Con la cara pintada y dispuestos a ganar la batalla, los gremios docentes inician, esta semana, los últimos capítulos de la novela del salario docente, que comenzó el año pasado. La vigencia de la nueva Ley de Financiamiento Educativo anticipa un final feliz. Pero no tranquilo. La decisión del aumento de sueldo a los docentes no está en manos de la Provincia únicamente sino que depende, en gran parte, del movimiento de piezas en el Consejo Federal de Educación, donde Tucumán tiene representación a través de la secretaria de Educación, Susana Montaldo.
El Consejo Federal de Educación deberá discutir, el viernes, en Buenos Aires, qué porcentaje del fondo de financiamiento -que se crea con la ley 26.075- se va a destinar a mejoras salariales. Recordemos que también se deben destinar porcentajes para el mejoramiento de la infraestructura escolar, la capacitación de los docentes y la mejora de la calidad educativa en general. Todo esto se debe acordar entre los distintos ministros de Educación del país. Montaldo comenzará hoy una ronda de consultas con los gremios para recoger sus inquietudes y llevarlas a la mesa nacional.
La ley establece un aumento progresivo de la inversión educativa de 4 a 6% del PBI hasta 2010. Para este año se espera que los fondos destinados a educación asciendan a 6.800 millones de pesos, el triple de la inversión respecto de 2003. En 2010, esa suma llegaría a 53.000 millones de pesos (30.000 millones más que la inversión actual, que es de 23.000 millones). Hasta aquí, todo está bien, pero cuando se empieza a hilar fino, la situación no es tan fácil como parece. Para establecer un aumento de sueldo a los docentes es necesario ver cuánto dinero hay en el fondo, en el marco de una ley que recién comienza a transitar y que no está reglamentada. "Como son fondos coparticipables, hay que ver en qué medida crece el PBI. Es un tema que hay que analizar muy bien, porque también tenemos que respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal. A nivel nacional y provincial, se trata de poner límites al aumento de precios, y esto también tiene que ver con los salarios. En primer lugar debemos saber con qué fondo disponible contamos, y a partir de ahí pensar en las mejoras salariales", indicó a esta columna la profesora Montaldo.
Mientras avanzan las discusiones en el seno del Consejo Federal, la Provincia afina el lápiz. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, prometió a los gremios que va a estudiar el tema. Posiblemente en marzo habrá novedades concretas. Pero, mientras tanto, las clases están anunciadas para el 27. Para el gobierno es muy importante arrancar en esta fecha, para poder cumplir la meta de los 185 días de clases. Los gremios aprovechan ese talón de Aquiles para presionar. Pero ellos tampoco quieren un año conflictivo. Nadie quiere la huelga, pero tampoco quieren seguir con un básico de $ 260, reducido por el vale alimentario a $ 210. Por eso, están esperando señales claras del gobierno que les garanticen que en marzo va a haber una recomposición salarial. Un guiño podría bastar para un comienzo de clases en paz.
Más allá de los comienzos en la aplicación de esta ley, todos concuerdan en que se trata de un hecho histórico. Por primera vez, el país cuenta con una ley que garantiza el sostenimiento de la educación en forma real. La Nación aportará el 40% del Presupuesto para financiar el sistema y las provincias intervendrá con el 60% restante. Y esa garantía de que los fondos vayan al lugar que corresponde está puesta en el artículo 16, que establece una asignación específica de los recursos coparticipables en una cuenta especial, que van a poder ser controladas, para evitar que el dinero se invierta en otro lado, como ocurrió en gestiones presidenciales anteriores.
