Alperovich firmó 40 decretos de necesidad y urgencia en 27 meses de administración

Desde que asumió la gobernación en octubre de 2003, José Alperovich lleva firmados 40 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). De esas resoluciones, 20 fueron transformadas en ley por la Legislatura y ocho quedaron firmes por el paso del tiempo. Sólo seis fueron rechazadas por los parlamentarios y dos no alcanzaron a analizarse porque fueron retiradas por el Poder Ejecutivo. La última semana de diciembre de 2005 y el 24 de enero, ingresaron cuatro decretos más.
Las cifras reflejan una importante participación del titular del Ejecutivo en la sanción de las normas. Los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta jurídica, que el sistema institucional le otorga al Poder Ejecutivo para legislar en determinadas materias y en circunstancias específicas que justifiquen esa intromisión en el rol de otro poder. En la historia política argentina, la legitimidad de ese instrumento siempre fue cuestionada hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Ese año, por impulso del denominado Pacto de Olivos, los DNU quedaron incorporados a la Ley Fundamental.
Pero según los especialistas en Derecho Constitucional, esta medida fue reglamentada a medias. Se admitió los decretos, salvo en los tópicos de legislación penal, tributaria, electoral o de partidos políticos. De acuerdo con el sistema previsto, las resoluciones firmadas por el Presidente y por los ministros deben ser enviadas en el plazo de diez días a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso nacional, que eleva un despacho a cada Cámara para su tratamiento.

Cambios en el sistema
En Tucumán, los Decretos de Necesidad y Urgencia están reglamentados por la ley 6.686 que determina las condiciones para su elaboración. Hasta octubre de 2003, días antes de la asunción de Alperovich, si la Legislatura no convalidaba los DNU en un plazo de 20 días hábiles, estos quedaban sin efecto automáticamente. Desde entonces y por decisión de la composición parlamentaria anterior, los DNU quedan firmes a los 20 días hábiles, salvo que la Cámara adopte una decisión contraria antes del vencimiento de ese plazo, que corre desde la notificación del Poder Ejecutivo a los legisladores.
De los 40 DNU que firmó Alperovich, ocho quedaron firmes por el paso del tiempo. Entre los que se destacan las prórrogas a la vigencia de los vales alimentarios para el pago de parte de los salarios a los empleados a estatales y la intervención al Ente Provincial Regulador de la Energía (Epret), que no llegaron a ser debatidos.
En la mayoría de los casos y, por decisión del oficialismo, la Legislatura dio rango de ley y convalidó lo actuado por los decretos del Ejecutivo. Las 20 resoluciones corrieron esa suerte, aunque en algunos casos los parlamentarios introdujeron modificaciones al texto original.

Particularidades
El decreto que más tensó la cuerda entre los poderes fue el debatido en diciembre de 2003, cuando el gobernador prorrogó la ley que lo facultaba a realizar transferencias o traslados de personal entre los tres poderes del Estado. La Cámara rechazó el DNU el 21 de enero de 2004 y Alperovich vetó esa decisión un par de días después, sin que la Cámara hubiera hecho uso de su facultad de insistir para dejar firme su primera decisión.
Un caso particular se presentó en octubre de 2004, cuando el gobernador firmó un DNU por el que se habilitaba el pago en cuotas de las deudas consolidadas por la Ley 6.987. La resolución nunca fue remitida a la Cámara para su tratamiento, pero se publicó en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2004.

• Los tickets tuvieron tres prórrogas
El promedio de DNU firmados por el gobernador José Alperovich es de 1,4 resolución por mes, desde el 29 de octubre de 2003 hasta la fecha. En la última semana del año pasado, el mandatario envió a la Cámara tres decretos. Mediante ellos, se prorrogó el plazo para acogerse a la refinanciación de deudas originadas por créditos del ex Banco Provincia, se modificó la ley que habilitó la emisión de Consadep y se prorrogó ( por tercer año consecutivo a través de esta vía legislativa) la vigencia de los vales alimentarios. Los dos primeros fueron transformados en ley. El 24 de enero pasado, el PE remitió a la Legislatura un decreto por el que facultó al ministro de Economía a firmar convenios de préstamos para distintos municipios.

• Se utilizaron para distintos temas
El Poder Ejecutivo utilizó los decretos de necesidad y urgencia para legislar en distintas materias. Las prórrogas de asistencia financiera de la provincia para municipios y comunas rurales, y el otorgamiento de recursos extra para la realización de obras públicas fueron las dos áreas que más ocuparon la atención del gobernador. Algunos de esos decretos generaron roces con los legisladores, que llegaron a rechazar la resolución que habilitó la firma de convenios para asistir al interior con hasta $ 300 millones y la posibilidad de gestionar un crédito de U$S 50 millones para las administraciones municipales del interior. Ambas iniciativas, sin embargo, tras su modificación, fueron transformadas en proyectos de ley.

• Potestades objetadas en la Justicia
Las facultades que la Ley 6.686 reconoce al Poder Ejecutivo fueron cuestionadas en la Justicia por el legislador Carlos Canevaro. El bussista planteó, en 2004, que era inconstitucional reconocer la sanción tácita de las leyes y objetó que el gobernador pueda avanzar sobre competencias de otro poder del Estado. La cuestión está pendiente de una sentencia de fondo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya rechazó una excepción presentada por los abogados del Gobierno. Canevaro fue el primer parlamentario en presentar un proyecto para derogar los cambios introducidos por la anterior composición legislativa al sistema de resoluciones, que posibilita habilitar su entrada en vigencia sólo por el paso del tiempo.