Legisladores rechazaron sin debatir el pedido de destitución contra Terán
Siete mirandistas y Lobo Aragón bloquearon la investigación por el caso de las coimas. El juez Pérez imputó al vicegobernador la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y de cohecho activo. Entregaron seis cuerpos de expediente.
Cinco horas demoraron el oficialismo parlamentario y sus aliados en archivar el pedido de destitución contra el vicegobernador Sisto Terán, que formuló la Justicia provincial.
A las 14, el juez Víctor Pérez envió a la Legislatura el pedido de apartamiento del cargo del titular del cuerpo. Su solicitud se fundó en la necesidad de que quedara despojado de sus privilegios constitucionales para que fuera sometido a una investigación jurisdiccional. El objetivo era determinar si Terán se enriqueció de manera ilícita y si, en el supuesto de que hayan existido coimas para habilitar la reforma de la Constitución de la provincia, fue él quien las pagó.
A las 16.30, los miembros de la comisión de Juicio Político fueron convocados a una reunión para tratar ese tema. El encuentro estaba citado para las 19. A esa hora, los siete miembros peronistas de ese organismo (Teresa de Heredia, José Gutiérrez, Edgardo Rocha, Lilia de Castro, Claudia Herrera, Germán Alfaro y Camilo Khoder) comunicaron a sus otros cinco pares que el bloque del Frente Fundacional los había instruido para que rechazaran de plano el planteo judicial.
En el acto, Javier Lobo Aragón (VOS) apuntó que se sumaba a esa postura. Apenas iniciada la deliberación, la decisión de rechazar el requerimiento judicial ya contaba con los dos tercios de los miembros de la comisión.
Gumersindo Parajón (PU) y los radicales Osvaldo Morelli y Federico Romano Norri votaron por el traslado de la causa. La demora sobrevino por la abstención de Julio Topa (MI).
Fue él quien puso sobre el tapete la inconveniente premura en el tratamiento del pedido judicial, cuando mocionó que se estudiara al menos durante 24 horas las más de 1.100 fojas de los seis cuerpos del expediente. Era claro que la oposición ni siquiera lo había visto. Y el oficialismo lo había tenido consigo sólo desde las 14.30. El pedido de Topa se rechazó, pero él se negaba a figurar en el acta como si se hubiera abstenido. Igualmente, así aparece.
Tras esta decisión, el presidente subrogante, Osvaldo Jaldo, adelantó que la bancada oficialista había decidido adecuar la normativa provincial a la legislación nacional que permite la investigación plena de parlamentarios sin necesidad de desaforarlos, hasta la sentencia. "Se tomó la decisión política de abrirle la puerta a la Justicia en el caso de los parlamentarios", indicó. Pese a que no hubo confirmación oficial, eran insistentes y coincidentes las versiones acerca de que la Cámara sancionaría una ley en este sentido hoy mismo, en una sesión especial que sería convocada por Labor Parlamentaria. La comisión se reunirá desde las 11.
A las 14, el juez Víctor Pérez envió a la Legislatura el pedido de apartamiento del cargo del titular del cuerpo. Su solicitud se fundó en la necesidad de que quedara despojado de sus privilegios constitucionales para que fuera sometido a una investigación jurisdiccional. El objetivo era determinar si Terán se enriqueció de manera ilícita y si, en el supuesto de que hayan existido coimas para habilitar la reforma de la Constitución de la provincia, fue él quien las pagó.
A las 16.30, los miembros de la comisión de Juicio Político fueron convocados a una reunión para tratar ese tema. El encuentro estaba citado para las 19. A esa hora, los siete miembros peronistas de ese organismo (Teresa de Heredia, José Gutiérrez, Edgardo Rocha, Lilia de Castro, Claudia Herrera, Germán Alfaro y Camilo Khoder) comunicaron a sus otros cinco pares que el bloque del Frente Fundacional los había instruido para que rechazaran de plano el planteo judicial.
En el acto, Javier Lobo Aragón (VOS) apuntó que se sumaba a esa postura. Apenas iniciada la deliberación, la decisión de rechazar el requerimiento judicial ya contaba con los dos tercios de los miembros de la comisión.
Gumersindo Parajón (PU) y los radicales Osvaldo Morelli y Federico Romano Norri votaron por el traslado de la causa. La demora sobrevino por la abstención de Julio Topa (MI).
Fue él quien puso sobre el tapete la inconveniente premura en el tratamiento del pedido judicial, cuando mocionó que se estudiara al menos durante 24 horas las más de 1.100 fojas de los seis cuerpos del expediente. Era claro que la oposición ni siquiera lo había visto. Y el oficialismo lo había tenido consigo sólo desde las 14.30. El pedido de Topa se rechazó, pero él se negaba a figurar en el acta como si se hubiera abstenido. Igualmente, así aparece.
Tras esta decisión, el presidente subrogante, Osvaldo Jaldo, adelantó que la bancada oficialista había decidido adecuar la normativa provincial a la legislación nacional que permite la investigación plena de parlamentarios sin necesidad de desaforarlos, hasta la sentencia. "Se tomó la decisión política de abrirle la puerta a la Justicia en el caso de los parlamentarios", indicó. Pese a que no hubo confirmación oficial, eran insistentes y coincidentes las versiones acerca de que la Cámara sancionaría una ley en este sentido hoy mismo, en una sesión especial que sería convocada por Labor Parlamentaria. La comisión se reunirá desde las 11.
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