Ayer, cuando salió de la reunión con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, el gobernador José Alperovich estaba apurado por comunicarse con sus funcionarios en Tucumán. Tenía una buena noticia. Obtuvo el compromiso de que, finalmente, los jueces provinciales podrán jubilarse con un haber equivalente al 82% móvil de los salarios que perciben quienes se encuentran en actividad. “Todo está muy avanzado y saldrá dentro de los próximos seis meses”, dijo a LA GACETA desde Buenos Aires.
Desde hace mucho tiempo, por diferentes canales, los magistrados de ocho provincias más la ciudad de Buenos Aires vienen bregando porque su situación previsional sea equiparada a la de los jueces federales, que gozan del 82% móvil y que están comprendidos en la Ley 24.018. Hoy, en cambio, su situación es prevista por la Ley 24.241, que establece un tope (actualmente es de $ 3.300 para quienes se jubilan con el mayor rango).
Los jueces que serían beneficiados por el compromiso asumido por Tomada pertenecen a las provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación. Son los casos de Tucumán (1996), Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Río Negro, además de la ciudad de Buenos Aires.
Una larga historia
Los jueces tucumanos fueron de los primeros en iniciar gestiones, por considerar que no es equitativo que, pese a estar dentro de la misma órbita previsional de la Nación, tengan una situación desfavorable en comparación con sus pares federales.
Por el caso tucumano Alperovich efectuó un reclamo en abril de 2004 ante la Anses, pero Tomada respondió que la solución debía ser global para todos los distritos. Por ello, a fines de 2005, la Junta Federal de Cortes Supremas de Justicia de las provincias y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) presentaron ante la Anses un estudio acerca de cuánto costaría la transferencia. Y la respuesta -de Tomada- llegó justo hoy, cuando deben reintegrarse a sus funciones tras la feria de enero.
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, ayer estaba exultante. Recibió con júbilo la posibilidad de que los jueces tucumanos puedan jubilarse con un haber equivalente al 82% móvil de los salarios que perciben quienes se encuentran en actividad. Hoy, en cambio, existe un tope de $ 3.300.
En la actualidad, muchos magistrados estiran los años de actividad para evitar la pérdida en los ingresos que les significa la jubilación. “El 82% es importante, porque hoy es tal la desvinculación entre la prestación previsional máxima y lo que gana un activo que retirarse para percibir el 50% (de lo que antes se recibía) es poco atractivo. Esta desproporción afecta el proceso de renovación natural del Poder Judicial”, reconoció Dato.
Según el magistrado, que un juez perciba una adecuada retribución, incluso una vez que se retira, forma parte de la garantía de la independencia.
“Un buen sistema previsional para los jueces es también bueno para la sociedad. La libertad de acción y de conciencia que necesitan los litigantes requiere que quienes resuelvan sus cuestiones dispongan de un ingreso digno, aun cuando dejan de estar en actividad”, concluyó Dato.
Desde hace mucho tiempo, por diferentes canales, los magistrados de ocho provincias más la ciudad de Buenos Aires vienen bregando porque su situación previsional sea equiparada a la de los jueces federales, que gozan del 82% móvil y que están comprendidos en la Ley 24.018. Hoy, en cambio, su situación es prevista por la Ley 24.241, que establece un tope (actualmente es de $ 3.300 para quienes se jubilan con el mayor rango).
Los jueces que serían beneficiados por el compromiso asumido por Tomada pertenecen a las provincias cuyos sistemas previsionales fueron transferidos a la Nación. Son los casos de Tucumán (1996), Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis y Río Negro, además de la ciudad de Buenos Aires.
Una larga historia
Los jueces tucumanos fueron de los primeros en iniciar gestiones, por considerar que no es equitativo que, pese a estar dentro de la misma órbita previsional de la Nación, tengan una situación desfavorable en comparación con sus pares federales.
Por el caso tucumano Alperovich efectuó un reclamo en abril de 2004 ante la Anses, pero Tomada respondió que la solución debía ser global para todos los distritos. Por ello, a fines de 2005, la Junta Federal de Cortes Supremas de Justicia de las provincias y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) presentaron ante la Anses un estudio acerca de cuánto costaría la transferencia. Y la respuesta -de Tomada- llegó justo hoy, cuando deben reintegrarse a sus funciones tras la feria de enero.
Una garantía que brinda independencia
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, ayer estaba exultante. Recibió con júbilo la posibilidad de que los jueces tucumanos puedan jubilarse con un haber equivalente al 82% móvil de los salarios que perciben quienes se encuentran en actividad. Hoy, en cambio, existe un tope de $ 3.300.
En la actualidad, muchos magistrados estiran los años de actividad para evitar la pérdida en los ingresos que les significa la jubilación. “El 82% es importante, porque hoy es tal la desvinculación entre la prestación previsional máxima y lo que gana un activo que retirarse para percibir el 50% (de lo que antes se recibía) es poco atractivo. Esta desproporción afecta el proceso de renovación natural del Poder Judicial”, reconoció Dato.
Según el magistrado, que un juez perciba una adecuada retribución, incluso una vez que se retira, forma parte de la garantía de la independencia.
“Un buen sistema previsional para los jueces es también bueno para la sociedad. La libertad de acción y de conciencia que necesitan los litigantes requiere que quienes resuelvan sus cuestiones dispongan de un ingreso digno, aun cuando dejan de estar en actividad”, concluyó Dato.
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