En 2005, Amaya objetó la suba del precio que había impulsado el Concejo

"Se incrementó sin que exista justificación técnica de la razonabilidad y de la proporcionalidad del aumento. Por otra parte, la recaudación anual resulta insuficiente para atender las erogaciones por estos servicios tercerizados, que actualmente ascienden a $ 21,9 millones y arrojan un déficit del 43%". Ese fue el fundamento del veto firmado por el intendente Domingo Amaya, el 20 de mayo de 2005, a la modificación que la mayoría de los concejales impulsó en el presupuesto oficial pautado por el municipio.
La elaboración y la posterior sanción del pliego de licitación para el servicio de recolección de residuos implicó innumerables fricciones entre los ediles y en la relación entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo.
Inicialmente, el intendente pretendía disponer de un presupuesto de $ 1,5 millón por mes (incluido el IVA). Pero, ediles oficialistas, republicanos y el independiente Hugo Danesi consideraron necesario que el municipio pague por la recolección $ 2 millones mensuales (incluido el IVA). Los argumentos esgrimidos fueron el incremento de la cantidad de cuadras en las que la empresa adjudicataria deberá prestar el servicio.

Larga historia
Desde 1991, la empresa 9 de Julio está a cargo de la recolección de residuos en la capital. El municipio le prorrogó por primera vez el contrato en 1996. En 1999, se estableció un nuevo acuerdo por cinco años, con opción a tres más.
Durante la actual gestión, la empresa rosarina recibió tres nuevas prórrogas contractuales: setiembre de 2004, febrero de 2005 y setiembre del mismo año. El actual convenio vencerá el martes próximo.
A partir de ese día, comenzará a regir el nuevo contrato, cuyo costo será de $ 2,6 millones por mes, según lo establece el decreto de adjudicación. Como la propuesta superó el presupuesto oficial previsto en el pliego de licitación, el Ejecutivo municipal tuvo que recurrir a una modificación de la partida, tal cual lo establece la ordenanza de contabilidad. Esta permite a las autoridades elevar el presupuesto original hasta un 20% por encima de la partida determinada en el pliego licitatorio.