Sistema kafkiano

El Código Tributario que hoy rige en Tucumán fue fruto del ordenamiento realizado en 1979 por medio de la Ley 5.121, publicada el 18 de diciembre de ese año. Desde entonces, se produjeron numerosas enmiendas que afectaron sustancialmente su consistencia interna, tanto en lo relativo a aspectos procesales como a los distintos gravámenes regulados en la parte especial.
Este proceder se inscribe dentro de la política adoptada por la Nación y las restantes jurisdicciones que, motivadas fundamentalmente por necesidades financieras, desplegaron en los últimos años una significativa actividad reformadora tendiente a dotar a las administraciones tributarias de herramientas más ágiles y útiles a los fines recaudatorios. Los gobiernos priorizaron estos últimos en desmedro del respeto al basamento constitucional de la división de poderes, y de los principios y garantías consagrados en la Carta Magna, sin reparar en los altos costos que dicho sacrificio significaría para el Estado y la comunidad. La voracidad fiscal contribuyó a generar un sistema tributario kafkiano, que desincentiva el cumplimiento voluntario, provoca una preocupante inseguridad jurídica y desalienta las inversiones productivas.
Un reciente fallo de la Cámara Federal de Córdoba ilustra los esfuerzos realizados por la Justicia para volver las aguas a su cauce. En una sentencia dictada el 29 de diciembre de 2005, el tribunal, nada menos que en el limitado marco de un juicio de ejecución, admitió la excepción de inconstitucionalidad al expresar: “…el organismo fiscal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional no puede ejercer poderes y atribuciones que le están prohibidas por la Constitución a dicho Poder Ejecutivo, ello conforme con lo dispuesto en el artículo 109, por lo que la violación del principio de la división de poderes deviene palmaria... de admitirse el procedimiento en cuestión, no sólo se le impide al justiciable el acceso y el derecho al juez natural y se lo priva de garantías elementales, como lo son la igualdad de trato y el debido proceso, sino que, en cierto modo, el Poder Judicial mismo estaría abdicando en el cumplimiento de su función primigenia, cual es la administración de Justicia. Así las cosas, la inconstitucionalidad de la normativa aquí analizada  no puede justificarse en la urgencia de paliar el déficit fiscal… Nadie discute la necesidad - y, más aún, deber - del Estado de ejercer su potestad en materia tributaria; nadie cuestiona sus facultades para disponer medidas tendientes a combatir, del modo más eficaz posible, la evasión fiscal. Pero deviene igualmente indiscutible que todo ello debe ejercerse dentro del marco que le otorga la Constitución Nacional”.

Cuidadosa consideración
El Poder Ejecutivo tucumano elevó a la Legislatura un nuevo proyecto de reforma al Código Tributario, que incorpora institutos como el embargo preventivo por deudas presuntas y el decomiso de bienes; modifica aspectos sustanciales del Derecho Procesal Tributario, y otorga facultades excepcionales a la Dirección de Rentas. El antecedente de la jurisprudencia citado, junto a muchos otros pronunciamientos federales y provinciales en la misma dirección, debieran ser considerados cuidadosamente al debatir la normativa propuesta. El respeto al principio de igualdad de las partes involucradas en la relación jurídico-tributaria requiere que el nuevo texto resulte del trabajo conjunto de representantes del sector público y privado, y de especialistas de distintas disciplinas, que garantice el tratamiento equilibrado de los contrapuestos intereses de los contribuyentes y el fisco. Con ese objetivo en mira, y dado que actualmente las cifras de la recaudación no se muestran afectadas por las deficiencias de la Ley 5.121, parecería acertado descartar la urgencia en pos de alcanzar los fines principales de  una adecuada codificación: la persistencia de las normas fiscales y la certidumbre en cuanto a sus alcances.