El rol de intendente tiene nuevas exigencias

A mediados de 2005, en un foro internacional de intendentes realizado en Rosario, Martín Sabatella definió el nuevo rol de los municipios y de sus autoridades. El titular de la intendencia de Morón, en Buenos Aires, sostuvo que los municipios ya no debían ser sólo entidades limitadas a prestar los servicios básicos. Según Sabatella, los gobiernos locales tienen que ocuparse del desarrollo estratégico, económico, humano y urbano de la ciudad. Es decir un amplio frente de trabajo que excede ampliamente el concepto con el que suelen ser encuadradas las intendencias.
La reflexión de uno de los jefes municipales más reconocidos del conurbano bonaerense adquiere actualidad en Tucumán a partir de la posibilidad de que en la reforma de la Constitución se disponga la autonomía de los municipios. También a raíz de una sucesión de hechos que, durante las últimas semanas, protagonizaron los responsables de conducir las intendencias de la provincia.

Tendencia mundial
¿Para qué sirve un intendente?, ¿cuál es su rol institucional y en la comunidad?, ¿cuáles son los límites de su competencia y hasta dónde pueden avanzar los poderes del Estado? La enumeración de las preguntas podría parecer caprichosa. Sin embargo, busca determinar en qué lugar están parados los funcionarios públicos a los que el pueblo elige para conducir los municipios.
Los intendentes son funcionarios públicos que tienen contacto directo con los vecinos. Desde la época colonial, cuando surgieron, corresponde a los municipios la atención de los servicios esenciales. En las administraciones más modernas del mundo, la tendencia es fortalecer su rol para garantizar la calidad de vida de los vecinos.
En Tucumán, el contacto directo con los ciudadanos es al mismo tiempo una debilidad y una fortaleza de quienes ejercen el cargo. Debilidad porque la década del 90 dejó a los municipios de rodillas a causa de las complicaciones financieras ante el Ejecutivo provincial y los intendentes están expuestos a cualquier crisis. Fortaleza, porque el manejo de recursos les garantiza tranquilidad electoral.
La actual gestión de Gobierno entendió esa dualidad. Como pocas veces en la historia reciente, garantizó asistencia para pago de sueldos y para obras públicas a las administraciones municipales. Pero, también como nunca antes, encolumnó a todos los intendentes en un proyecto político común. La reforma constitucional podría consolidar ese modelo.

El endeudamiento condicionó la gestión
Durante la década del 90, la administración de los municipios se hizo a imagen y semejanza del Gobierno nacional. La convertibilidad y el acceso casi irrestricto a créditos nacionales e internacionales sentenciaron la suerte de los gobiernos locales. Los Estados, financiados a través del endeudamiento, terminaron encerrados en un laberinto que ellos mismos gestaron: las provincias, al ser garantes de los préstamos solicitados por los intendentes; y los jefes municipales, que cedieron de garantía los ingresos por coparticipación federal y provincial. Tras la salida de la convertibilidad, las administraciones municipales se encontraron frente a un gran dilema: afrontar el pago de una deuda que en conjunto superó los $ 300 millones. Sólo la capital contrajo deudas por U$S 70,7 millones y $ 30 millones. En 2003, la Legislatura aprobó la refinanciación de las deudas municipales a 16 años, con dos años de gracia. La medida significó, en el corto plazo, un alivio financiero para las administraciones.

“Nosotros atendemos la micropolítica”
“Yo administro un pedazo de tierra de la provincia y él la gobierna. Su función es atender la política macro; la nuestra, la micro”. La reflexión pertenece al intendente de la capital, Domingo Amaya, al momento de definir la relación que une a los jefes municipales con el gobernador José Alperovich.

El intendente considera que la presencia del mandatario provincial en los municipios fue provechosa. “Nos sentimos respaldados política y económicamente. Los municipios son sólo límites geográficos, pero en realidad estamos hablando de una misma provincia”, expresó.

Amaya reconoció que conversa al menos dos veces por semana con Alperovich, pero que no hay una dependencia política. “En nuestro caso, si no hubiésemos tenido ese apoyo, no habríamos podido sacar el municipio adelante. Esa mecánica es buena para nosotros, para la ciudad y para quienes nos visitan. La gente no se acordará de las peleas políticas, sino de las obras”, dijo.

Por su parte, el intendente de Lules, César Dip, dijo que la actual gestión de gobierno brindó la posibilidad de descentralizar los servicios en los municipios. “Nos permitió entrar en muchos ámbitos: salud, educación y obras públicas. No hay que olvidar que somos la primera barrera entre los vecinos y el Gobierno central”, afirmó.

Sostuvo que, a pesar de la participación de Alperovich, las decisiones acerca del futuro de Lules se toman en el municipio. “Eso de exponerse tanto y de visitar cada rincón de la provincia, genera un compromiso que es bueno para los intendentes, porque la gente pide cosas y debe responder ante ellos”, señaló.