Llegó la hora de la verdad para el juez Terán

Hoy será el "Día D" para el juez federal número dos, Felipe Terán. A las 11, debe comparecer en Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura (CM) para efectuar un descargo. La comisión de Acusación de este órgano lleva adelante contra él, y contra su par Jorge Parache, un sumario por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos afectados por el default que sufrió la Argentina en diciembre de 2001.
En el orden del día de la comisión de Acusación, que preside el diputado nacional radical Federico Storani, la cuestión relacionada contra el magistrado figura como el penúltimo tema a tratar.
El artículo 9 del reglamento de la comisión prevé que el juez concurra solo o en compañía de un abogado o, incluso, puede no presentarse y enviar un escrito.
El descargo es fundamental; de hecho, es prácticamente el corolario del sumario si los miembros de la comisión no consideran que hay que adoptar otras medidas para formarse una mejor opinión acerca del caso.
Si los consejeros concluyen que tras el descargo de Terán no hace falta ninguna actuación más, el próximo paso sería que ellos tomen una decisión. Pueden archivar el expediente, girarlo a la comisión de Disciplinas (si determinan que sólo hubo una falta o anomalía menor) o aconsejar al pleno del CM que ponga en marcha el mecanismo previsto para la destitución de un magistrado, lo que constituiría la peor hipótesis para Terán.

Una auditoría fundamental
El expediente contra el juez lleva el nombre del consejero Beinusz Szmukler, que el año pasado efectuó la denuncia que originó el sumario. El abogado presentó al CM fotocopia de publicaciones periodísticas que daban cuenta sobre el presunto malestar del Ministerio de Economía de la Nación por el libramiento de órdenes de pago, en efectivo y en dólares, a favor de propietarios de títulos caídos en default que no habrían cumplido con las exigencias legales para obtener tal beneficio.
Como consecuencia de la denuncia, la CM ordenó una auditoría que en setiembre de 2005 la concretó Jorge dal Zotto tanto en el juzgado de Terán como en el de Parache, a quien aún no citaron a comparecer.
El jefe del cuerpo de auditores concluyó: "podía inferirse la posible existencia de una maniobra delictiva tendiente a defraudar a la administración pública". Por ese motivo, en diciembre, el comité de asignación del CM resolvió abrir sendos sumarios contra los jueces para determinar si incurrieron en alguna de las causales previstas para la destitución de los magistrados.