"El derecho a réplica podría lesionar la libertad de prensa"

La decisión del gobernador José Alperovich de avanzar con la incorporación del derecho a réplica en la futura Constitución de Tucumán generó repercusiones en los medios nacionales. El diario “La Nación” publicó en su edición de ayer un extenso informe en el que es analizada la iniciativa que se discute en la provincia.
El análisis de la noticia realizado por el matutino porteño incluyó una opinión del constitucionalista Gregorio Badeni, quien advirtió que el instituto jurídico carece de validez constitucional y forma parte de una moda intelectual que suele provocar graves perturbaciones institucionales. Según el titular de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, el derecho a réplica lesiona la garantía que prohíbe, de modo absoluto, la censura para los medios de prensa.
“Obligar a un medio a publicar algo que no quiere expresar es censura. Equivale a prohibir la publicación de una nota que no se quiere difundir. Por otra parte y bajo el pretexto de preservar un derecho humano, los más fervientes defensores de la réplica han sido los dirigentes políticos y sociales que necesitan estar en la prensa para mantener viva su existencia en la opinión pública”,  explicó el constitucionalista. Badeni reconoció que la réplica fue incorporada al orden jurídico argentino por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque, con una interpretación erróneamente extensiva para los medios gráficos. Explicó, además que, a partir de 1992, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la garantía para rebatir simples opiniones y no sólo datos informativos. “No se tuvieron en cuenta las proyecciones lesivas para la libertad de prensa que puede tener su aplicación”, se lamentó.

Grave errror
“La previsión que con singular vehemencia se pretende incorporar a la Constitución tucumana, evidencia el escaso apego de sus gestores a la prensa libre, desconociendo su rol de garantía estratégica para preservar las restantes libertades de las personas y la propia esencia de la democracia constitucional. Pero además, incurre en el grave error de no advertir que, la regulación de ellas, es facultad del Congreso nacional y no de las provincias porque describe conductas ilícitas que sólo pueden ser reguladas por la legislación civil”. concluyó Badeni.