09 Marzo 2006 Seguir en 
El secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, sugirió que debe ser iniciada una nueva causa contra el ex gobernador Antonio Bussi en la Justicia Federal. El funcionario calificó de "crimen patrimonial de naturaleza imprescriptible" la apropiación de un terreno sufrida por Magdalena Argentina Bertelli de Nobile, en 1976, para que en allí fuera construida la Municipalidad de Graneros. La hija de la mujer, Adina Nobile de Villamil García, reclama al Gobierno de la provincia una indemnización de $ 200.000.
"Corresponde una querella penal por crimen de lesa humanidad, usurpación de tierras y abuso de autoridad en contra del interventor militar, Bussi, quien en realidad debería abonar de su propio peculio la suma que ahora se reclama a las autoridades de la recuperada Constitución nacional", sostiene el funcionario en un expediente administrativo.
Las actuaciones fueron iniciadas a partir de la presentación que Nobile de Villamil García, con el patrocinio del abogado Horacio Bliss, inició a fin de solicitar la indemnización por apropiación concretada mediante la fuerza.
"En 1976, sin consulta ni pago de indemnización alguna, el Gobierno de la provincia se apropió de dicho inmueble (de 17 metros por 120 metros de fondo) para construir la sede municipal, construcción que subsiste hasta hoy y donde funciona el edificio con todas las dependencias, como es de público y notorio conocimiento", afirmó la mujer.
Previamente, y en el marco del juicio sucesorio de su madre, el 8 de noviembre de 2005, el juez en Familia y Sucesiones de la III Nominación, Carlos Torino, había autorizado a Nobile de Villamil García para que, en nombre y representación de la sucesión, gestionara ante el Estado el pago de la indemnización por apropiación y que luego depositara los fondos a nombre del Juzgado.
El 20 de febrero, cuando suspendió el traslado del ex gobernador Antonio Bussi a la provincia, el juez federal Jorge Parache solicitó a la Cámara Federal que autorice el viaje del médico forense de ese cuerpo, Raúl Asial, a la Capital Federal para que examine al militar (r). Quería que se determinara si Bussi está en condiciones de regresar a Tucumán y declarar en las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos en las que está imputado. No obstante, el facultativo aún no recibió la orden de dirigirse a Buenos Aires, porque previamente el juez debe resolver dos planteos que persiguen fines diferentes.
El abogado de Bussi, Horacio Conesa Mones Ruiz, apeló la resolución mediante la cual Parache ordenó que el ex mandatario sea internado en el Hospital Militar y pidió que se le permita cumplir el arresto domiciliario en la casa de una de sus hijas. POr otra parte, el fiscal federal Emilio Ferrer había requerido que Bussi sea internado en un hospital público.
"Corresponde una querella penal por crimen de lesa humanidad, usurpación de tierras y abuso de autoridad en contra del interventor militar, Bussi, quien en realidad debería abonar de su propio peculio la suma que ahora se reclama a las autoridades de la recuperada Constitución nacional", sostiene el funcionario en un expediente administrativo.
Las actuaciones fueron iniciadas a partir de la presentación que Nobile de Villamil García, con el patrocinio del abogado Horacio Bliss, inició a fin de solicitar la indemnización por apropiación concretada mediante la fuerza.
"En 1976, sin consulta ni pago de indemnización alguna, el Gobierno de la provincia se apropió de dicho inmueble (de 17 metros por 120 metros de fondo) para construir la sede municipal, construcción que subsiste hasta hoy y donde funciona el edificio con todas las dependencias, como es de público y notorio conocimiento", afirmó la mujer.
Previamente, y en el marco del juicio sucesorio de su madre, el 8 de noviembre de 2005, el juez en Familia y Sucesiones de la III Nominación, Carlos Torino, había autorizado a Nobile de Villamil García para que, en nombre y representación de la sucesión, gestionara ante el Estado el pago de la indemnización por apropiación y que luego depositara los fondos a nombre del Juzgado.
Un médico aún no viajó para revisar al ex titular de FR
El 20 de febrero, cuando suspendió el traslado del ex gobernador Antonio Bussi a la provincia, el juez federal Jorge Parache solicitó a la Cámara Federal que autorice el viaje del médico forense de ese cuerpo, Raúl Asial, a la Capital Federal para que examine al militar (r). Quería que se determinara si Bussi está en condiciones de regresar a Tucumán y declarar en las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos en las que está imputado. No obstante, el facultativo aún no recibió la orden de dirigirse a Buenos Aires, porque previamente el juez debe resolver dos planteos que persiguen fines diferentes.
El abogado de Bussi, Horacio Conesa Mones Ruiz, apeló la resolución mediante la cual Parache ordenó que el ex mandatario sea internado en el Hospital Militar y pidió que se le permita cumplir el arresto domiciliario en la casa de una de sus hijas. POr otra parte, el fiscal federal Emilio Ferrer había requerido que Bussi sea internado en un hospital público.
Lo más popular
Ranking notas premium
