"No declararé para no ser cómplice de los marxistas"

En silencio, Luciano Benjamín Menéndez escuchó ayer la imputación formulada por el juez federal número uno, Jorge Parache, en la causa por la desaparición del médico Carlos Román Apaza. Luego de casi dos horas en el despacho del secretario Norberto Véliz, desconoció toda potestad del magistrado para juzgarlo, calificó de inconstitucional el proceso y reivindicó el fuero militar.
La reunión transcurrió en un clima de aparente cordialidad y de respeto, pero en el marco de una situación tensa, según explicó el abogado defensor Horacio Conesa Mones Ruiz. El general de división retirado (que purga prisión domiciliaria en Córdoba por violaciones a los derechos humanos) fijó su posición en un escrito que se incorporó al expediente, en el que se expresó en duros términos. Además, se negó a hablar de la suerte que corrió Apaza, secuestrado en 1977.
Menéndez eludió todo contacto con la prensa. Llegó en un vehículo negro, con vidrios polarizados, a las 7.40 (casi una hora y media antes de la audiencia), directamente desde el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde está alojado junto a su esposa desde el domingo; y se retiró pasadas las 11, por una puerta lateral del edificio de los tribunales federales, sobre el pasaje 2 de Abril, para subirse en un auto blanco.
En el momento en que el militar salía velozmente, el vehículo negro en el que arribó partía del subsuelo de Tribunales con una persona muy parecida a él en el asiento trasero. Esto confundió a un grupo de Familiares de Desaparecidos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que pensaron que en el auto iba el acusado y le arrojaron huevos y harina.

Las razones de la negativa
En su nota, Menéndez reclamó la aplicación del Código de Justicia Militar, por el cual debería ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Basado en ese criterio, dijo que Parache es incompetente. “Ese Código cumplimos y a él nos ajustamos las fuerzas legales para enfrentar y vencer al terrorismo marxista, sin apartarnos de los que él y los reglamentos disponían y sin cometer delito alguno”, plantea en el escrito.
El general (r) asumió la plena responsabilidad de todo lo que ocurrió en el ámbito del III Cuerpo del Ejército. “A mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada y menos privarlos de su libertad como ilegalmente se ha hecho con muchos de ellos”, sostuvo, lo que incluye a Antonio Bussi.
El militar retirado aseguró: “los subversivos que asaltaron la República no creían en nuestras instituciones democráticas y querían cambiarlas por grises organizaciones marxistas, ahora aprovechan, se refugian y usan la democracia para juzgarnos; su propósito sigue siendo usurpar el poder para cambiar nuestro estilo de vida”.
“Los terroristas derrotados en el campo militar abandonaron la lucha armada, pero no la lucha política ni su objetivo. No declaré para no ser cómplice en facilitar a los marxistas el uso de los medios legales de la democracia para que nos lleven al abismo de la ilegalidad y la tiranía”, planteó.