia al proyecto oficial de reforma fiscal. Una vez más, entidades empresarias y colegios de profesionales dieron muestras de unidad en su intento por frenar la sanción de los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo al Código Tributario.
Durante la última semana de febrero, la Federación Económica de Tucumán (FET) albergó a comerciantes y a dirigentes políticos de la oposición, que masivamente rechazaron la iniciativa impulsada por el gobernador José Alperovich. Esta vez, las críticas resonaron en el anfiteatro del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, ante la presencia de especialistas, de referentes de los factores económicos de la provincia y de autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Fuerza Republicana (FR).
"Esta lucha tiene una breve historia de 90 días. Lamentablemente, transitamos en ese tiempo por una situación poco querida. Somos contadores; pero en la discusión en la que estamos envueltos existen razones políticas que pesan más que las técnicas", disparó el presidente de la institución que ofició de anfitriona en el encuentro del miércoles, Ramón Vicente Nicastro, en su discurso de apertura de la jornada de disertación sobre la reforma tributaria, a cargo de Giselle Courtade de Benito, Luis Comba y Ricardo Nassif.
Los exponentes coincidieron al señalar que la modificación del digesto fiscal propuesta por el Gobierno representa una copia del modelo impuesto a nivel nacional. Argumentaron que, de sancionar la Legislatura los cambios exigidos, los contribuyentes tucumanos quedarán indefensos ante una mayor presión fiscal por parte del Estado.
"Como institución adoptamos una posición firme. Tenemos la esperanza de que eso nos permita obtener un Código menos malo que el que actualmente tenemos. Queremos una normativa fiscal ágil, duradera; no un parche más ni una mala copia", aseveró Nicastro. Nassif, en tanto, catalogó al proyecto del PE de una "copia tuerta" de medidas nacionales. "Incorpora todo lo que perjudica al contribuyente, pero no lo que lo beneficia", ironizó.
El titular del colegio que nuclea a los contadores inclusive alertó sobre las consecuencias de las modificaciones impulsadas desde la Casa de Gobierno. "Pongo como ejemplo una multa que me llegó por un auto que fue transferido en 1996. O lo que ocurrió recientemente con el parque Guillermina: la Dirección de Rentas inició un juicio de ejecución fiscal a un particular. Frente a esta realidad, cualquier Código que se sancione es peligroso", dijo.
"Hay cuatro pilares clave de rechazo a la iniciativa del Gobierno", acotó Comba. El contador cuestionó el aumento de las facultades de las que gozará el director de Rentas; el incremento de las sanciones por incumplimiento a los contribuyentes; la mayor presión fiscal y la escasa baja de las garantías de defensa con las que contarán los administrados. "No es malo que Rentas disponga de más facultades, pero tampoco sería malo que el contribuyente sepa cómo defenderse. Hay que equilibrar las fuerzas. Existe, además, un avance innegable de un funcionario público sobre atribuciones propias del Poder Judicial, lo cual es claramente inconstitucional. Es peligroso dar este tipo de facultades a un organismo (por Rentas) que no tiene una estructura aceitada", remarcó.
Courtade de Benito, finalmente, objetó que quede bajo arbitrio del director de Rentas el establecimiento de los montos para las sanciones por incumplimiento.