Cita de un juez con el Consejo de la Magistratura

El martes será un día clave para el juez federal número dos, Felipe Terán. Para ese día lo citó la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación para que comparezca en Buenos Aires. El órgano lleva adelante contra el magistrado y contra su par, Jorge Parache, sendos sumarios por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas al pago de títulos públicos afectados por el default que sufrió el país en diciembre de 2001. Esta audiencia es fundamental y está prevista en el artículo 9 del reglamento de la comisión de Acusación del CM. Tiene por objetivo escuchar al denunciado, que puede presentarse personalmente -o acompañado por un abogado- o hacer un descargo por escrito. Cuando fue notificado de que debía concurrir, el magistrado recibió una sintética relación de los hechos que se le imputan.
Si durante la tramitación del descargo surgiera la necesidad de ordenar medidas para corroborar sus afirmaciones, en este caso de Terán, la comisión que encabeza el diputado nacional Federico Storani (UCR) podrá disponerlas e, inclusive, citar nuevamente al magistrado.
Lo que aceleró el sumario contra Terán es el trabajo previo efectuado por el jefe del cuerpo de auditores del CM, Jorge dal Zotto. Este, tras una auditoría efectuada en los dos juzgados federales de Tucumán, concluyó que “podía inferirse la posible existencia de una maniobra delictiva tendiente a defraudar a la administración pública”.

Ultima etapa
El fin de los sumarios, que corren por vías separadas, es determinar si ambos o alguno de los jueces incurrieron en las causales previstas para la destitución. En el caso de Terán, tras la instancia de la audiencia, la comisión de Acusación se encontraría en condiciones de resolver si conviene archivar el expediente  o aconsejar al pleno del CM que ponga en marcha el procedimiento previsto para la remoción de un magistrado.
El CM ordenó los sumarios en diciembre, porque la auditoría reveló la posible existencia de anomalías en la tramitación de una decena de causas. La irregularidad habría consistido en el libramiento de órdenes de pago, en efectivo y en dólares, a favor de propietarios de títulos caídos en default que no habrían cumplido con las exigencias legales para obtener tal beneficio.