La Anses, caja del Estado

El superávit del sistema previsional estatal de reparto, que en 2004 superó la recaudación de 2003 y en 2005 creció sobre el precedente en $ 2.800 millones, no se detendrá en 2006, de acuerdo con el cálculo sobre la recaudación tributaria. De manera que la Anses estaría en condiciones de revisar la situación discriminatoria, que desde hace largo tiempo se produce en la clase pasiva, como consecuencia del uso periódico de los recursos que practica el Gobierno para financiar el Tesoro.
En la última ocasión, ese desvío fue de $ 2.600 millones, destinados a saldar la deuda con el Fondo Monetario; otra muestra llamativa se produjo en oportunidad de la crisis energética, pero la frecuente apelación a los fondos jubilatorios con otros fines es una constante que de tanto en tanto trasciende, mientras aquella discriminación se agrava sin que la palabra oficial, al menos, trate de vaticinar su final. Reconocida esa situación por el presidente Kirchner poco antes de disponerse aquel aporte de la Anses destinado a saldar la deuda con el FMI, nada indica hasta el momento que tenga comienzo de enmienda.
Desde 1994, quienes perciben más de $ 1.000 mensuales no tuvieron mejora, lo que implica que a la fecha se perdió el 43% del poder adquisitivo, mientras la jubilación mínima fue elevada seis veces durante la actual administración y dos en la anterior. El resto de los beneficiarios hasta mil pesos tuvo aumentos hasta el 10%, lo que implica una pérdida de entre el 20 y el 30%.
Más allá de las ineludibles razones morales que han impuesto que el sector previsional sea el menos retribuido, las explicaciones oficiales no alcanzan para hacer comprensible esa discriminación a la luz de los excelentes resultados fiscales que difunden frecuentemente los voceros. Dos hechos alcanzan sin embargo para comprenderla: el tradicional empleo de los recursos previsionales con otros destinos y la amplia delegación de facultades en el Ejecutivo por el Congreso, donde no se ha registrado control alguno de su irregular ejercicio.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la Anses mantiene el superávit de caja a costa de los jubilados que perciben por arriba del salario mínimo. Esa situación ha generado cientos de juicios por actualización de haberes a causa de la inflación, que invoca la movilidad prevista por la Constitución y que contempla favorablemente la Corte Suprema. Por otra parte, se encuentra legalmente establecido que los presupuestos anuales del Estado deberán fijar la proporción de esas actualizaciones, algo que tampoco se cumple actualmente.
La posición oficial ha llegado a sostener que no debe hacerse demagogia con la política salarial, pues los sueldos y las jubilaciones dependen del aumento de la producción y de la solidez fiscal del Estado. El argumento evidencia una perturbadora confusión, pues si los salarios están condicionados por aquellas exigencias, las jubilaciones tienen base en los aportes de la clase pasiva.
El viejo régimen estatal, al que cuatro de cada cinco trabajadores eluden para ir al privado, tiene por carga habitual servir a las urgencias del gobierno de turno. En el presente caso y dado el considerable superávit fiscal, hace caso omiso de los fines sociales  proclamados en el discurso oficial como objetivo ineludible.
La esperanza presidencial de que en algunos meses se pueda salir de tal injusticia e irregularidad deberá concretarse antes de que quienes tratan de asegurar su pasividad a la sombra del Estado adviertan que lo mejor es mantenerse lejos de los administradores públicos. Por lo demás y hasta el momento, la impunidad gubernamental parece haberse adueñado hasta de las instituciones para su control.