Por Redacción Política
10 Febrero 2006
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El proyecto de instalar una megasala de juegos en predios del Hipódromo tiene varios frentes abiertos en la Justicia provincial. Sin embargo, la empresa patagónica Casino Club diseñó una estrategia para sortear, en forma provisoria, aquellos obstáculos.
Mediante resolución interna, el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Osvaldo Jaldo, autorizó a la firma que explote 300 máquinas tragamonedas en un local emplazado en el oeste de San Miguel de Tucumán.
El instrumento aclara que se trata de un permiso provisorio, hasta tanto sea resuelta la situación judicial del emprendimiento inicial. Este comprende la habilitación de 1.000 tragamonedas, pero no establece dónde deben instalarse las maquinitas. Con base en ese texto, Casino Club ya inició las obras de remodelación de un galpón ubicado sobre Adolfo de la Vega (donde funcionaba la ex concesionaria Orly). Allí se instalará una casa de juegos con un tercio del millar de máquinas que puede explotar la firma.
A cambio de la adjudicación obtenida en 2004, Casino Club se comprometió a construir un moderno centro de convenciones, que sería donado al Estado provincial. En la reciente resolución transitoria, la empresa ratificó todos los compromisos asumidos con el Gobierno. El instrumento también especifica que, antes de la habilitación del local, la Caja Popular deberá aprobar las obras concretadas.
La polémica por la habilitación de las maquinitas se remonta a noviembre de 2004, cuando el Poder Ejecutivo prorrogó por dos décadas un convenio que vencía el 11 de enero de este año. La decisión habilitó al Jockey Club a continuar con la explotación de la actividad en el Hipódromo. En la prórroga, también se autorizó la instalación de un centro de entretenimientos, que sería construido por Casino Club. Esta empresa recibió la concesión para explotar las 1.000 tragamonedas en forma directa.
La posibilidad de que la empresa subdivida en pequeñas salas las maquinitas motivó que desde la oposición legislativa presentarán, durante enero, un nuevo pedido de interpelación en contra del ministro de Economía, Jorge Jiménez.
Mediante resolución interna, el interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Osvaldo Jaldo, autorizó a la firma que explote 300 máquinas tragamonedas en un local emplazado en el oeste de San Miguel de Tucumán.
El instrumento aclara que se trata de un permiso provisorio, hasta tanto sea resuelta la situación judicial del emprendimiento inicial. Este comprende la habilitación de 1.000 tragamonedas, pero no establece dónde deben instalarse las maquinitas. Con base en ese texto, Casino Club ya inició las obras de remodelación de un galpón ubicado sobre Adolfo de la Vega (donde funcionaba la ex concesionaria Orly). Allí se instalará una casa de juegos con un tercio del millar de máquinas que puede explotar la firma.
A cambio de la adjudicación obtenida en 2004, Casino Club se comprometió a construir un moderno centro de convenciones, que sería donado al Estado provincial. En la reciente resolución transitoria, la empresa ratificó todos los compromisos asumidos con el Gobierno. El instrumento también especifica que, antes de la habilitación del local, la Caja Popular deberá aprobar las obras concretadas.
La polémica por la habilitación de las maquinitas se remonta a noviembre de 2004, cuando el Poder Ejecutivo prorrogó por dos décadas un convenio que vencía el 11 de enero de este año. La decisión habilitó al Jockey Club a continuar con la explotación de la actividad en el Hipódromo. En la prórroga, también se autorizó la instalación de un centro de entretenimientos, que sería construido por Casino Club. Esta empresa recibió la concesión para explotar las 1.000 tragamonedas en forma directa.
La posibilidad de que la empresa subdivida en pequeñas salas las maquinitas motivó que desde la oposición legislativa presentarán, durante enero, un nuevo pedido de interpelación en contra del ministro de Economía, Jorge Jiménez.
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