El ex subjefe de Policía de Tucumán durante la última dictadura militar, Roberto “El tuerto” Albornoz, debe presentarse hoy nuevamente en los tribunales federales, donde deberá declarar por estar vinculado a la desaparición de Graciela Bustamente de Argañaraz, ocurrida en la década del 70.
Albornoz declaró la semana pasada ante el juez federal Jorge Parache por otra desaparición, en este caso la del médico Carlos Román Apaza, registrada en 1977. En esa oportunidad, negó todas las imputaciones y también se produjeron incidentes con familiares de desaparecidos, en la vereda de los tribunales.
Malestar
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales, políticos y estudiantiles manifestaron su preocupación por la suspensión del traslado de Antonio Bussi a la provincia, a fin de ser sometido a las indagatorias en una docena de causas vinculadas a la desaparición de personas en la década del 70.
Bussi debía declarar ante el juez federal Jorge Parache el pasado martes, por el secuestro del médico Carlos Román Apaza. Pero el día anterior, el magistrado dispuso la internación del ex gobernador en el Hospital Militar, debido a problemas de salud, y la realización de permanentes controles clínicos para analizar la evolución de sus patologías.
“En un estado de derecho, las personas imputadas deben ser juzgadas en el lugar en el que cometieron los delitos, sea cual fuere su rango o jerarquía, e independientemente de la institución a la cual pertenezca”, sostuvo Ana Ramos, que estaba con Atilio Castagnaro, Sara Mrad, Josefina Molina, Estela Asaf y René Ahualli. “No queremos en la Argentina un segundo Augusto Pinochet”, agregó.
Albornoz declaró la semana pasada ante el juez federal Jorge Parache por otra desaparición, en este caso la del médico Carlos Román Apaza, registrada en 1977. En esa oportunidad, negó todas las imputaciones y también se produjeron incidentes con familiares de desaparecidos, en la vereda de los tribunales.
Malestar
Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos humanos, sociales, políticos y estudiantiles manifestaron su preocupación por la suspensión del traslado de Antonio Bussi a la provincia, a fin de ser sometido a las indagatorias en una docena de causas vinculadas a la desaparición de personas en la década del 70.
Bussi debía declarar ante el juez federal Jorge Parache el pasado martes, por el secuestro del médico Carlos Román Apaza. Pero el día anterior, el magistrado dispuso la internación del ex gobernador en el Hospital Militar, debido a problemas de salud, y la realización de permanentes controles clínicos para analizar la evolución de sus patologías.
“En un estado de derecho, las personas imputadas deben ser juzgadas en el lugar en el que cometieron los delitos, sea cual fuere su rango o jerarquía, e independientemente de la institución a la cual pertenezca”, sostuvo Ana Ramos, que estaba con Atilio Castagnaro, Sara Mrad, Josefina Molina, Estela Asaf y René Ahualli. “No queremos en la Argentina un segundo Augusto Pinochet”, agregó.







