Una comisión analizará los últimos vetos del Ejecutivo

La catarata de vetos con la que el gobernador José Alperovich inició 2006, parece haber colmado la paciencia de los legisladores. El vicegobernador Fernando Juri anticipó que la Cámara hará uso de sus prerrogativas constitucionales para insistir con algunas de las normas dejadas sin efecto por el Poder Ejecutivo y anunció la conformación de una comisión especial para analizar todas las objeciones.
Juri descartó, sin embargo, que los 19 vetos que Alperovich firmó en el último mes se transformen en un problema institucional entre dos poderes del Estado. "En la medida que se actúe dentro de la Constitución no habrá ningún problema. El está habilitado para vetar, nosotros para insistir", explicó .

Defensa de la Legislatura
Como para fogonear la polémica, la Legislatura recibió ayer la notificación de tres nuevos vetos a normas sancionadas en la sesión del 28 de diciembre. El PE dejó sin efecto la afectación del edificio central del ex Banco Provincia para la instalación de un centro cultural y la creación del nivel Polimodal en escuelas de Atahona y Santa Ana. Las resoluciones se suman a las que trabaron la creación de cinco fiscalías de Instrucción Penal en comisarías de la Capital, Tafí Viejo y Banda del Río Salí, y las modificaciones en los límites del departamento Burruyacu.
El justicialista Oscar Godoy, anticipó que esta última ley sería una de las que la Legislatura dejaría firme con su insistencia. El titular de la comisión de Reordenamiento Territorial, que funciona desde 2004, defendió el trabajo realizado por la Legislatura.
"Convocamos a todos los sectores, escuchamos a los funcionarios, relevamos los instrumentos administrativos y legales y realizamos inspecciones en el lugar", relató el sorprendido parlamentario. El PE sostuvo para vetar el nuevo mapa de Burruyacu, que los parlamentarios habían actuado sin fundamentos y sugirió que se intentó perjudicar a distintas comunas rurales para beneficiar al municipio que conduce el oficialista Sergio Leal.
"Vamos a analizar los fundamentos del veto del gobernador, pero puedo anticipar que vamos a tomar una decisión que privilegie los intereses de la comunidad. La Provincia tiene vacíos jurídicos por la vigencia de una ley territorial que es vetusta e inaplicable", manifestó Godoy.
La Constitución fija que la Cámara puede transformar un veto en ley, con los 2/3 de los votos de los miembros presentes. Además dispone que, si la norma vuelve a ser sancionada en el siguiente período de sesiones, el PE estará obligado a promulgarla.