La noticia de que los jueces de 12 distritos podrán jubilarse con un haber equivalente al 82% móvil de los salarios que perciben quienes se encuentran en actividad trascendió los límites de Tucumán. El presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, el rionegrino Alberto Balladini, elogió el hecho y aclaró que la medida no constituye un privilegio a favor de los magistrados, sino una garantía para asegurar la independencia del Poder Judicial.
El martes, el gobernador José Alperovich se reunió en la Capital Federal con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. En la oportunidad, este le confirmó que, durante los próximos seis meses, estará todo arreglado para que los jueces de las provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación gocen del 82% móvil cuando se retiren, como sucede con los magistrados federales.
Pese a que todos dependen previsionalmente de la Nación, los jueces federales están comprendidos en la Ley 24.018 (preve la movilidad), mientras que a los de las 11 provincias en cuestión se les aplica la Ley 24.241, según el cual los haberes jubilatorios tienen un tope ($ 3.200). En esta última situación, se encuentran los magistrados de Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro, y la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a esta situación, la institución que preside Balladini y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) vienen haciendo gestiones para que todos los magistrados -y no sólo los federales- gocen del 82% móvil.
Principio de equidad
Balladini, juez del Superior Tribunal de Río Negro, aseguró a LA GACETA que espera que la promesa de Tomada pueda concretarse este año. “Todos somos magistrados de la Nación, por más que algunos pertenezcamos a las competencia provincial y otros a la federal. Todos estamos imbuidos de la misma capacidad jurisdiccional que da la Constitución. Es un principio de equidad que quienes han aportado por muchos años tengan un tratamiento igualitario que otros jueces de la República”, destacó. Y precisó que más del 90% del servicio de Justicia es prestado en la Argentina por medio de los tribunales provinciales.
La independencia del Poder Judicial, aclaró Balladini, se cimenta sobre dos pilares: la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus salarios. “Muchas veces se toman estos dos elementos sustanciales como privilegios, pero se trata de una garantía institucional. Los magistrados deben durar en sus cargos mientras tengan buena conducta y sus haberes no pueden quedar expuestos a los vaivenes de los restantes poderes del Estado. Estas dos cosas les dan tranquilidad espiritual para cumplir su función”, concluyó.
El martes, el gobernador José Alperovich se reunió en la Capital Federal con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. En la oportunidad, este le confirmó que, durante los próximos seis meses, estará todo arreglado para que los jueces de las provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación gocen del 82% móvil cuando se retiren, como sucede con los magistrados federales.
Pese a que todos dependen previsionalmente de la Nación, los jueces federales están comprendidos en la Ley 24.018 (preve la movilidad), mientras que a los de las 11 provincias en cuestión se les aplica la Ley 24.241, según el cual los haberes jubilatorios tienen un tope ($ 3.200). En esta última situación, se encuentran los magistrados de Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro, y la Ciudad de Buenos Aires.
Frente a esta situación, la institución que preside Balladini y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) vienen haciendo gestiones para que todos los magistrados -y no sólo los federales- gocen del 82% móvil.
Principio de equidad
Balladini, juez del Superior Tribunal de Río Negro, aseguró a LA GACETA que espera que la promesa de Tomada pueda concretarse este año. “Todos somos magistrados de la Nación, por más que algunos pertenezcamos a las competencia provincial y otros a la federal. Todos estamos imbuidos de la misma capacidad jurisdiccional que da la Constitución. Es un principio de equidad que quienes han aportado por muchos años tengan un tratamiento igualitario que otros jueces de la República”, destacó. Y precisó que más del 90% del servicio de Justicia es prestado en la Argentina por medio de los tribunales provinciales.
La independencia del Poder Judicial, aclaró Balladini, se cimenta sobre dos pilares: la inamovilidad de los jueces y la intangibilidad de sus salarios. “Muchas veces se toman estos dos elementos sustanciales como privilegios, pero se trata de una garantía institucional. Los magistrados deben durar en sus cargos mientras tengan buena conducta y sus haberes no pueden quedar expuestos a los vaivenes de los restantes poderes del Estado. Estas dos cosas les dan tranquilidad espiritual para cumplir su función”, concluyó.







