El derecho a réplica cosecha cuestionamientos

El derecho a réplica es “la pretensión engañosa de establecer un régimen de coacción estatal en materia de prensa y de derecho a la libre expresión”, según opinaron los convencionales Constituyentes electos Daniel Blanco y Martín Correa, del Partido Obrero (PO). Esa fue la posición que fijaron los dirigentes  frente a la decisión oficial de modificar el artículo 29 de la Constitución de 1990.
Los dirigente del PO afirmaron que la medida “no garantiza el acceso individual a la expresión escrita masiva ni mucho menos a los medios de comunicación, pero sí refuerza la capacidad de acción del Estado contra cualquier opinión que moleste al gobierno de turno o a la burocracia estatal”. Blanco opinó que el impulso a esa medida es parte de una tentativa monopólica del gobierno de Alperovich sobre los medios informativos.

Intención monopólica
“El gobierno de Alperovich - afirmaron Blanco y Correa - ha procurado monopolizar los medios informativos,más que ningún otro en la historia reciente de la provincia. Ha intervenido el Canal 10 y usa descaradamente los recursos de la publicidad oficial, sea para promover sus intereses de camarilla, sea para silenciar a la oposición,sea para coaccionar a los trabajadores de prensa”.
Los dirigentes también analizaron la propuesta del alperovichismo a la luz de la experiencia nacional en esa materia. Según los convencionales electos por el PO tucumano, la inclusión del derecho a réplica en la Constitución reformada de 1994 ha sido “completamente inoperante como posibilidad de expresión de los simples ciudadanos”.
“El derecho a réplica es un agravio de la camarilla que gobierna la provincia contra la libertad de expresión, y un medio adicional de presión para condicionar a los medios que no responden a la política oficial”, argumentaron Blanco y Correa.
“La eliminación del artículo 29 de la actual Constitución provincial, que prohíbe expresamente el derecho a réplica, no significa de ningún modo que deba incluirse en su reemplazo otro que coacciona el derecho a la libre opinión”, concluyeron los dirigentes.