Omnisciente

A 18 días de las estivales elecciones para convencionales constituyentes, el único que hace campaña -y vaya si lo hace- es quien no será candidato: el gobernador José Alperovich. El es quien todos los días le pide a la ciudadanía -y en lenguaje muy tucumano- que le dé una mano, como si se tratara de una gauchada personal. Y por las dudas alguien haya quedado sin oírlo, hizo empapelar la provincia con unos afiches, en el que la cara -de él, obviamente- y el tono es otro: ya no es el del amigo que necesita un favor, sino del que exige a otro, como si fuera un acreedor. “El 19 de febrero tenemos dos obligaciones: votar y defender el futuro”, dispara. Pese a que habla en primera persona del plural, los carteles sugieren que el futuro de Tucumán, reelección mediante, es él, ya en tercera persona del singular, porque nadie más aparece en la fotografía.
El tercer mensaje oficial, que circula por los medios audiovisuales, ya raya con lo intimidante. En vez de resaltar la responsabilidad que siempre conlleva el votar, atemoriza con las posibles sanciones que esperan a quienes no lo hagan. El sufragio aparece, entonces, no como una herramienta de participación cívica, sino como una presión y como una advertencia para quienes osen no defender el próspero futuro que espera después -y sólo después- de haber reformado la Constitución. El tremendismo político no es nuevo. Carlos Menem, cuando iba por la reelección, asustaba con el “yo o el caos”. En términos parecidos, el gobernador reclama que lo apoyen para que Tucumán, por su infatigable mano, no vuelva nunca más al pasado. Pero este cuasi apriete tiene otra razón de ser. Como los principales partidos de la oposición no legitimarán el proceso de enmienda en marcha, necesita un aval popular inobjetable.
Alperovich no sólo es candidato sin haber sido inscripto por la Junta Electoral, sino que también es, desde hace tiempo, convencional omnisciente. El otro es el vicegobernador Fernando Juri. Esto es lo que demostraron, durante la reunión del lunes en la Casa de Gobierno, cuando definieron cuáles son las cuestiones que verdaderamente les importan. En primer lugar, convinieron resolver si la posibilidad de la reelección será sólo por un período, como sucede en el orden nacional, o si será sin límites, como sugirió Alperovich, aunque para negociar desde una mejor posición los otros puntos. En el jurismo conjeturan que, más allá del condominio forzoso que construyeron, una prolongación infinita del alperovichismo puede ser proporcional a la postergación de sus propias expectativas de llegar al Poder Ejecutivo.
En el tema de la designación de los jueces, el problema que afrontan es cómo conformar un Consejo de la Magistratura que no se les vaya de la mano y que no sea prácticamente otro poder. En cuanto a la remoción, crece la idea de un jurado de enjuiciamiento para los magistrados inferiores (el juicio político sería reservado para los funcionarios del PE y para los vocales de la Corte Suprema), aunque la Legislatura no quiere perder poder en el sistema.
Los otros ejes son la magnitud de la autonomía que concederán a los municipios y otorgar rango constitucional a los órganos de control. Eso sin contar la enrevesada cuestión electoral, porque la ley que declaró la necesidad de la reforma autorizó a tocar todo, salvo la división de la provincia en tres secciones. Lo único que pactaron, por insistencia de Juri, es el destierro definitivo de la Ley de Lemas, para desgracia de los trasnochados que querían un regreso al mecanismo de los sublemas, aunque acotado. La letra gruesa se la dejarán para quienes efectivamente resulten electos convencionales aunque no se los oiga y que aprobarán una Constitución mayormente enlatada de antemano.   
A diferencia de lo que sucedió con la reforma de 1990, en la que monologaba uno -Antonio Bussi-, ahora dialogan dos, aunque del mismo partido. Sin oposición en pie, el resultado, en consecuencia, parece que será el mismo: una Constitución monocromática.