Freidenberg solicitó a la Corte que la reponga en su cargo de camarista

La ex camarista penal Alicia Freidenberg está dispuesta a dar pelea. Ayer, pasado el mediodía, dedujo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una acción de amparo en el afán de que sea restituida en el cargo, por considerar que la Legislatura la destituyó de forma arbitraria e ilegal el 13 de enero.
"Mi destitución fue dispuesta en un procedimiento infectado en su forma y su sustancia", aseveró la abogada en un voluminoso escrito, de cerca de 100 fojas, que cuenta con el patrocinio de los letrados Julio Rougés y José Agustín Ferrari.
La ex vocal de la sala VI de la Cámara Penal cuestionó el juicio político que la Legislatura llevó en su contra. "Mediante un proceso inválido fue violada la garantía de la inamovilidad de los magistrados, reconocida por el artículo 98 de la Constitución Provincial. El caso tiene extrema gravedad institucional no sólo por la vulneración de mis derechos, sino por el flagrante avasallamiento de la independencia del Poder Judicial que entraña el destituir a un juez por las decisiones adoptadas en ejercicio de su jurisdicción", advirtió.
Por medio de la acción de amparo deducida contra el Estado provincial, la ex jueza planteó la inconstitucionalidad -entre otras normas- del artículo 26 de la Ley 6.374, que dispone que las decisiones que adopten la comisión de Juicio Político y el Tribunal de la Legislatura son irrecurribles.

Contra la omnipotencia
Freidenberg fue contundente. "Negar la posibilidad de que sean revisadas judicialmente las decisiones, de índole materialmente jurisdiccional de la comisión de Juicio Político -durante la etapa instructoria y a la hora de decidir acusar-, así como la del Tribunal de la Legislatura, es consagrar la omnipotencia del Poder Legislativo", subrayó.
La abogada destacó que si las resoluciones de la Legislatura no pueden ser revisadas se vulnera el principio de la división de poderes. "La idea de la no justiciabilidad de las decisiones recaídas en un juicio político, a la que adscriben la Ley 6.374 y el Código Procesal Constitucional, responde a una concepción ya superada por la evolución del Derecho Constitucional y por los Tratados de Derechos Humanos que lo integran", señaló.
El juicio político contra Freidenberg tuvo como telón de fondo la fuga, en agosto de 2005, de Alberto Tolosa, quien había sido condenado a prisión perpetua por el asesinato del remisero Luis Cisterna. Tolosa fue capturado por la Policía el 11 de febrero.