Jiménez afirmó que la ley no se negocia

El Poder Ejecutivo cerró toda posibilidad de acuerdo con las entidades intermedias (como Federación Económica, colegios profesionales y asociaciones de productores), y sólo dialogará con la Legislatura sobre el contenido del futuro Código Tributario.
Así lo afirmó ayer, con contundencia, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, al salir de la reunión con el bloque peronista. En ella, el funcionario consideró innegociable el otorgamiento a la Dirección General de Rentas de la posibilidad de dictar embargos preventivos en casos de evasión, uno de los artículos más polémicos. Destacó que la AFIP tiene esa misma potestad desde hace años. Acerca del resto del articulado de la polémica propuesta, admitió que podrían aceptarse ciertos cambios, pero siempre y cuando no se altere el espíritu del texto.
“Hemos explicado nuestras razones en defensa del proyecto del Gobierno y el lunes seguirán trabajando los técnicos del Ministerio con los de la comisión parlamentaria de Hacienda. Vamos a trabajar únicamente con la Legislatura, porque con el resto ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Cada uno tiene su posición y está convencido; no vamos a convencer al otro. Hemos aceptado muchos de los puntos que nos plantearon”, dijo.

La mitad de la biblioteca
El ministro aclaró: “muchas discusiones son doctrinarias, con mitad de biblioteca para cada postura. Pero lo importante es luchar contra la evasión y a muchos les duele y les preocupa”. “El evasor es un delincuente al cual hay que atacar. El que evade está robando, y en Tucumán circula el 40% de la mercadería en negro, y no es por los Reyes Magos”, mencionó.
El funcionario calificó como falsas muchas de las críticas al proyecto del PE, como el hecho de que se aumentan las facultades al director de Rentas (excepto el realizar embargos), que se conculcan derechos del contribuyente o que habrá un incremento en los impuestos o en la presión fiscal, y afirmó: “son cortinas de humo para no decir la verdad”. También defendió la posibilidad de clausurar comercios donde se detecten irregularidades: “piden que los dejen seguir vendiendo en negro para pagar impuestos que nunca pagaron, lo que es una burla”. “Uno no le pregunta al ladrón qué condena quiere”, indicó.
La expectativa oficial sigue siendo que el Código sea aprobado en este mes, pero Jiménez puntualizó que el PE no le impone plazos a la Cámara. “Lo que queremos es que el Estado tenga ingresos para ayudar a los que menos tienen. Las obras públicas se hacen con fondos; y hay que recaudar, porque el presupuesto 2006 dispone $ 100 millones más en materia de sueldos”, finalizó.