Por Redacción Política
10 Febrero 2006
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El Tribunal de Cuentas (TC) deberá expedirse sobre los cuatro informes de preadjudicación firmados por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) para la concreción de las obras de infraestructura, que constituyen el paso previo a la construcción del complejo habitacional Lomas de Tafí.
Tras el dictamen favorable de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, la repartición provincial remitió al organismo de control los expedientes correspondientes a dos sectores (las tareas fueron subdivididas en cuatro). Hasta mañana, en tanto, el Ipvdu enviará al TC los dos informes restantes.
El comienzo de las tareas específicas de infraestructura general desvela al Poder Ejecutivo, ya que fue impuesta como condición por el Tribunal de Cuentas antes de que se empiece la construcción de las 3.000 casas. El órgano de control aprobó los pliegos para este nuevo cotejo de los precios, pero ahora deberá realizar un nuevo relevamiento sobre el cumplimiento de las condiciones de parte entre las firmas que resultaron elegidas, antes de que se firmen los contratos respectivos.
Si bien las normativas estipulan un plazo de cinco días hábiles para que los vocales del TC se expidan, al tratarse de voluminosas carpetas, el tiempo de análisis sería mayor. Inclusive, el control preventivo podría extenderse si es que desde el TC formulan observaciones al acto administrativo concretado por el Ipvdu. Una vez que los responsables del TC se pronuncien y la adjudicación quede firme, las empresas ganadoras deberán presentar los estudios de impacto ambiental. "Estimamos que a fines de marzo o en abril podrían comenzar las obras", dijo el titular del Ipvdu, Gustavo Durán.
La concreción de las obras de infraestructura para el megaemprendimiento fue dividida en tres sectores, con valores que promedian los $ 16,5 millones. En este rubro se contemplan las redes caminera, de agua potable, de cloacas, de energía eléctrica, de gas natural y a los desagües pluviales. En tanto, los trabajos complementarios (que involucran las redes y las conexiones centrales de las 3.000 viviendas) fueron pautadas por el Poder Ejecutivo en $ 30,7 millones.
Tras el dictamen favorable de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, la repartición provincial remitió al organismo de control los expedientes correspondientes a dos sectores (las tareas fueron subdivididas en cuatro). Hasta mañana, en tanto, el Ipvdu enviará al TC los dos informes restantes.
El comienzo de las tareas específicas de infraestructura general desvela al Poder Ejecutivo, ya que fue impuesta como condición por el Tribunal de Cuentas antes de que se empiece la construcción de las 3.000 casas. El órgano de control aprobó los pliegos para este nuevo cotejo de los precios, pero ahora deberá realizar un nuevo relevamiento sobre el cumplimiento de las condiciones de parte entre las firmas que resultaron elegidas, antes de que se firmen los contratos respectivos.
Si bien las normativas estipulan un plazo de cinco días hábiles para que los vocales del TC se expidan, al tratarse de voluminosas carpetas, el tiempo de análisis sería mayor. Inclusive, el control preventivo podría extenderse si es que desde el TC formulan observaciones al acto administrativo concretado por el Ipvdu. Una vez que los responsables del TC se pronuncien y la adjudicación quede firme, las empresas ganadoras deberán presentar los estudios de impacto ambiental. "Estimamos que a fines de marzo o en abril podrían comenzar las obras", dijo el titular del Ipvdu, Gustavo Durán.
La concreción de las obras de infraestructura para el megaemprendimiento fue dividida en tres sectores, con valores que promedian los $ 16,5 millones. En este rubro se contemplan las redes caminera, de agua potable, de cloacas, de energía eléctrica, de gas natural y a los desagües pluviales. En tanto, los trabajos complementarios (que involucran las redes y las conexiones centrales de las 3.000 viviendas) fueron pautadas por el Poder Ejecutivo en $ 30,7 millones.
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