El "goberlegislador"

El gobernador José Alperovich vetó 19 leyes en 30 días. Siete de esas normas habían sido sancionadas con bombos y platillos por la Legislatura en su última sesión de 2005, realizada el 28 de diciembre. Puede parecer una broma tardía por el Día de los Inocentes, pero no lo es. Algo está funcionando mal en la relación entre los poderes públicos y pareciera que ninguno de los involucrados está dispuesto a asumir el problema.
Cincuenta y nueve vetos y 40 decretos de necesidad y urgencia en apenas 27 meses de administración muestran una vocación insaciable del Ejecutivo para inmiscuirse en la actividad parlamentaria. La contracara es una Cámara dominada por el PJ y sumisa ante el ritmo legislativo que le impone Alperovich. En los últimos dos períodos de sesiones sólo se insistió en un par de leyes vetadas y más de la mitad de los decretos de necesidad y urgencia quedó avalada tras transformarse en ley o con el solo paso del tiempo.
El fenómeno no es nuevo. Forma parte del contrato de convivencia obligada que acordaron el gobernador y su vice, Fernando Juri, tras la puja que tensó la cuerda entre el Ejecutivo y la Legislatura por el control del Presupuesto en 2004. Lo novedoso es que Alperovich inició 2006 dispuesto a marcar terreno con los legisladores, en un año que será definitorio para la continuidad de su proyecto político. No hay otra forma de justificar que, en menos de un mes, haya firmado un paquete de vetos que incluyó normas que habían sido sancionadas con el mote de “Política de Estado” por opositores y oficialistas.

Tres argumentos
En los corrillos del poder -tanto en el edificio de avenida Sarmiento al 600 como en la Casa de Gobierno- se utilizan al menos tres argumentos para explicar la modalidad de trabajo del “goberlegislador”. Hay quienes sostienen que actúa dentro de las facultades que le confieren la Constitución y las leyes. La explicación es rigurosamente cierta y suele formar parte de los descargos públicos, tanto del gobernador como de su vice, cada vez que se firma un decreto o un veto. Sin embargo, no permite tomar dimensión real de un fenómeno sin antecedentes en la provincia.
En una segunda línea de argumentos se cargan tintas sobre la tarea de los legisladores. Este justificativo encuentra sustento en los considerandos de la mayoría de los vetos que firmó Alperovich. El Ejecutivo suele objetar las decisiones por carecer de fundamentos o contradecir otras normas vigentes. En otras palabras, los legisladores trabajarían mal y el gobernador no tendría otro camino que controlar sus errores plasmados en leyes. La decisión parlamentaria de no insistir con casi todas las normas anuladas parece acompañar esta idea. En el Gobierno, y también en la Cámara, muchos reconocen en silencio que hay representantes del pueblo a los que les interesa más los aplausos tras la sanción de una ley que los resultados concretos de la decisión.
Pero, otra vez las explicaciones se quedan cortas. En su aluvión de vetos y de decretos, Alperovich se metió con asuntos que habían merecido un estudio serio y consensuado en las comisiones de la Legislatura. La frustrada reforma al Código Tributario en 2004, la anulación del Régimen de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y de los cambios limítrofes en Burruyacu en 2006, abonan esta línea de pensamiento. Aquí es donde aparecen los argumentos del poder y la férrea decisión del “goberlegislador” de no ceder un tranco de su avasallante protagonismo .
En tiempos de reforma constitucional y de promesas rimbombantes, esta cuestión debería provocar un poco más de atención de los hombres públicos. Cualquiera que sea el argumento con el que se busque explicar lo que pasa, no podrá dejar de considerar que está en juego la calidad institucional. Algo que podría garantizar a los tucumanos, mucho más que 50 años de éxitos.