Definen cambios al régimen jubilatorio de los magistrados

La posibilidad de equiparar las jubilaciones de los magistrados provinciales con las de los magistrados nacionales abriría un amplio campo a las negociaciones destinadas a definir las personas que ocuparán las vacantes.
Una decena de provincias, entre las cuales está Tucumán, busca un acuerdo con el Gobierno nacional para dar este paso. Las gestiones cuentan con el explícito respaldo del gobernador José Alperovich y son encaradas por las máximas autoridades judiciales de cada distrito a través de la Junta Federal de Cortes.
El reclamo de jueces, fiscales y defensores judiciales es poder retirarse con el reconocimiento del 82% móvil de los ingresos que figuran en las boletas de sueldo de quienes están en actividad, y desde los 60 años.
Hace pocos meses, se buscó un acuerdo directo entre Tucumán y la Nación acerca de este asunto, pero finalmente se optó por avanzar en los contactos generales entre las distintas provincias con la misma problemática y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
De concretarse la mejora, en los tribunales de toda la provincia se producirían más de 50 retiros, en su mayoría en cargos de camarista. Esta situación resultaría muy atractiva para la conformación de un nuevo Poder Judicial, con ascensos y nuevos magistrados provenientes del libre ejercicio de la profesión.

El doble de cargos
Las 50 vacantes serán, en realidad, 100 cargos por cubrir, según se especula en sectores políticos. Ocurre que como la mayoría de quienes tienen edad para jubilarse están en rangos altos, esos cargos podrán promocionar a magistrados inferiores, que, a su vez, dejarán vacíos sus puestos.
De este modo, por cada jubilado podría haber dos nombramientos: uno para atender la vacante natural y el otro para hacerlo con la vacante que deje el reemplazante (incluyendo empleados jerárquicos).
Por lo pronto, el sector administrativo del Poder Judicial ya comenzó a sentir los embates de la jubilación. En la Corte Suprema de Justicia se maneja una lista con una veintena de empleados que ya están en edad de pasar a ser pasivos, pero que no han iniciado o concluido los trámites jubilatorios. Estos ya fueron intimados por la Superintendencia, en base a las atribuciones conferidas por el máximo tribunal.