Solicitan fondos para crear dos juzgados penales

Nota del titular de la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo de la Provincia. Realizarán un estudio para determinar si deben ser instalados en las cárceles.

Por Redacción Política 23 Febrero 2006
Hace falta dinero, que no está presupuestado, para poder poner en marcha dos juzgados de ejecución de sentencia, uno en esta capital y el otro en Concepción. Esto le manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, mediante una nota.
En la misiva, el magistrado advirtió al Poder Ejecutivo que para que las nuevas oficinas funcionen es indispensable crear los 21 cargos que exige la ley (sancionada por la Legislatura en diciembre) para la conformación de los gabinetes psicosociales.
La norma prevé un cuerpo de 14 profesionales (incluye médicos, asistencias sociales, psicólogos, etcétera) para esta capital y otro de siete para el Centro Judicial de Concepción.
Los jueces de ejecución de sentencia estarán bajo la atenta mirada de la comunidad, ya que serán los encargados de monitorear la situación de los condenados, así como su reinserción social. En Concepción, hay más de 200 detenidos, mientras que en esta capital existen otras 900 personas en la misma condición.
Para poder establecer los Juzgados, con los respectivos equipos interdisciplinarios, el Poder Ejecutivo deberá solicitar a la Legislatura que autorice una ampliación presupuestaria para el Poder Judicial.

Estudio científico  
Antes de efectuar el pedido a Jiménez, Dato había ordenado un estudio para saber si era conveniente que los Juzgados fueran ubicados en las propias cárceles. El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, había ofreció las dependencias anexas al penal de Villa Urquiza, para el caso del despacho que será montado en esta ciudad.  
El trabajo, encomendado a Susana Barrionuevo de Ahumada, concluyó que es aconsejable que los juzgados no estén localizados en los centros de reclusión, para que los condenados puedan distinguir el ámbito institucional de la Justicia de aquel en el que cumplen la pena.






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