El abogado Horacio Conesa Mones Ruiz no da abasto con la cantidad de causas que tiene Antonio Bussi en el NOA por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Ayer, el letrado viajó a Santiago del Estero y apeló la sentencia mediante la cual el juez federal de la vecina provincia, Angel Toledo, ordenó el procesamiento y la prisión preventiva del ex comandante de la Quinta Brigada de Infantería, por la desaparición del ex concejal de Clodomira Emilio Abdala, ocurrida el 3 de diciembre de 1975.
La semana pasada, el magistrado dispuso el sobreseimiento del comisario general Musa Azar y concluyó que no existía mérito para el procesamiento de Carlos Juárez, que gobernaba Santiago del Estero cuando sucedió el hecho. En cambio, procesó a Bussi; a Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba) y al ex policía Tomás Garbi. Además, ordenó el embargo sobre los bienes de cada uno hasta cubrir la suma de $ 300.000 en cada caso.
"Hay un error de hecho grave, porque cuando sucedió lo de Abdala, Bussi era comandante de la X Brigada de Infantería Mecanizada, en Buenos Aires. No tuvo nada que ver. Además, para que las Policías estuvieran bajo el control operacional del Ejército había que firmar un acuerdo con la Nación, y una de las provincias que no lo hizo fue Santiago del Estero", aseveró Conesa Mones Ruiz, que también defiende a Menéndez. El ex Batallón de Ingenieros de Combate 141, de Santiago del Estero, dependía de Tucumán. Bussi y Menéndez cumplen arresto domiciliario -en Buenos Aires y el segundo, en Córdoba- por otras causas vinculadas a la desaparición forzosa de personas.
El abogado apelará hoy la decisión del juez federal Jorge Parache, sobre que Bussi cumpla arresto domiciliario en el Hospital Militar Central (Capital Federal). "El debe seguir en la casa de una de sus hijas como paciente ambulatorio (padece problemas cardíacos)", concluyó.
La semana pasada, el magistrado dispuso el sobreseimiento del comisario general Musa Azar y concluyó que no existía mérito para el procesamiento de Carlos Juárez, que gobernaba Santiago del Estero cuando sucedió el hecho. En cambio, procesó a Bussi; a Luciano Benjamín Menéndez (ex titular del III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba) y al ex policía Tomás Garbi. Además, ordenó el embargo sobre los bienes de cada uno hasta cubrir la suma de $ 300.000 en cada caso.
"Hay un error de hecho grave, porque cuando sucedió lo de Abdala, Bussi era comandante de la X Brigada de Infantería Mecanizada, en Buenos Aires. No tuvo nada que ver. Además, para que las Policías estuvieran bajo el control operacional del Ejército había que firmar un acuerdo con la Nación, y una de las provincias que no lo hizo fue Santiago del Estero", aseveró Conesa Mones Ruiz, que también defiende a Menéndez. El ex Batallón de Ingenieros de Combate 141, de Santiago del Estero, dependía de Tucumán. Bussi y Menéndez cumplen arresto domiciliario -en Buenos Aires y el segundo, en Córdoba- por otras causas vinculadas a la desaparición forzosa de personas.
El abogado apelará hoy la decisión del juez federal Jorge Parache, sobre que Bussi cumpla arresto domiciliario en el Hospital Militar Central (Capital Federal). "El debe seguir en la casa de una de sus hijas como paciente ambulatorio (padece problemas cardíacos)", concluyó.







