La apatía y la falta de información acerca de los alcances del proceso abierto para reformar la Constitución son los principales escollos para los candidatos de las distintas agrupaciones que participarán de los comicios. Según una encuesta on line de LA GACETA, a 22 días de las elecciones, más del 80% de los tucumanos no sabe a quién votar.
El desinterés es, precisamente, el primer escollo que se propone superar el oficialismo con la campaña que realiza en los distintos medios de la provincia. El Gobierno y la Junta Electoral también acompañan ese mensaje, con la explicación de cuáles son las sanciones para quienes no cumplan con la obligación de sufragar.
El gobernador José Alperovich admitió que no es un convocatoria que pueda atrapar a la gente. "Espero que la gente nos dé una mano", insistió en varias oportunidades, en el transcurso de la semana pasada, durante las recorridas diarias a distintas obras públicas en la capital y en el interior.
Diagnóstico opositor
Entre los opositores, el diagnóstico es similar. José Páez, candidato a convencional por el ASI en la capital, afirmó que la realidad confirmó el pronóstico de quienes objetaron que las elecciones se hagan en febrero. "En general, los ciudadanos no están interesados en la política. Pero estamos confiados en conseguir el apoyo de quienes quieren una oposición que controle al Gobierno y que asegure independencia de criterios en la futura Convención", aseveró.
Izquierda Unida también habla de apatía, aunque convoca a los votantes a romper el fraude electoral. Clarisa Alberstein, candidata a constituyente por la capital, anticipó que su agrupación solicitará que personalidades de los derechos humanos y de la cultura monitoreen los comicios del 19 de febrero. "No compartimos que sea el Ministerio del Interior el organismo adecuado para nombrar veedores. La Nación también avala el voto bolsón. Esta práctica no es un patrimonio tucumano, así que sus representantes no serán garantía de transparencia", afirmó. Juan Pablo Pons, cabeza de lista de Acción Provinciana tras la renuncia de Marta de Ezcurra y de Pedro Yane Mana, se mostró confiado en romper la apatía. "La ciudadanía asumirá la importancia de esta elección y se volcará a las urnas para apoyar a los mejores candidatos. Nosotros representamos una opción para quienes quieren una Constitución que acompañe el proyecto político del presidente Néstor Kirchner", explicó.
Carlos Courel, candidato de Participación Cívica, estima que el desinterés ciudadano se gestó porque se instaló el proceso la reelección. "Esto fue un error. La mayoría de la gente lo considera un tema resuelto y no encuentra motivaciones. Confío, sin embargo, en que la mayoría de la población valorará que está en juego el contrato social de Tucumán y se volcará razonadamente a las urnas", dijo.
¿ Es obligatorio sufragar?
Sí, es obligatorio, como en toda votación que tiene como objetivo la selección de representantes del pueblo para la cobertura de algún cargo electivo. No hubo modificaciones al régimen vigente, por lo que las penalidades para quienes no concurran a las urnas son las mismas que rigen para este tipo de convocatorias desde 1983. Estarán habilitados para votar todos los ciudadanos mayores de 18 años que tengan domicilio fijado en Tucumán, los que deberán contar con DNI para cumplir con su obligación cívica el 19 de febrero.
¿ Todos los partidos van a las urnas?
No, la oferta electoral estará limitada por la abstención de distintas fuerzas políticas. En la Capital sólo participarán siete listas: Frente para la Victoria, Acuerdo Social para la Inclusión, Izquierda Unida, Unión Cívica Radical, Participación Cívica, Partido Obrero y Acción Provinciana. En la sección Oeste serán cinco las boletas que estarán disponibles en el cuarto oscuro, ya que allí no se presentó ni el radicalismo ni Acción Provinciana. Esos partidos no impulsan postulantes en el Este, al igual que Participación Cívica.
publicidad oficial
La publicidad oficial genera dos interrogantes. El primero: ¿qué tiene que ver la imagen del gobernador con la reforma de la Constitución? La asociación parece confirmar las aseveraciones acerca de que la reforma no tiene otro fin que la reelección. Explotar la imagen del gobernador con la intención de incentivar el voto por el oficialismo propende al más arcaico caudillismo. En segundo lugar: ¿hay necesidad de amenazar a la población con las penalidades que sobrevienen al no ir a votar? Se insistió tanto en que las elecciones debían ser en febrero. ¿Qué pasa ahora? ¿Será que las encuestas auguran una baja participación? Lo que el Gobierno no puede soslayar, a fin de cuentas, es que esta reforma nació, se desarrollará y morirá ajena al interés de la población, por la sencilla razón de que su eje es ajeno a los ciudadanos.
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Agustín Viejobueno (h)
gustvb05@yahoo.com
reglas para el empleo publico
La próxima reforma de la Constitución debería establecer reglas claras para el ingreso a la Administración Pública. La posibilidad de ocupar un cargo público debería ser un derecho de todo habitante de la provincia. Hoy, para obtener una posición laboral en el Estado hay que tener un acomodo político. Al empleo público sólo ingresan los parientes, amigos y allegados al poder. La nueva Constitución debería crear un Registro Unico de Postulantes y que toda incorporación a la Administración deba cubrirse con inscriptos en ese registro, previo concurso de antecedentes y oposición, y de acuerdo con el perfil del cargo a cubrir. También deberían eliminarse todos los privilegios que dan prioridad a hijos, parientes o inscriptos en bolsas de trabajo gremial.
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Miguel Angel Ramos
miguelangelramos@uol.com.ar
El desinterés es, precisamente, el primer escollo que se propone superar el oficialismo con la campaña que realiza en los distintos medios de la provincia. El Gobierno y la Junta Electoral también acompañan ese mensaje, con la explicación de cuáles son las sanciones para quienes no cumplan con la obligación de sufragar.
El gobernador José Alperovich admitió que no es un convocatoria que pueda atrapar a la gente. "Espero que la gente nos dé una mano", insistió en varias oportunidades, en el transcurso de la semana pasada, durante las recorridas diarias a distintas obras públicas en la capital y en el interior.
Diagnóstico opositor
Entre los opositores, el diagnóstico es similar. José Páez, candidato a convencional por el ASI en la capital, afirmó que la realidad confirmó el pronóstico de quienes objetaron que las elecciones se hagan en febrero. "En general, los ciudadanos no están interesados en la política. Pero estamos confiados en conseguir el apoyo de quienes quieren una oposición que controle al Gobierno y que asegure independencia de criterios en la futura Convención", aseveró.
Izquierda Unida también habla de apatía, aunque convoca a los votantes a romper el fraude electoral. Clarisa Alberstein, candidata a constituyente por la capital, anticipó que su agrupación solicitará que personalidades de los derechos humanos y de la cultura monitoreen los comicios del 19 de febrero. "No compartimos que sea el Ministerio del Interior el organismo adecuado para nombrar veedores. La Nación también avala el voto bolsón. Esta práctica no es un patrimonio tucumano, así que sus representantes no serán garantía de transparencia", afirmó. Juan Pablo Pons, cabeza de lista de Acción Provinciana tras la renuncia de Marta de Ezcurra y de Pedro Yane Mana, se mostró confiado en romper la apatía. "La ciudadanía asumirá la importancia de esta elección y se volcará a las urnas para apoyar a los mejores candidatos. Nosotros representamos una opción para quienes quieren una Constitución que acompañe el proyecto político del presidente Néstor Kirchner", explicó.
Carlos Courel, candidato de Participación Cívica, estima que el desinterés ciudadano se gestó porque se instaló el proceso la reelección. "Esto fue un error. La mayoría de la gente lo considera un tema resuelto y no encuentra motivaciones. Confío, sin embargo, en que la mayoría de la población valorará que está en juego el contrato social de Tucumán y se volcará razonadamente a las urnas", dijo.
¿ Es obligatorio sufragar?
Sí, es obligatorio, como en toda votación que tiene como objetivo la selección de representantes del pueblo para la cobertura de algún cargo electivo. No hubo modificaciones al régimen vigente, por lo que las penalidades para quienes no concurran a las urnas son las mismas que rigen para este tipo de convocatorias desde 1983. Estarán habilitados para votar todos los ciudadanos mayores de 18 años que tengan domicilio fijado en Tucumán, los que deberán contar con DNI para cumplir con su obligación cívica el 19 de febrero.
¿ Todos los partidos van a las urnas?
No, la oferta electoral estará limitada por la abstención de distintas fuerzas políticas. En la Capital sólo participarán siete listas: Frente para la Victoria, Acuerdo Social para la Inclusión, Izquierda Unida, Unión Cívica Radical, Participación Cívica, Partido Obrero y Acción Provinciana. En la sección Oeste serán cinco las boletas que estarán disponibles en el cuarto oscuro, ya que allí no se presentó ni el radicalismo ni Acción Provinciana. Esos partidos no impulsan postulantes en el Este, al igual que Participación Cívica.
Opinión de LECTORES
publicidad oficial
La publicidad oficial genera dos interrogantes. El primero: ¿qué tiene que ver la imagen del gobernador con la reforma de la Constitución? La asociación parece confirmar las aseveraciones acerca de que la reforma no tiene otro fin que la reelección. Explotar la imagen del gobernador con la intención de incentivar el voto por el oficialismo propende al más arcaico caudillismo. En segundo lugar: ¿hay necesidad de amenazar a la población con las penalidades que sobrevienen al no ir a votar? Se insistió tanto en que las elecciones debían ser en febrero. ¿Qué pasa ahora? ¿Será que las encuestas auguran una baja participación? Lo que el Gobierno no puede soslayar, a fin de cuentas, es que esta reforma nació, se desarrollará y morirá ajena al interés de la población, por la sencilla razón de que su eje es ajeno a los ciudadanos.
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Agustín Viejobueno (h)
gustvb05@yahoo.com
reglas para el empleo publico
La próxima reforma de la Constitución debería establecer reglas claras para el ingreso a la Administración Pública. La posibilidad de ocupar un cargo público debería ser un derecho de todo habitante de la provincia. Hoy, para obtener una posición laboral en el Estado hay que tener un acomodo político. Al empleo público sólo ingresan los parientes, amigos y allegados al poder. La nueva Constitución debería crear un Registro Unico de Postulantes y que toda incorporación a la Administración deba cubrirse con inscriptos en ese registro, previo concurso de antecedentes y oposición, y de acuerdo con el perfil del cargo a cubrir. También deberían eliminarse todos los privilegios que dan prioridad a hijos, parientes o inscriptos en bolsas de trabajo gremial.
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Miguel Angel Ramos
miguelangelramos@uol.com.ar







