Luego de dos meses de investigar sumariamente al titular de la Legislatura, Sisto Terán, el juez Víctor Pérez llegó a una severa conclusión: "las piezas del expediente informan de un elevado índice de acrecentamiento patrimonial, desde 1999 hasta la fecha, del vicegobernador y sus allegados directos". Por ello, el magistrado solicitó la destitución, previo juicio político, del presidente de la Cámara, por la presunta comisión de cohecho activo y de enriquecimiento ilícito. Este planteo fue rápidamente rechazado.
En el escrito, que fue acompañado por seis cuerpos de expediente que totalizaron 1.111 fojas, el juez argumentó que el crecimiento patrimonial se advierte "en la compra de bienes inmuebles y automotores a nombre propio (de Terán) y de algunos familiares directos y amigos personales". El magistrado hizo especial referencia a la situación de la empresa G.M.S. Servicios S.R.L, de las que forman parte "Sylvana Beatriz Dellarossa, Marcelo Daniel Yanotti y Gerardo Pablo Patricio Anadón, esposa, patrocinante y amigo del vicegobernador, respectivamente".
También mencionó los bienes y la situación patrimonial de Agro-Avance S.A., de la cual forman parte, "además de Anadón, Luciana Terán Nougués, hermana del vicegobernador, y su esposo, José Eduardo Posse, como presidente".
Aportes clave
Pérez también basó su pedido en la denuncia ratificada ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por la esposa del legislador Mariano Poliche, Amelia Alejandra Ducca, según consta en el expediente. En él se lee que ella habló de un reparto de $2 millones en Lecop para los 27 legisladores que votaron por la habilitación de la reforma de la Constitución.
"Tal libelo (la denuncia escrita llevada por Ducca, según consta en el expediente) implica un elemento insoslayable, imposible de dejar de tener en cuenta por la similitud de la firma inserta en él y porque no ha sido declarada nula la ratificación efectuada (por la mujer) ante el Ministerio Público", manifestó.
Pérez fue terminante. "Con el escrito de Ducca de Poliche, su ratificación en la fiscalía y lo manifestado por el legislador Osvaldo Cirnigliaro concluimos que nos encontramos ante testimoniales y/o presunciones graves, precisas y concordantes que permiten fundar un grado de sospecha suficiente en atención al presunto cohecho", dijo.
DESDE EL INTERBLOQUE
Solicitan a Terán que deje sus privilegios
El interbloque de oposición le reclamó al vicegobernador Sisto Terán "la inmediata declinación de sus inmunidades y su puesta a disposición para la investigación jurisdiccional, para lo cual no es necesaria ninguna otra resolución que su propia decisión". El radical José Ascárate sostuvo que, a diferencia de los fueros legislativos -que son colectivos-, Terán puede sustraerse del privilegio que lo alcanza.
Los opositores no participaron de la reunión de Labor Parlamentaria, demostrando el malestar por el archivo, sin debate, del pedido de destitución de Terán. "Rechazamos e impugnamos por insanablemente nula la decisión de la comisión de Juicio Político, tomada sin los mínimos recaudos ni el adecuado estudio del expediente", señalaron los radicales Rubén Chebaia, Federico Romano Norri, Osvaldo Morelli y Ascárate; el socialista Rodolfo Succar; María Pitté Ford de Landa (ex FR); el republicano Miguel Brito; los peronistas Osvaldo Cirnigliaro y Julio Díaz Lozano, y Gumersindo Parajón (PU).
EN LA PROXIMA SESION
Dos reformistas piden sus propios desafueros
Luego de posponer la reunión de las 11 para las 17.30, los presidentes de bloque que acudieron a la Labor Parlamentaria de ayer decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes, sin convocar a una sesión.
Los parlamentarios acudirían al recinto el próximo martes, teniendo como temario tentativo un orden del día que incluiría el tratamiento del decreto 7.233 del Poder Ejecutivo, que modifica la ley de la operatoria FET en su reglamentación. El pedido de interpelación al ministro de Educación, Próspero Barrionuevo, promovido por el Movimiento Independiente, también sería debatido. Paralelamente, el ex bussista Gustavo Rojas Alcorta y el peronista Gerónimo Vargas Aignasse presentaron sendos pedidos para que la Cámara apruebe sus propios desafueros, a fin de poder someterse a la Justicia.
El justicialista, como medida complementaria, radicó en la Cámara Penal una acción de inconstitucionalidad de los artículos 59 y 60 de la Constitución local y 15 del Código Procesal Penal.
En el escrito, que fue acompañado por seis cuerpos de expediente que totalizaron 1.111 fojas, el juez argumentó que el crecimiento patrimonial se advierte "en la compra de bienes inmuebles y automotores a nombre propio (de Terán) y de algunos familiares directos y amigos personales". El magistrado hizo especial referencia a la situación de la empresa G.M.S. Servicios S.R.L, de las que forman parte "Sylvana Beatriz Dellarossa, Marcelo Daniel Yanotti y Gerardo Pablo Patricio Anadón, esposa, patrocinante y amigo del vicegobernador, respectivamente".
También mencionó los bienes y la situación patrimonial de Agro-Avance S.A., de la cual forman parte, "además de Anadón, Luciana Terán Nougués, hermana del vicegobernador, y su esposo, José Eduardo Posse, como presidente".
Aportes clave
Pérez también basó su pedido en la denuncia ratificada ante el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por la esposa del legislador Mariano Poliche, Amelia Alejandra Ducca, según consta en el expediente. En él se lee que ella habló de un reparto de $2 millones en Lecop para los 27 legisladores que votaron por la habilitación de la reforma de la Constitución.
"Tal libelo (la denuncia escrita llevada por Ducca, según consta en el expediente) implica un elemento insoslayable, imposible de dejar de tener en cuenta por la similitud de la firma inserta en él y porque no ha sido declarada nula la ratificación efectuada (por la mujer) ante el Ministerio Público", manifestó.
Pérez fue terminante. "Con el escrito de Ducca de Poliche, su ratificación en la fiscalía y lo manifestado por el legislador Osvaldo Cirnigliaro concluimos que nos encontramos ante testimoniales y/o presunciones graves, precisas y concordantes que permiten fundar un grado de sospecha suficiente en atención al presunto cohecho", dijo.
DESDE EL INTERBLOQUE
Solicitan a Terán que deje sus privilegios
El interbloque de oposición le reclamó al vicegobernador Sisto Terán "la inmediata declinación de sus inmunidades y su puesta a disposición para la investigación jurisdiccional, para lo cual no es necesaria ninguna otra resolución que su propia decisión". El radical José Ascárate sostuvo que, a diferencia de los fueros legislativos -que son colectivos-, Terán puede sustraerse del privilegio que lo alcanza.
Los opositores no participaron de la reunión de Labor Parlamentaria, demostrando el malestar por el archivo, sin debate, del pedido de destitución de Terán. "Rechazamos e impugnamos por insanablemente nula la decisión de la comisión de Juicio Político, tomada sin los mínimos recaudos ni el adecuado estudio del expediente", señalaron los radicales Rubén Chebaia, Federico Romano Norri, Osvaldo Morelli y Ascárate; el socialista Rodolfo Succar; María Pitté Ford de Landa (ex FR); el republicano Miguel Brito; los peronistas Osvaldo Cirnigliaro y Julio Díaz Lozano, y Gumersindo Parajón (PU).
EN LA PROXIMA SESION
Dos reformistas piden sus propios desafueros
Luego de posponer la reunión de las 11 para las 17.30, los presidentes de bloque que acudieron a la Labor Parlamentaria de ayer decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes, sin convocar a una sesión.
Los parlamentarios acudirían al recinto el próximo martes, teniendo como temario tentativo un orden del día que incluiría el tratamiento del decreto 7.233 del Poder Ejecutivo, que modifica la ley de la operatoria FET en su reglamentación. El pedido de interpelación al ministro de Educación, Próspero Barrionuevo, promovido por el Movimiento Independiente, también sería debatido. Paralelamente, el ex bussista Gustavo Rojas Alcorta y el peronista Gerónimo Vargas Aignasse presentaron sendos pedidos para que la Cámara apruebe sus propios desafueros, a fin de poder someterse a la Justicia.
El justicialista, como medida complementaria, radicó en la Cámara Penal una acción de inconstitucionalidad de los artículos 59 y 60 de la Constitución local y 15 del Código Procesal Penal.
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