Tras la feria judicial de enero, se reanudarán los trámites procesales para terminar de definir la suerte de Antonio Domingo Bussi. Su abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, interpuso un nuevo planteo para impedir el traslado de regreso a Tucumán del ex gobernador.
Hasta el momento, se mantiene firme la decisión del juez federal Jorge Parache de que Bussi retorne a la provincia el 21 de febrero. Con esa medida judicial, el magistrado pretende concretar la toma de declaraciones indagatorias en más de una decena de expedientes que se tramitan por violaciones a los derechos humanos.
En el escrito presentado por Conesa Mones Ruiz, se argumenta que un viaje pondría en riesgo la vida de Bussi, debido a su precario estado de salud. En sustento de tal afirmación, el abogado aportó numerosos certificados expedidos por los médicos del Hospital Militar, donde es tratado el ex mandatario por su afección cardiovascular. En los documentos de parte emitidos por el instituto bonaerense, se insiste en que no es conveniente cambiarlo de médicos ni de ámbito de residencia.
Las causas
Desde octubre de 2003, Bussi se encuentra procesado con prisión preventiva por el presunto secuestro y desaparición, en 1976, del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Esa situación le impidió asumir la intendencia de la capital, cargo al que renunció en setiembre del año pasado.
En diciembre de 2003, el militar retirado fue autorizado por el juez Parache a estar en detención domiciliaria en un country de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde vive también su hija Claudia Bussi. Ahora, Conesa Mones Ruiz solicitó el traslado del ex mandatario tucumano al departamento de su otra hija, María Fernanda, emplazado en la avenida Figueroa Alcorta 3.590, piso 11, Capital Federal. El abogado entiende que, de esa forma, Bussi estaría más cerca del lugar en que es tratado de sus patologías.
En las distintas causas abiertas contra el ex fundador de Fuerza Republicana (FR), también serán indagados los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmerman (está internado en el Hospital Militar y se espera un informe clínico para determinar si puede ser trasladado a Tucumán), Arturo Félix González Naya; y el policía Roberto Heriberto Albornoz, entre otros.
La ronda de declaraciones de Bussi abarcará desde el 21 de febrero hasta el 16 de mayo. En caso de que se agreguen expedientes, el plazo podría ampliarse, si el juez lo considera necesario.
El listado de causas sobre las que deberá declarar (puede abstenerse de dar datos, en caso de tratarse de estrategia defensiva, pero se considera cumplido el acto procesal) comenzará con Alicia Cerrota de Ramos. En segundo término, en tanto, será interrogado sobre la situación de María Alejandra Romero (que según el expediente judicial fue fusilada).
La nómina es integrada además por los casos de Enrique Pastor Cerezo; Carlos Román Apaza; Daniel Fontanarrosa; Graciela Bustamante de Argañaráz; Ramón Bianchi y Dante Bordón.
Planteos por un centro clandestino de detención
El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, solicitó que se abra una causa sobre la existencia del centro clandestino de detención de desaparecidos durante el proceso militar en la actual “Posta de los Arrieros”, que durante la década del 70 fue “El Motel”, nombre con el que figura en el documento Nunca Más.
El pedido será motorizado por el fiscal federal Emilio Ferrer durante febrero, cuando se reintegre tras la feria judicial. En el planteo, se requiere que se cite al actual dueño del inmueble, Roque Colosi, a prestar declaración testimonial sobre los datos que tenga de Jean Le Marc, que era el propietario de El Motel durante los años de la represión en la Argentina.
Lobo Bugeau explicó que Colosi figura como titular del boleto de compraventa en un juicio que le inició la Municipalidad de Tafí Viejo por una deuda por tasas contributivas, hecho que incluso podría derivar en el remate de la propiedad ubicada sobre el Acceso Norte a la ciudad capital. “Tras vender el predio, Le Marc se mudó de Tucumán, aunque seguiría radicado en Argentina”, aclaró el funcionario.
Hasta el momento, se mantiene firme la decisión del juez federal Jorge Parache de que Bussi retorne a la provincia el 21 de febrero. Con esa medida judicial, el magistrado pretende concretar la toma de declaraciones indagatorias en más de una decena de expedientes que se tramitan por violaciones a los derechos humanos.
En el escrito presentado por Conesa Mones Ruiz, se argumenta que un viaje pondría en riesgo la vida de Bussi, debido a su precario estado de salud. En sustento de tal afirmación, el abogado aportó numerosos certificados expedidos por los médicos del Hospital Militar, donde es tratado el ex mandatario por su afección cardiovascular. En los documentos de parte emitidos por el instituto bonaerense, se insiste en que no es conveniente cambiarlo de médicos ni de ámbito de residencia.
Las causas
Desde octubre de 2003, Bussi se encuentra procesado con prisión preventiva por el presunto secuestro y desaparición, en 1976, del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse. Esa situación le impidió asumir la intendencia de la capital, cargo al que renunció en setiembre del año pasado.
En diciembre de 2003, el militar retirado fue autorizado por el juez Parache a estar en detención domiciliaria en un country de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde vive también su hija Claudia Bussi. Ahora, Conesa Mones Ruiz solicitó el traslado del ex mandatario tucumano al departamento de su otra hija, María Fernanda, emplazado en la avenida Figueroa Alcorta 3.590, piso 11, Capital Federal. El abogado entiende que, de esa forma, Bussi estaría más cerca del lugar en que es tratado de sus patologías.
En las distintas causas abiertas contra el ex fundador de Fuerza Republicana (FR), también serán indagados los ex militares Luciano Benjamín Menéndez, Albino Zimmerman (está internado en el Hospital Militar y se espera un informe clínico para determinar si puede ser trasladado a Tucumán), Arturo Félix González Naya; y el policía Roberto Heriberto Albornoz, entre otros.
La ronda de declaraciones de Bussi abarcará desde el 21 de febrero hasta el 16 de mayo. En caso de que se agreguen expedientes, el plazo podría ampliarse, si el juez lo considera necesario.
El listado de causas sobre las que deberá declarar (puede abstenerse de dar datos, en caso de tratarse de estrategia defensiva, pero se considera cumplido el acto procesal) comenzará con Alicia Cerrota de Ramos. En segundo término, en tanto, será interrogado sobre la situación de María Alejandra Romero (que según el expediente judicial fue fusilada).
La nómina es integrada además por los casos de Enrique Pastor Cerezo; Carlos Román Apaza; Daniel Fontanarrosa; Graciela Bustamante de Argañaráz; Ramón Bianchi y Dante Bordón.
Planteos por un centro clandestino de detención
El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, solicitó que se abra una causa sobre la existencia del centro clandestino de detención de desaparecidos durante el proceso militar en la actual “Posta de los Arrieros”, que durante la década del 70 fue “El Motel”, nombre con el que figura en el documento Nunca Más.
El pedido será motorizado por el fiscal federal Emilio Ferrer durante febrero, cuando se reintegre tras la feria judicial. En el planteo, se requiere que se cite al actual dueño del inmueble, Roque Colosi, a prestar declaración testimonial sobre los datos que tenga de Jean Le Marc, que era el propietario de El Motel durante los años de la represión en la Argentina.
Lobo Bugeau explicó que Colosi figura como titular del boleto de compraventa en un juicio que le inició la Municipalidad de Tafí Viejo por una deuda por tasas contributivas, hecho que incluso podría derivar en el remate de la propiedad ubicada sobre el Acceso Norte a la ciudad capital. “Tras vender el predio, Le Marc se mudó de Tucumán, aunque seguiría radicado en Argentina”, aclaró el funcionario.







