La democracia y los conflictos

Un encuentro breve, un pequeño paso. No debería tomarse una reunión entre legisladores y miembros de las comunidades empresaria y profesionales como un episodio extraordinario; la búsqueda del acuerdo y de los consensos son cuestiones importantes en las democracias. En Tucumán -también en la Argentina-, en cambio, no es un activo que se encuentre en cualquier balance de los hechos políticos. En estos más de 20 años de democracia sus principales protagonistas parecen haberse esmerado más bien por generar actitudes poco republicanas, muchas veces soberbias, generalmente pretensiosas. Extraño... Como si no tuviera valor (¿o es que no importa ahora?) la construcción de la cultura del diálogo y de las formas fundamentales de la política.
El debate de los últimos meses y de estos días oscila en esos torpes parámetros en nuestra provincia. Ha sobresalido el deseo de la imposición por encima del esfuerzo de la conciliación, y atisbos cada vez más fuertes de intolerancia ganan peligrosos terrenos, amparados en la noble justificación del apoyo popular. Nunca deberían estar en entredicho la voz y el rumbo que las mayorías eligen en plenitud democrática, aun cuando algunas deserciones quieran mostrar otro aspecto. De lo que se trata, en verdad, es de la calidad de la gestión del gobierno y de las instituciones; de la visión amplia y hábil de los funcionarios y de los actores que dan sustento a la gobernabilidad; de la rotunda demostración técnica de sus propuestas; de la voluntad y de la madurez para sumar y construir proyectos, esperanzas.
Alain Touraine, el reconocidísimo sociólogo francés y estudioso de la realidad argentina, nos ha golpeado en la línea de flotación durante su reciente visita al país. “Una baja institucionalización; la pobre capacidad administrativa y de gestión estatal, y una débil gobernabilidad son los rasgos más visibles de la democracia argentina”, ha planteado para que todos podamos analizar, y, acaso tomar nota.
El escenario aquí marca trazos más gruesos sobre el rumbo de las cosas. A aquella reunión en la Cámara se llegó luego de presagios de crisis en el amplio bloque del oficialismo. El internismo inacabable se coló en lo que debió ser un razonable espacio para escuchar. Dirigentes empresarios y profesionales llegaron afligidos para plantear sus diferencias con el proyecto de reforma del Código Tributario que envió el Poder Ejecutivo, después de dos meses de espera. Desde el Gobierno anticiparon machaconamente que ese digesto debería aprobarse prácticamente a libro cerrado; voces parlamentarias se mostraron casi cerriles con cualquier atisbos de cambio; en el Ejecutivo maltrataron luego la más mínima búsqueda de entendimiento.
Habría que decir que un proyecto de esta naturaleza y profundidad, acaso comparable con la reforma en marcha de la Constitución de la provincia, no debería concretarse sin la participación, el respaldo o la incumbencia de sectores amplios de la sociedad, sin que pierda importancia y vigor la iniciativa.

Como un milagro
Aunque se pareció más al uso de tácticas para llevar aguas hacia algún molino, el procedimiento para el debate se abrió casi milagrosamente en el ámbito de la Legislatura. Arrancó ante la necesidad de dar alguna contención al masivo reclamo que tomó fuerza en la asamblea que llenó el auditorio de la Federación Económica de Tucumán (FET) y ante la evidencia de que el Ejecutivo no busca el contacto con estos sectores. Dirigentes de las principales centrales empresarias y de los colegios profesionales, junto a sus técnicos, acordaron pautas mínimas con los representantes legislativos. Abrieron una puerta para hablar; convinieron en que el martes continuará esa charla. Como si hubieran recorrido una larga marcha épica, después de esos minutos, los dirigentes de la comunidad empresaria y profesional sintieron que habían avanzado bastante. Enseguida, el bloque y el ministro de Economía sinceraron sus posiciones. Acordaron detalles que estaban para ser modificados y dejaron abierta la chance de cambiar algunos de los artículos que más ampollas levantaron. Este es el punto: ¿cuáles artículos? ¿Y por qué no incluir los que reclaman los principales protagonistas de la economía? Las explicaciones son diversas: “Hay mucho desconocimiento y cosas opinables, de doctrina, en el proyecto de reforma del código, pero en gran medida lo que ellos quieren es que no haya control y eso no puede ser”, dicen desde el Gobierno.
“Esta instancia que se abrió con la Legislatura es buena y valorable, pero hemos insistido en que hay puntos del Código que envió el Gobierno que violan la propia Constitución, y lo que queremos es que prospere la razón y no la fuerza de los votos”, dicen los referentes de las actividades. Los legisladores cavilan. Muchos consideran que una orden del gobernador debe cumplirse para ratificar su conducción; otros se animan a tener tolerancia al reclamo. “Si demostramos que en el proyecto hay excesos se puede cambiar; ahora con el diálogo abierto hay mejor clima”, admitió un legislador del oficialismo.
El Código Tributario busca establecer nuevas reglas jurídicas entre el Fisco y los contribuyentes y la Provincia tambien trata de ponerse a tono con una movida nacional en esta materia. Pero según fuentes consultadas también pretende aumentar las facultades de la Dirección General de Rentas, incrementar sanciones y reducir las posibilidades de defensa de los contribuyentes y, claro, sumar una mayor presión fiscal. Entre las atribuciones que se impulsan para Rentas; los capítulos sobre el embargo preventivo por deuda presunta y la facultad para dictar la inhibición general de bienes; el de las presunciones para determinar de oficio la deuda tributaria; las nuevas causales de clausuras y, entre otros, los efectos del silencio del contribuyente, son los artículos que más rechazo generan.
Constituido en una suerte de campo de batalla en el que muchos comienzan a buscar una mejor posición para su futuro, el debate por el nuevo instituto devolvió el protagonismo a la Legislatura. Aun cuando el final está abierto (empresarios y profesionales no descartan ir a protestas mayores ante un eventual cambio de las perspectivas), hay quienes advierten que frente a la eliminación del Senado provincial se perdió un órgano de contrapeso para evaluar las urgencias del PE. Al margen de los juegos artificiales y de las inquinas que siempre habrá, también se evidencia que los pasos que es necesario dar en una democracia y la capacidad para la resolución de conflictos son cualidades que aún deben recorrer un camino aquí. La generosidad, la grandeza y la sensatez son atributos que surgen de la amplitud de las conductas, de la madurez y del aprendizaje de la política como cultura; también de la capacidad de autocrítica.