La definición del reglamento interno de la Convención Constituyente provocará el primer choque entre el oficialismo y los representantes de la oposición. Estos anticiparon a LA GACETA que no aceptarán un paquete cerrado para fijar las reglas con las que funcionará el cuerpo que reformará la Constitución. La discusión estará planteada en varios puntos, entre los que se incluye la mayoría que se requerirá para aprobar las enmiendas y la cantidad de asesores que estarán a disposición de cada uno de los bloques.
Los operadores del oficialismo manejan varias alternativas para fijar el reglamento de la Convención. Una alternativa es tomar como base el que utiliza la Legislatura y adaptarlo a la función propia de una Asamblea Constituyente. Otra variable, que tendría mayores adhesiones, sería adoptar el reglamento que utilizó la Convención de 1990, con unas pocas modificaciones. La clave de este último régimen es la adopció de la mayoría simple como requisito para la aprobación de las reformas propuestas. De esta forma, y con 32 convencionales propios, el Frente para la Victoria no tendría dificultades para alcanzar el piso de 21 votos que le exigiría el reglamento.
Esta alternativa no seduce a los ocho representantes de la oposición política que participarán de la Convención. Los representantes del Partido Obrero, Participación Cívica, el radicalismo y el Acuerdo Social para la Inclusión advirtieron que sería saludable para la reforma que algunas modificaciones se aprobaran con una mayoría calificada de 2/3 ( 33 convencionales).
José Páez (ASI) reclamará un debate amplio del reglamento. “No se puede repetir el error de la Convención del 90, que terminó con varios reclamos ante la Justicia. Sería conveniente fijar una mayoría especial para aprobar los nuevos artículos de la Constitución”, mencionó.
Carlos Courel (Participación Cívica) sugirió que lo mejor sería adoptar un reglamento propio para esta Convención, en el que se asegure un consenso amplio para aprobar determinados puntos. Juan Roberto Robles (UCR), en tanto, rechazó la posibilidad de aplicar el reglamento utilizado en la reforma del 90. “Todo lo que tenga que ver con el control entre los poderes y los límites al gobernador, tendría que aprobarse con una mayoría calificada”, reclamó el legislador.
Daniel Blanco (PO) explicó que son varias las cuestiones por resolver. “Las minorías deben estar representadas en todas las comisiones con voz y voto. Además, deben asegurarnos un espacio físico para poder trabajar y asesores que no dependan del oficialismo”, concluyó.
Los operadores del oficialismo manejan varias alternativas para fijar el reglamento de la Convención. Una alternativa es tomar como base el que utiliza la Legislatura y adaptarlo a la función propia de una Asamblea Constituyente. Otra variable, que tendría mayores adhesiones, sería adoptar el reglamento que utilizó la Convención de 1990, con unas pocas modificaciones. La clave de este último régimen es la adopció de la mayoría simple como requisito para la aprobación de las reformas propuestas. De esta forma, y con 32 convencionales propios, el Frente para la Victoria no tendría dificultades para alcanzar el piso de 21 votos que le exigiría el reglamento.
Esta alternativa no seduce a los ocho representantes de la oposición política que participarán de la Convención. Los representantes del Partido Obrero, Participación Cívica, el radicalismo y el Acuerdo Social para la Inclusión advirtieron que sería saludable para la reforma que algunas modificaciones se aprobaran con una mayoría calificada de 2/3 ( 33 convencionales).
José Páez (ASI) reclamará un debate amplio del reglamento. “No se puede repetir el error de la Convención del 90, que terminó con varios reclamos ante la Justicia. Sería conveniente fijar una mayoría especial para aprobar los nuevos artículos de la Constitución”, mencionó.
Carlos Courel (Participación Cívica) sugirió que lo mejor sería adoptar un reglamento propio para esta Convención, en el que se asegure un consenso amplio para aprobar determinados puntos. Juan Roberto Robles (UCR), en tanto, rechazó la posibilidad de aplicar el reglamento utilizado en la reforma del 90. “Todo lo que tenga que ver con el control entre los poderes y los límites al gobernador, tendría que aprobarse con una mayoría calificada”, reclamó el legislador.
Daniel Blanco (PO) explicó que son varias las cuestiones por resolver. “Las minorías deben estar representadas en todas las comisiones con voz y voto. Además, deben asegurarnos un espacio físico para poder trabajar y asesores que no dependan del oficialismo”, concluyó.








