El costo de la recolección de residuos subió casi un 100%

El municipio deberá pagar casi un ciento por ciento más de lo previsto inicialmente por el servicio de recolección de residuos en la capital a partir de marzo, cuando comience a regir el nuevo contrato con la empresa Transportes 9 de Julio.
En abril de 2005, el intendente Domingo Amaya envió al Concejo Deliberante el pliego de bases y condiciones para realizar el llamado a licitación. En el proyecto original, el Departamento Ejecutivo mantuvo el presupuesto que actualmente destina el municipio para ese servicio. Ese costo mensual, fijado en $ 1,7 millón (IVA incluido), fue modificado por los concejales en una polémica sesión concretada el 5 de mayo.
En medio de sospechas de favoritismo hacia la concesionaria, la mayoría de los ediles dispuso que el Ejecutivo municipal prevea un costo mensual de $ 2 millones, cifra que contempla el pago del Impuesto al Valor Agregado. Ese cambio implica una erogación superior al 26% respecto de lo pautado inicialmente por Amaya.
Con ese argumento, el intendente firmó el veto parcial al pliego sancionado por el Concejo. Los ediles, sin embargo, insistieron en su postura y mantuvieron los $ 2 millones por mes. En noviembre, las pretensiones de las tres empresas interesadas en prestar el servicio de recolección de residuos en la capital hicieron peligrar la marcha del proceso licitatorio. Ediles, funcionarios e incluso Amaya deslizaron la posibilidad de que se declarara desierta la licitación, teniendo en cuenta que la 9 de Julio, Cliba y Martín & Martín exigían $ 3 millones para hacerse cargo del costoso servicio.
Ante un pedido formal del Ejecutivo municipal, las tres empresas contendientes presentaron nuevas propuestas el viernes 10 del corriente. Sólo la 9 de Julio accedió a rebajar en forma considerable la oferta, aunque solicitó $ 2,6 millones por mes, incluido el IVA. Esta cifra, comparada con el monto previsto en el pliego original ($ 1,3 millón sin IVA), representa un crecimiento de casi un 100% en el gasto que deberá afrontar el municipio por esa prestación. Cinco días después, el presidente del Concejo Deliberante, Ramón Santiago Cano (PJ), por entonces a cargo de la Intendencia, firmó el decreto de adjudicación a favor de la 9 de Julio sin objetar los valores.

Cuestionan un reajuste
El reajuste en el precio que pagará el municipio por los próximos siete años motivó la reacción del concejal José Luis Avignone (UCR), que reclamó al intendente Amaya que especifique si los $ 2,6 millones mensuales incluyen el pago del IVA.
"En el decreto de adjudicación no figura el adicional, tal cual lo establecen las ordenanzas. Pido que se aclare para evitar cualquier controversia en el futuro", sostuvo. Avignone, además, exigió al jefe municipal que explique al Concejo cuáles fueron las consideraciones técnicas y económicas que llevaron al Departamento Ejecutivo a apartarse del presupuesto oficial de $ 2 millones autorizado por los ediles en el pliego de licitación.