Las fiestas de fin de año y la llegada de un nuevo año no aplacaron la tensión que existe entre las autoridades de la comuna rural de Choromoro y buena parte de los vecinos de esa localidad del norte de la provincia.
Lejos de disiparse, el descontento de un grupo importante de pobladores se plasmó, en esta oportunidad, en un documento dirigido al Poder Ejecutivo, en el que reclamaron que se inicie una auditoría para determinar si se cometieron irregularidades en el manejo de fondos dentro de la administración comunal.
El texto, refrendado por 81 habitantes de las localidades de Potrero, Chuscha, Gonzalo y La Higuera, apunta directamente contra el comisionado Luis Angel Díaz. El jefe comunal ya había sido cuestionado por la ocupación de tierras fiscales que él mismo confesó alentar. En ese marco, sufrió recientemente un revés judicial.
Objeciones múltiples
Los vecinos del departamento Trancas expresaron en el escrito, su desacuerdo con la gestión que lleva adelante Díaz. "Sentimos un profundo malestar porque a lo largo de sus dos años de gestión pudimos comprobar que no hubo compromiso de su parte con nuestra comunidad. Nunca cumplió con las obras prometidas durante su campaña", sostuvieron.
Los pobladores, inclusive, se mostraron partidarios de que el Gobierno tome una drástica medida institucional. "Sospechamos de un manejo inadecuado de los fondos que administra. Por eso, solicitamos que se efectúe una auditoría; un relevamiento de las necesidades y de las obras realizadas, y que se considere la intervención de la comuna por parte de la Provincia", expresaron.
En la presentación, también fustigaron la insistencia de Díaz respecto de que la comuna tome posesión de tierras fiscales que la Provincia está a un paso de adjudicar a particulares. "Los hechos de violencia muestran que estamos representados por un funcionario que no es capaz de respetar los derechos del pueblo. Pone en peligro a todos los que aún no tenemos escrituras de nuestras tierras", advirtieron.
Los vecinos objetaron, además, el manejo de los planes sociales en la comuna de Choromoro. Aseguraron que la distribución de los beneficios no se efectúa sobre la base de un relevamiento de necesidades.
"¿Cómo pueden cobrar planes los cónyuges de empleados de la comuna, de Vialidad, o de la Policía? -inquirieron-. También nos preguntamos cómo es posible que vuelvan con las manos vacías las personas verdaderamente necesitadas, que tras horas de viaje a caballo, son despachadas con impaciencia en lugar de ser asistidas".
Lejos de disiparse, el descontento de un grupo importante de pobladores se plasmó, en esta oportunidad, en un documento dirigido al Poder Ejecutivo, en el que reclamaron que se inicie una auditoría para determinar si se cometieron irregularidades en el manejo de fondos dentro de la administración comunal.
El texto, refrendado por 81 habitantes de las localidades de Potrero, Chuscha, Gonzalo y La Higuera, apunta directamente contra el comisionado Luis Angel Díaz. El jefe comunal ya había sido cuestionado por la ocupación de tierras fiscales que él mismo confesó alentar. En ese marco, sufrió recientemente un revés judicial.
Objeciones múltiples
Los vecinos del departamento Trancas expresaron en el escrito, su desacuerdo con la gestión que lleva adelante Díaz. "Sentimos un profundo malestar porque a lo largo de sus dos años de gestión pudimos comprobar que no hubo compromiso de su parte con nuestra comunidad. Nunca cumplió con las obras prometidas durante su campaña", sostuvieron.
Los pobladores, inclusive, se mostraron partidarios de que el Gobierno tome una drástica medida institucional. "Sospechamos de un manejo inadecuado de los fondos que administra. Por eso, solicitamos que se efectúe una auditoría; un relevamiento de las necesidades y de las obras realizadas, y que se considere la intervención de la comuna por parte de la Provincia", expresaron.
En la presentación, también fustigaron la insistencia de Díaz respecto de que la comuna tome posesión de tierras fiscales que la Provincia está a un paso de adjudicar a particulares. "Los hechos de violencia muestran que estamos representados por un funcionario que no es capaz de respetar los derechos del pueblo. Pone en peligro a todos los que aún no tenemos escrituras de nuestras tierras", advirtieron.
Los vecinos objetaron, además, el manejo de los planes sociales en la comuna de Choromoro. Aseguraron que la distribución de los beneficios no se efectúa sobre la base de un relevamiento de necesidades.
"¿Cómo pueden cobrar planes los cónyuges de empleados de la comuna, de Vialidad, o de la Policía? -inquirieron-. También nos preguntamos cómo es posible que vuelvan con las manos vacías las personas verdaderamente necesitadas, que tras horas de viaje a caballo, son despachadas con impaciencia en lugar de ser asistidas".







