El Gobierno provincial otorgará, en cuotas, una ayuda social de $ 1.100 a todos los trabajadores estatales. Asimismo, garantizará que a partir de marzo ningún empleado público perciba menos de $ 750.
Ayer, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, rubricó un acta acuerdo con los referentes de los gremios de ATE, UPCN y de los sindicatos municipales del interior.
El convenio establece que el Poder Ejecutivo abonará esa suma fija en carácter de adicional no remunerativo y no bonificable con la liquidación de los sueldos de marzo. Los $ 1.100 para cada trabajador serán cancelados por el Estado en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
El acuerdo firmado con los representantes del Frente de Gremios Estatales también obliga al Gobierno a disponer de los fondos necesarios para garantizar que ningún trabajador perciba menos de $ 750. En esta franja se encuentra la mayoría de los empleados comprendidos entre las categorías 15 y 16. En el listado de beneficiarios se menciona a los agentes de la administración pública (incluidos los de los poderes Legislativo y Judicial), de los organismos descentralizados, de las comunas rurales, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo.
El piso establecido, que se hará efectivo también con los sueldos de marzo, incluye el porcentaje del pago con vales alimentarios (20% del salario). Sin embargo, no prevé las asignaciones familiares. Finalmente, el Gobierno se comprometió a elevar el haber mínimo a $ 800 a partir de la cancelación de los sueldos de mayo.
En cuanto a la situación de los empleados municipales, el PE invitó a los intendentes a adherirse a las cláusulas del convenio y aclaró en el escrito que la medida alcanza al personal permanente, transitorio, jornalizado y contratado cuyo haber se equipare a cualquiera de las categorías presupuestadas dentro del Estado. Esto excluye de los beneficios al personal del Gabinete.
Una comisión mixta
El ministro de Gobierno también acordó con los dirigentes sindicales la conformación de una comisión integrada por funcionarios y por representantes gremiales.
"Esta comisión multidisciplinaria tendrá a su cargo la elaboración de una política salarial para el futuro, a fin de que se adjudiquen los recursos disponibles del Estado de tal manera que se recomponga en forma real el salario de los empleados del Estado y para que se reconstruya la pirámide salarial", explicó Jiménez.
El texto condiciona cualquier otro aumento salarial a lo que pueda ser resuelto por el gobierno de Néstor Kirchner.
Ayer, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, rubricó un acta acuerdo con los referentes de los gremios de ATE, UPCN y de los sindicatos municipales del interior.
El convenio establece que el Poder Ejecutivo abonará esa suma fija en carácter de adicional no remunerativo y no bonificable con la liquidación de los sueldos de marzo. Los $ 1.100 para cada trabajador serán cancelados por el Estado en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
El acuerdo firmado con los representantes del Frente de Gremios Estatales también obliga al Gobierno a disponer de los fondos necesarios para garantizar que ningún trabajador perciba menos de $ 750. En esta franja se encuentra la mayoría de los empleados comprendidos entre las categorías 15 y 16. En el listado de beneficiarios se menciona a los agentes de la administración pública (incluidos los de los poderes Legislativo y Judicial), de los organismos descentralizados, de las comunas rurales, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo.
El piso establecido, que se hará efectivo también con los sueldos de marzo, incluye el porcentaje del pago con vales alimentarios (20% del salario). Sin embargo, no prevé las asignaciones familiares. Finalmente, el Gobierno se comprometió a elevar el haber mínimo a $ 800 a partir de la cancelación de los sueldos de mayo.
En cuanto a la situación de los empleados municipales, el PE invitó a los intendentes a adherirse a las cláusulas del convenio y aclaró en el escrito que la medida alcanza al personal permanente, transitorio, jornalizado y contratado cuyo haber se equipare a cualquiera de las categorías presupuestadas dentro del Estado. Esto excluye de los beneficios al personal del Gabinete.
Una comisión mixta
El ministro de Gobierno también acordó con los dirigentes sindicales la conformación de una comisión integrada por funcionarios y por representantes gremiales.
"Esta comisión multidisciplinaria tendrá a su cargo la elaboración de una política salarial para el futuro, a fin de que se adjudiquen los recursos disponibles del Estado de tal manera que se recomponga en forma real el salario de los empleados del Estado y para que se reconstruya la pirámide salarial", explicó Jiménez.
El texto condiciona cualquier otro aumento salarial a lo que pueda ser resuelto por el gobierno de Néstor Kirchner.







