Los dueños de los partidos

Las migraciones de veteranos dirigentes políticos de unas filas a otras para perdurar como dueños de los cuadros partidarios tiene actualmente en el oficialismo nacional y en la mayoría de las provincias una paradigmática demostración en el engrose del kirchnerismo, especialmente en el conurbano bonaerense. Ese fenómeno tradicional y últimamente acentuado no es único, pues también se produce en otros partidos, si bien tiene mayor significación cuando se trata del gobernante. El testimonio más inmediato acaba de registrarse precisamente en la provincia de Buenos Aires, donde el Consejo Justicialista resolvió pasarse en bloque a la corriente presidencial, después de haber apadrinado al duhaldismo opositor, derrotado ampliamente en las últimas elecciones legislativas. El enunciado y el hecho consumado constituyen una realidad contradictoria con el espíritu constitucional de la gestión del Estado, en el que las reelecciones limitadas para los cargos son una garantía de renovación política y de las generaciones representativas. Ese modelo democrático universal condiciona igualmente a los partidos, instituciones intermedias ineludibles en nuestro sistema para la selección y propuesta de los candidatos. Sin embargo, desde la restauración constitucional, los hechos han demostrado pertinazmente que la realidad dista bastante de ese modelo paradigmático, sin que gobierno alguno cumpliera con sus compromisos para lograrlo.
La reciente mutación en el PJ bonaerense, suerte de gatopardismo en el que los cambios sirven a esa realidad inmutable, prepara el terreno a otra operación mayor y de orden nacional, en la que los aparatos reubicados habrán de encarar la nueva conducción máxima y tratarán de eludir la elección de afiliados mediante convenciones de sobrevivientes. Suspendida de hecho la publicidad periódica de los padrones partidarios -con tolerancia manifiesta de la justicia electoral-, el perenne pasado argentino tendrá el maquillaje necesario para concurrir al futuro escenario electoral sin objeciones formales. Todo ello será posible, por cierto también, favorecido por el escaso interés demostrado por la oposición política en promover una reforma del sistema representativo, que no figura en partido alguno, veterano o nuevo, más allá de los comentarios ocasionales que no toman estado parlamentario. Los únicos esfuerzos y movimientos públicos para cambiar el rumbo que está paralizando la acción dinámica de las instituciones republicanas han estado a cargo de la decaída Mesa de Diálogo Argentino y de numerosas ONG; con eco en los comienzos del actual Gobierno, pero acallados después por el recurrente discurso oficial del cambio sin propuestas y por los descarados blanqueos de dirigencias.
Invirtiendo el orden de los hechos ineludibles, el tema de las elecciones generales de 2007, en las que será posible la reelección presidencial, es ya motivo de incipientes internas oficialistas, acuciadas por la conservación del poder, pero que esquiva toda referencia al estado de descomposición y de anacronismo del régimen representativo vigente. Como ya ocurrió invariablemente desde la restauración constitucional, el mensaje oficial se prepara para repetir que no hay tiempo ahora para reformas y que se harán después de las urnas. No muy diferente ha de ser el compromiso ritual entre la oposición, en la que el fraccionamiento partidario no facilita poder suficiente ni se advierte capacidad para propuestas en común al servicio de la ciudadanía, burlada por el anquilosamiento representativo. Y es así porque ya no se trata de una mera reforma normativa, que reconvierta en partidos a los aparatos, sino de otra más profunda, ética y moral de la clase política para impedir que los intereses del país se administren mediante caudillajes perennes y aparatos cerrados al dinámico sentimiento ciudadano.