Advierten sobre los riesgos de un instituto jurídico

Según Stordeur, la réplica no fue habilitada. Dividirían el cuerpo en siete comisiones.

Por Redacción Política 05 Marzo 2006
"El gobernador José Alperovich pretende, hablando en nombre de los convencionales, incluir el derecho de réplica en la Constitución. Sin efectuar un análisis de fondo sobre este instituto, es preciso decir que la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Carta Magna no habilitó la posibilidad de derogar el artículo que hoy limita o no permite el ejercicio de esa potestad".
La definición pertenece al legislador Pedro Stordeur (Recrear), quien se sumó a la polémica abierta por la figura del derecho de réplica. Alperovich anunció, hace un par de semanas, su decisión de que los constituyentes incorporen en la Ley Fundamental de Tucumán una cláusula que garantice el ejercicio de esta potestad a todos los ciudadanos. La posición despertó una ola de planteos por parte de dirigentes políticos y de organizaciones que advirtieron sobre los riesgos que podría correr el ejercicio de la libertad de prensa.
El diario "La Nación", por ejemplo, sostuvo en su columna editorial que Tucumán podría sufrir un grave retroceso institucional. La Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) se pronunció en el mismo sentido. "Muchos gobernantes pretenden avanzar mediante ciertos instrumentos en su intento por condicionar, y eventualmente silenciar, a los medios de prensa independientes", se afirmó.

Medida peligrosa
Según Stordeur, el gobernador está avanzando más allá de los límites que la Legislatura le impuso a la Convención Constituyente. "Resulta peligroso que la máxima autoridad provincial ya esté incluyendo temas que no pueden debatirse. Espero que Alperovich recapacite y opine solamente sobre aquellos asuntos que la ley permite", manifestó.
El legislador recalcó que el derecho de réplica está reconocido por el pacto de San José de Costa Rica, el que fue incorporado a la Constitución nacional en 1994. "Resultaría redundante incluir la figura jurídica en nuestra Carta Magna", concluyó.

La redacción final y la revisión del nuevo texto quedarían a cargo de un órgano específico
La discusión del reglamento interno de la Convención Constituyente se acelerará mañana con la firma del decreto de convocatoria al cuerpo, que comenzará a deliberar el lunes 13. Sobre la base del régimen que rigió el funcionamiento de la Asamblea de 1990, una de las cuestiones que aún no está resuelta es en cuántas comisiones trabajarán en la discusión de los proyectos.
El Partido Obrero, a través de sus convencionales Daniel Blanco y Martín Correa, reclamó que se conforme una sola comisión que trate todos los temas. La iniciativa busca garantizar la presencia y los dictámenes de las minorías en todas las cuestiones a resolverse. El criterio sería rechazado por el oficialismo, con el argumento de que será complejo debatir punto por punto en un órgano integrado por 40 miembros.

Funcionamiento
En principio, está muy avanzada la idea de conformar al menos siete comisiones. Una analizará las reformas en cada poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Otra se encargará del régimen de municipalidades y habrá un espacio permanente para discutir acerca de cuestiones vinculadas al régimen de control de la administración pública y otras figuras relacionadas con la tutela legal y judicial. En principio, la revocatoria popular de mandatos o el régimen electoral quedarían circunscritos a las comisiones del PE y de la Legislatura, respectivamente, aunque estas cuestiones deben ser definidas.
Una sexta comisión se encargará de analizar las cuestiones vinculadas a los derechos, e incluiría educación y salud en su área de incumbencia.
El funcionamiento de la Convención será similar al sistema de la Legislatura. Cada convencional podrá presentar proyectos en relación con el temario propuesto y estos serán derivados a las comisiones respectivas. Tras el debate interno, habrá dictámenes en mayoría, en minoría o por unanimidad para su tratamiento en el plenario del cuerpo. La comisión clave será la de revisión del texto, que tendrá a su cargo la redacción de la futura Constitución de la provincia.