La vida política de la provincia está en manos de tres mujeres. Las declaraciones de Alejandra Ducca fueron una trompada en la garganta de las principales autoridades de la provincia; las ahogó y las llamó a silencio. En el expediente que se abrió se puede leer cómo habría sido el reparto de dinero para que se realice la reforma de la Constitución que tanto desvelaba al emperador de Tucson, Julio Antonio I.
Vestida informalmente, con zapatillas, aquel 25 de junio la contadora y ex modelo caminó por la planta baja de Tribunales e ingresó a la Fiscalía Anticorrupción.
Ratificó lo que decía una carta dirigida a la Justicia y a los medios de prensa, que está fechada en una fiesta patria, el 25 de mayo de 2002. En el expediente se lee: "el gobernador Miranda le entrega fondos a su esposo, el legislador Mariano Poliche, por el apoyo recibido". También se menciona al actual diputado nacional Roque Alvarez -quien era presidente subrogante de la Cámara, en 2000-: "le hace entrega en tres oportunidades de $20.000 en bonos envueltos en papel de diario, por el pago por la aprobación de leyes que necesitaba el Ejecutivo". A la hora de tratar la reforma de la Constitución, en el mismo expediente se indica: "él -Poliche- le solicita a Sisto Terán -vicegobernador-, con la aprobación de Julio Miranda, la suma de $2 millones de Lecop para ser repartidos entre los legisladores que votarán a favor".
También se puede rescatar del documento: "se repartieron $200.000 para (Osvaldo) Jaldo, $200.000 para Poliche, $200.000 para (Antonio) Ruiz Olivares y $200.000 para (Gustavo) Rojas Alcorta; los 23 legisladores restantes recibieron cada uno $50.000". Las cifras son cercanas a las que alguna vez se deslizaron en la propia Cámara y que LA GACETA reflejó oportunamente, salvo algunas diferencias, aunque si se sigue leyendo en el expediente puede haber alguna explicación: "sobrando $50.000 en Lecop, se las repartieron entre Poliche, Ruiz Olivares y Jaldo".
De la lectura de estos datos el número uno de la provincia (Miranda), el dos (Terán), el tres (Jaldo), el cuatro (Ruiz Olivares) y el cinco (Poliche, hasta ayer porque renunció a la vicepresidencia segunda de la Cámara) y el diputado Alvarez (ex número tres) están en serios problemas.
Cuando el 30 de julio el juez Víctor Manuel Pérez le mostró la nota donde se daban todos los nombres, Ducca desconoció hasta su firma. Ahora, la ex modelo es quien está en problemas. En alguna oportunidad mintió y viajó a Buenos Aires, cargando en la valija su verdad. El mediodía en que se sentó en la Fiscalía ante Jerez no estaba sola. A su lado se había sentado la doctora Amelia Paz Bulacio. Ella tendría todos los papeles que Ducca dice desconocer. La abogada también huyó despavorida. Cuando LA GACETA intentó hablar con ella sólo dijo: "me voy de viaje". Su testimonio es clave para desbaratar la estrategia de negar lo que se dijo.
Prácticamente, en su mente está el futuro de las autoridades de la provincia.
Es triste que esta abogada tenga que recluirse para dilucidar una causa central. Tal vez el miedo, las presiones o la magnitud de los acontecimientos la superan. Es un horror que la Justicia, lejos de convertirse en un resguardo que dé seguridad, esté espantando nada menos que a una abogada. También es posible que tema perder su trabajo porque ella es empleada de Vialidad, pero estuvo adscrita a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura. ¿Temerá una represalia laboral? Otro horror más.
Otra duda que quedó abierta en este escándalo que se trata de disfrazar como una cuestión matrimonial, cuando ya alcanzó ribetes institucionales, es por qué Ducca, cuando se presentó ante el juez Pérez, ya no fue acompañada por Amelia Paz Bulacio. Junto a Ducca se sentó otro abogado, Alejandro Torres, quien alguna vez estuvo en la Caja Popular y en la Secretaría de Gobierno del municipio de la capital.
No deja de llamar la atención que si le mostraron semejante declaración suya y con su firma no haya habido ninguna reacción. Es curioso que después de ver el papel no haya estallado una acción legal en busca de saber quién habría inventado semejante cosa, que implicaba a más de las dos terceras partes de hombres elegidos por los tucumanos. El que calla, otorga.
Mientras las propias autoridades buscan tiempo para analizar las estrategias a seguir, hay otra mujer que tiene en sus manos la tarea de desentrañar todo lo ocurrido y hasta ahora sigue en la provincia.
La otra mujer
Ella vino desde Santiago del Estero en sus años de juventud. Se instaló en un departamento de Barrio Sur hasta que la Universidad Nacional de Tucumán le otorgó el título de abogada. Corrían los años 70 cuando sufrió la desaparición de algunas amigas; hoy está a cargo de la Fiscalía III en los Tribunales locales. También tuvo sus problemas allí cuando se le pidió un juicio político y esta misma Legislatura se lo mandó a archivo. Teresita Marnero es hoy quien tiene la causa para determinar cuál es la declaración en la que Alejandra Ducca no dijo la verdad.
Está dispuesta a no aceptar presiones, aunque ya las debe haber soportado; y se tomará su tiempo para determinar el falso testimonio. Tal vez si hubiera actuado con mayor premura ya tendría la voz de Ducca o de Paz Bulacio confirmando que hicieron la declaración ante Jerez y toda la estantería que se levantó para desmentirla ya estaría en el piso. Los tiempos de la Justicia no son aptos para ansiosos, pero llegan.
Ducca descansa en Buenos Aires, lejos de las presiones. Paz Bulacio se refugió en una ciudad cercana para tomar valor y Marnero estudia el expediente en su departamento céntrico.
Atracción fatal
Fuera de Tribunales se trata de justificar este movimiento telúrico como una crisis matrimonial. Incluso se plantea que Ducca no puede, por ser esposa de Poliche, denunciar en contra, pero el legislador no es el único implicado.
Sin dudas, después de este terremoto la reforma constitucional quedó bajo los escombros. El sueño del emperador y de su corte se convirtió en una atracción fatal. Tal vez sea un tentador proyecto para los legisladores que vengan, cuando se vayan todos.
Las últimas 72 horas fueron de constantes consultas y conciliábulos. Algunos, los más osados, hasta le habrían recomendado a Julio Antonio I que pida una licencia. Otros recomiendan que Poliche convenza a su esposa de que diga que por su conflicto familiar y víctima de un estado de descontrol dijo lo que dijo, pero que en realidad no lo dijo. Mientras tanto, los que se animan a hablar desmienten a quien se le cruce que pueda haber existido coimas para conseguir la aprobación de la reforma constitucional.
Volverán las acusaciones contra el fiscal anticorrupción; es posible que aparezcan hasta juicios políticos, pero sólo serán trabas para que se conozca una verdad que crece como una bola de nieve. En el entorno del poder se discute si debe seguirse una estrategia política o judicial. Hasta se consultó al representante de la provincia, Ronal Bradis Troncoso, quien habría venido especialmente por este tema. Las cartas están echadas y el destino político está en manos de tres mujeres. Ellas tienen la palabra.
Vestida informalmente, con zapatillas, aquel 25 de junio la contadora y ex modelo caminó por la planta baja de Tribunales e ingresó a la Fiscalía Anticorrupción.
Ratificó lo que decía una carta dirigida a la Justicia y a los medios de prensa, que está fechada en una fiesta patria, el 25 de mayo de 2002. En el expediente se lee: "el gobernador Miranda le entrega fondos a su esposo, el legislador Mariano Poliche, por el apoyo recibido". También se menciona al actual diputado nacional Roque Alvarez -quien era presidente subrogante de la Cámara, en 2000-: "le hace entrega en tres oportunidades de $20.000 en bonos envueltos en papel de diario, por el pago por la aprobación de leyes que necesitaba el Ejecutivo". A la hora de tratar la reforma de la Constitución, en el mismo expediente se indica: "él -Poliche- le solicita a Sisto Terán -vicegobernador-, con la aprobación de Julio Miranda, la suma de $2 millones de Lecop para ser repartidos entre los legisladores que votarán a favor".
También se puede rescatar del documento: "se repartieron $200.000 para (Osvaldo) Jaldo, $200.000 para Poliche, $200.000 para (Antonio) Ruiz Olivares y $200.000 para (Gustavo) Rojas Alcorta; los 23 legisladores restantes recibieron cada uno $50.000". Las cifras son cercanas a las que alguna vez se deslizaron en la propia Cámara y que LA GACETA reflejó oportunamente, salvo algunas diferencias, aunque si se sigue leyendo en el expediente puede haber alguna explicación: "sobrando $50.000 en Lecop, se las repartieron entre Poliche, Ruiz Olivares y Jaldo".
De la lectura de estos datos el número uno de la provincia (Miranda), el dos (Terán), el tres (Jaldo), el cuatro (Ruiz Olivares) y el cinco (Poliche, hasta ayer porque renunció a la vicepresidencia segunda de la Cámara) y el diputado Alvarez (ex número tres) están en serios problemas.
Cuando el 30 de julio el juez Víctor Manuel Pérez le mostró la nota donde se daban todos los nombres, Ducca desconoció hasta su firma. Ahora, la ex modelo es quien está en problemas. En alguna oportunidad mintió y viajó a Buenos Aires, cargando en la valija su verdad. El mediodía en que se sentó en la Fiscalía ante Jerez no estaba sola. A su lado se había sentado la doctora Amelia Paz Bulacio. Ella tendría todos los papeles que Ducca dice desconocer. La abogada también huyó despavorida. Cuando LA GACETA intentó hablar con ella sólo dijo: "me voy de viaje". Su testimonio es clave para desbaratar la estrategia de negar lo que se dijo.
Prácticamente, en su mente está el futuro de las autoridades de la provincia.
Es triste que esta abogada tenga que recluirse para dilucidar una causa central. Tal vez el miedo, las presiones o la magnitud de los acontecimientos la superan. Es un horror que la Justicia, lejos de convertirse en un resguardo que dé seguridad, esté espantando nada menos que a una abogada. También es posible que tema perder su trabajo porque ella es empleada de Vialidad, pero estuvo adscrita a la Defensoría del Pueblo y a la Legislatura. ¿Temerá una represalia laboral? Otro horror más.
Otra duda que quedó abierta en este escándalo que se trata de disfrazar como una cuestión matrimonial, cuando ya alcanzó ribetes institucionales, es por qué Ducca, cuando se presentó ante el juez Pérez, ya no fue acompañada por Amelia Paz Bulacio. Junto a Ducca se sentó otro abogado, Alejandro Torres, quien alguna vez estuvo en la Caja Popular y en la Secretaría de Gobierno del municipio de la capital.
No deja de llamar la atención que si le mostraron semejante declaración suya y con su firma no haya habido ninguna reacción. Es curioso que después de ver el papel no haya estallado una acción legal en busca de saber quién habría inventado semejante cosa, que implicaba a más de las dos terceras partes de hombres elegidos por los tucumanos. El que calla, otorga.
Mientras las propias autoridades buscan tiempo para analizar las estrategias a seguir, hay otra mujer que tiene en sus manos la tarea de desentrañar todo lo ocurrido y hasta ahora sigue en la provincia.
La otra mujer
Ella vino desde Santiago del Estero en sus años de juventud. Se instaló en un departamento de Barrio Sur hasta que la Universidad Nacional de Tucumán le otorgó el título de abogada. Corrían los años 70 cuando sufrió la desaparición de algunas amigas; hoy está a cargo de la Fiscalía III en los Tribunales locales. También tuvo sus problemas allí cuando se le pidió un juicio político y esta misma Legislatura se lo mandó a archivo. Teresita Marnero es hoy quien tiene la causa para determinar cuál es la declaración en la que Alejandra Ducca no dijo la verdad.
Está dispuesta a no aceptar presiones, aunque ya las debe haber soportado; y se tomará su tiempo para determinar el falso testimonio. Tal vez si hubiera actuado con mayor premura ya tendría la voz de Ducca o de Paz Bulacio confirmando que hicieron la declaración ante Jerez y toda la estantería que se levantó para desmentirla ya estaría en el piso. Los tiempos de la Justicia no son aptos para ansiosos, pero llegan.
Ducca descansa en Buenos Aires, lejos de las presiones. Paz Bulacio se refugió en una ciudad cercana para tomar valor y Marnero estudia el expediente en su departamento céntrico.
Atracción fatal
Fuera de Tribunales se trata de justificar este movimiento telúrico como una crisis matrimonial. Incluso se plantea que Ducca no puede, por ser esposa de Poliche, denunciar en contra, pero el legislador no es el único implicado.
Sin dudas, después de este terremoto la reforma constitucional quedó bajo los escombros. El sueño del emperador y de su corte se convirtió en una atracción fatal. Tal vez sea un tentador proyecto para los legisladores que vengan, cuando se vayan todos.
Las últimas 72 horas fueron de constantes consultas y conciliábulos. Algunos, los más osados, hasta le habrían recomendado a Julio Antonio I que pida una licencia. Otros recomiendan que Poliche convenza a su esposa de que diga que por su conflicto familiar y víctima de un estado de descontrol dijo lo que dijo, pero que en realidad no lo dijo. Mientras tanto, los que se animan a hablar desmienten a quien se le cruce que pueda haber existido coimas para conseguir la aprobación de la reforma constitucional.
Volverán las acusaciones contra el fiscal anticorrupción; es posible que aparezcan hasta juicios políticos, pero sólo serán trabas para que se conozca una verdad que crece como una bola de nieve. En el entorno del poder se discute si debe seguirse una estrategia política o judicial. Hasta se consultó al representante de la provincia, Ronal Bradis Troncoso, quien habría venido especialmente por este tema. Las cartas están echadas y el destino político está en manos de tres mujeres. Ellas tienen la palabra.
Lo más popular
Ranking notas premium







