La necesidad de diálogo

El triunfo se festejó sin euforia, sumó incertidumbre al escenario de estos días y reactualizó ciertas diferencias entre los principales protagonistas de la política tucumana. ¿Cuántos padres tuvo la victoria? ¿Sólo uno? ¿El crédito se lo llevaron la buena imagen del gobernador y la gestión de su gobierno?¿El rotundo éxito fue posible por la reacción del aparato estatal que no reparó en gastos ni esfuerzos para arrancar de sus casas a los remolones votantes? ¿Cómo y cuánto incidió en la movilización y en la conquista el caudal de la militancia peronista? Y, ¿cuánto tuvo que ver el presidente Kirchner en el resultado? Las respuestas han sido breves o esquivas; una postergación táctica del debate incomoda menos que cualquier análisis profundo de la situación. Una polvareda incontrolable podría alterar la conveniencia y la estabilidad de las fuerzas que sostienen al poder en la provincia.
No obstante, hay una evidencia. José Alperovich ha ganado claramente otra compulsa electoral por segunda vez consecutiva; su figura política ha crecido; una parte importante de la sociedad tucumana ve con buenos ojos su gobierno; ha construido suficiente capital político como para imponer su voluntad sobre los convencionales que reformarán la Carta Magna desde los próximos días. En muy poco tiempo, frente a una oposición virtualmente ausente y escuálida y con el manejo de amplios espacios internos en el peronismo, estos triunfos ya le abren el camino para la concentración y una inquietante hegemonía del poder. Pero la intención de pedir la reelección sin límite para el jefe del Ejecutivo y la incorporación del instituto del derecho a réplica en la Constitución -los proyectos más claros que se conocen- son expresiones que exponen un costado de riesgo mayor para la sustentabilidad de las instituciones democráticas.
Por algún motivo insondable no se pone énfasis en el rendimiento de la economía ni en el espectacular crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. Transformar el despegue en crecimiento, reinyectar nuevas y mejores inversiones (especialmente de matriz extranjera que han sido escasas por estos lares), o una búsqueda de consensos básicos para definir un perfil acorde con los nuevos desafíos económicos son temas pendientes y prioritarios que, sin embargo, no figuran en la agenda pública. La recuperación de las distintas actividades económicas, el elemento central que posibilitó una mejor y mayor capacidad de gestión de la administración pública (uno de los soportes del triunfo del domingo pasado), tiene, en cambio, de la cabeza a las principales centrales empresarias y a las entidades que agrupan a los profesionales.
Hay una movilización en marcha, una grieta cada vez más profunda entre estos sectores y el Gobierno provincial. El debate que el oficialismo no logró instalar -o no quiso- sobre su visión de la Carta Magna está abierto ahora ante la pretensión del Ejecutivo de modificar el Código Tributario de la provincia. Ese proyecto (busca mejorar la capacidad recaudatoria y da un mayor poder de presión y de control a la Dirección de Rentas), que ya tiene estado parlamentario, es resistido tenazmente por amplios sectores de la sociedad.

Provincia postergada
Una masiva asamblea llevada a cabo en el auditorio de la Federación Económica de Tucumán (FET), compuesta por empresarios de distintos sectores y envergadura y de un gran espectro de profesionales; una profusa panfleteada en contra de la iniciativa, y la presencia de dirigentes empresarios y profesionales de otras provincias han sido las muestras de la distancia que hay entre los actores de la economía y el Gobierno. “Esta es una provincia postergada, hay que invertir mucho para zafar del círculo de pobreza y hay que generar condiciones que hagan atractiva a Tucumán. Con los empresarios que estamos aquí no alcanza, pero tampoco van a llegar otros con decisiones que espantan”, planteó un dirigente del campo.
Muchos observan que las normas incorporadas al proyecto generan avasallamientos constitucionales -hablan de “autoritarismo fiscal”-, en gran medida, porque disminuyen las posibilidades de defensa del contribuyente y otorgan superpoderes al director de Rentas. Pero dirigentes enviados en apoyo desde otras provincias del NOA lanzaron una advertencia: “Estas pretensiones pueden transformarse en un problema para la región, porque quedará como un mal ejemplo para todos”, dijeron. Desde encumbrados lugares de la Legislatura aseguran que este proyecto, tal cual está, no pasará. “Si no hay acuerdo con el Ejecutivo para modificarlo directamente, no vamos a tratarlo; no hay condiciones políticas para hacerlo y tampoco queremos provocar una rebelión fiscal”, advirtió un referente de la Cámara.
Desde el Gobierno, en cambio, se asegura que “no se sabe lo que pide” la comunidad empresaria, y aunque a última hora parecían dispuestos a promover un encuentro para escuchar las quejas, hay quienes creen que buena parte de la movida está motorizada por legisladores dispuestos a limitar el poder del gobernador.
“Estan confundidos, la reforma no crea nuevos impuestos, sólo aumenta la capacidad de control”, dicen, inquietos, desde la Casa de Gobierno.
Directivos de la FET, aseguran que nunca en los más de dos años de mandato el gobernador convocó a una reunión con los empresarios. Mientras suman apoyo para la cruzada, alertan que ahora “en lugar de una alfombra roja, el Gobierno de Tucumán está prendiendo una luz roja” ante los empresarios. Y creen ver en las palabras de Kirchner, que reclamó a intendentes bonaerenses un freno a las pretensiones de aumentar impuestos, una distancia grande con los propósitos de Alperovich. Lejos de una voluntad para el consenso, excluido virtualmente el diálogo como instrumento principal de negociación, la protesta, la bronca y la movilización ganan terreno.
Una reforma al Código Tributario ya fue vetada por el Gobierno, luego de que los legisladores introdujeron cambios al proyecto oficial, pese a que esas modificaciones se habían convenido. Aquella iniciativa se gestó en otra realidad política; esta parece instalada con una visión autoritaria de las cosas.
Nadie se explica cómo se llegó a esta  situación, cuando la economía necesita de incentivos para mantener el crecimiento. La prioridad tendría que pasar por la eliminación de los impuestos distorsivos (Ingresos Brutos y Sellos). Se sabe que el poder que dan los votos sirve para controlar el rumbo de la política, para marcar el terreno al adversario, para delinear un proyecto. Las decisiones sobre la economía se generan con el sesgo de la mesura, las reflexiones comunes, los proyectos integrales; deberían ser homologables al manejo de las políticas. Hay un momento de la historia en que las ilusiones se sostienen sólo por los aciertos de la economía. La democracia y la república requieren de valores, conductas y  eficacia en la gestión. La construcción del futuro necesita de sueños; la humildad y los actos de grandeza deberían ser los activos más preciados de todos.