Otros 6 meses para que la 9 de Julio recolecte la basura

La firme posibilidad de que el municipio de esta capital declare desierta la licitación por el servicio de recolección de residuos, ante la negativa de las empresas contendientes de bajar las propuestas económicas, comenzó a despertar sospechas entre los concejales de la oposición.
A menos de un mes del vencimiento del contrato con la empresa Transportes 9 de Julio, actual concesionaria del servicio, tanto en el Departamento Ejecutivo municipal como en el Concejo Deliberante dan por sentado que fracasará la convocatoria. Inclusive, evalúan cómo se instrumentará la nueva prórroga de la que gozará la firma rosarina.
El principal inconveniente con el que chocó la Comisión de Preadjudicación fue el elevado precio exigido por las tres empresas que participan de la licitación. 9 de Julio, Martín & Martín y Cliba ofertaron prestar el servicio por un monto promedio de $ 3 millones mensuales. Las ofertas superan el presupuesto oficial de $ 1,6 millón por mes, fijado mediante ordenanza (sin incluir el IVA). Las cifras propuestas, además, generarían una facturación de $ 252 millones en sólo siete años (término del contrato), cuando en el pliego licitatorio el municipio tenía previsto $ 138 millones.
El concejal republicano Claudio Viña se preguntó por qué el Departamento Ejecutivo giró al Concejo Deliberante un proyecto de presupuesto en el que estipula $ 37 millones para afrontar el pago de servicios públicos durante 2006. De esa partida surgen los recursos para el pago del servicio de recolección de residuos. Según el edil, esto implicaría aceptar que se pagarán $ 3 millones por mes a la empresa que resulte adjudicataria, monto que actualmente se cuestiona.
“A pesar de que el intendente Domingo Amaya hizo un escándalo para vetar el pliego que sancionamos y bajar el precio, ahora implícitamente está aceptando lo que tendrá que pagar. Sin embargo, para que su intento tenga legalidad, deberá llamar a licitación otra vez”, expresó.
José Luis Avignone (UCR) solicitó al titular del Concejo, Ramón Santiago Cano (PJ), que se encuentra a cargo de la intendencia, que conmine a las empresas a responder al pedido de rebaja de las ofertas en un plazo de 48 horas. “Se debe incluir en el nuevo llamado una cláusula para que estas firmas no puedan presentarse en una futura licitación”, reclamó el edil radical.