Proceso que no se originó en un reclamo social

Las constituciones se incorporan al ideal democrático como una forma de perfeccionarlo y de complementarlo. En nuestros días ya no solamente hablamos de democracias, sino de democracias constitucionales. Esto implica que el poder de los gobernantes, legitimado en la elección popular, está limitado por una carta fundacional que determina la forma en que ejercerán el Gobierno.
A través del diseño institucional del poder y el establecimiento de derechos ciudadanos fundamentales, las constituciones son un límite a los gobernantes, que, aun siendo democráticamente elegidos, tienen sus manos atadas en ciertos asuntos.
Una Constitución busca que determinados temas, derechos e instituciones sean excluidos permanentemente de la discusión política.

Excepcionales
Los procesos de reforma constitucional deberían ser más que excepcionales y originarse en un reclamo de la sociedad, consistente en la reformulación de los límites que ella misma les impone a sus gobernantes. La función de la clase dirigente es de vital importancia, porque debe advertir ese reclamo y activar los mecanismos legales adecuados para que se encuentre una solución al planteo de la sociedad.
En Tucumán, la idea de Constitución como limitación a un accionar no pareciera primar, pese a que ese concepto cobra mayor sentido en cuanto la vida política e institucional se caracteriza por la subordinación de todos los sectores a la voluntad del oficialismo. En los tres poderes del Estado, en las municipalidades y en las comunas, se advierte una amplia mayoría dirigencial que responde a los preceptos del Partido Justicialista, por lo menos desde el plano de lo discursivo.
Asistimos a un proceso de reforma constitucional que no se originó en un reclamo de la sociedad, sino que más bien responde a las necesidades de la clase dirigente del momento. Hubo pocos aportes de las organizaciones de la sociedad civil hasta ahora (sólo acercaron posiciones las comunidades indígenas), a lo que se suma la abstención de un vasto sector de los partidos de la oposición.  
El concepto de una Constitución que limite el poder también se desdibuja cuando se advierte, tristemente, que la mayoría de los convencionales constituyentes electos son actuales funcionarios públicos que llegaron a su cargos gracias a la dinámica partidaria.  Esta situación se da aun cuando la salud de nuestro sistema institucional requiere que no sean aquellos que gobiernan quienes creen o reformulen las normas fundamentales que los debería regular.

Poco saludable
A todas luces, un proceso con estos vicios democráticos resulta poco saludable para la vida institucional local. Podríamos decir que, más allá del trabajo que realice la futura Convención, la reforma se encuentra dañada; pero podría recuperar cierta legitimidad si la sociedad se hace cargo de los vicios y buscar influir en la redacción de la nueva Carta Magna.
Confiando en que existe un pleno espíritu democrático en quienes fueron elegidos convencionales constituyentes, ellos deberán diseñar el reglamento de la futura Convención previendo los mecanismos aptos para la participación de la sociedad en el debate.