Urge controlar ríos y balnearios

La combinación de imprudencia ciudadana y negligencia de los funcionarios políticos y administrativos se ha transformado en un cóctel mortal. Ríos, diques, balnearios, canales y natatorios son trampas al acecho dispuestas a convertir cualquier jornada veraniega en una tragedia.
En la noche del viernes, en el río Loro, dos jóvenes bañistas fueron arrastrados por la corriente y atrapados por los remolinos . Podrían haber sido un número más en la estadística que refleja que entre 2 y 4 personas son rescatadas por día en la zona del dique El Cadillal. Pero, esta vez, la suerte faltó a la cita y el destino se llevó la vida de un niño de 11 años y de su primo de 18, que intentó salvarlo mientras aquel era arrastrado por el agua.
La crónica de nuestro diario aludió al hecho de que estaba prohibido nadar en la zona en que se produjo la tragedia. Los especialistas hablaron de imprudencia, aunque se admitió que en ese tramo no había guardavidas oficiales, porque el predio está concesionado a un operador privado. El operador intentó deslindar responsabilidades, tras argumentar que se les recomendó a las víctimas que no se bañaran en una zona cuyo acceso estaba vedado por un alambrado y por un descuidado cartel. Los lamentos y las excusas llegaron tarde. El daño era, otra vez, irreversible.
La fatídica cifra de muertos en el paraje “Paso de las Lanzas” trepó, con las víctimas del fin de semana, a 13 en ocho años. Pero, sólo en enero, seis personas fallecieron ahogadas en los distintos cursos de agua de la provincia: dos en el embalse de La Angostura, una en el río de El Sunchal en Burruyacu y otra en la zona del río Loro en que murieron los dos jóvenes el viernes.
El dato estadístico no es irrelevante. Es la consecuencia lógica de una cultura social en la que la adrenalina del riesgo y de la diversión parecen imponerse por sobre cualquier precaución frente a la incontrolable naturaleza. Los informes que consignan que cada fin de semana miles de tucumanos se refrescan alcoholizados en ríos, diques o balnearios es un síntoma demasiado elocuente de la imprudencia.
El desinterés de las personas por el cuidado de su propia vida debería, sin embargo, tener una contracara que hasta aquí está ausente. Hablamos del Estado y de su poder de policía para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que violentan las normas y las previsiones. Como muestra, se puede mencionar que la Policía Lacustre, aquella fuerza creada precisamente para trabajar en el control de los cursos de agua provinciales, hasta ayer no contaba con una sede propia en El Cadillal porque tuvo que cederla a la secretaría de Turismo.
Urge tomar una decisión firme para terminar con este lamentable cuadro de situación. Las autoridades estatales deberían convocar a una urgente reunión de todos los factores involucrados en el problema para adoptar un plan de emergencia hasta que finalice este tórrido verano. Los pronósticos climáticos anticipan que seguirán las altas temperaturas, por lo que mucha gente continuará buscando un desahogo a costa de la imprudencia.
El llamado debería incluir a los concesionarios privados de las decenas de campings y de balnearios que proliferaron en los últimos años. Los empresarios deben asumir la responsabilidad en igual proporción al rédito económico que reciben. También habría que avanzar con un relevamiento sobre las zonas más críticas y definir un programa que, con guardias permanentes o cercas de alambres de púa, garantice que nadie podrá acercarse a ellas para probar suerte. Es preciso recuperar el valor de la vida y la sensación de que el Estado estará siempre para protegerla.