El vicegobernador Fernando Juri y los legisladores pretenden consensuar con empresarios y profesionales la política fiscal de la Provincia. En cambio, el Poder Ejecutivo insiste en poner límites a la discusión sobre la reforma del Código Tributario.
Ayer, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, le dijo a LA GACETA que el PE tendrá la última palabra en cuanto a las modificaciones que sufrirá el proyecto original remitido a la Cámara en diciembre. Aclaró, incluso, que el Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas de todos los sectores intermedios involucrados, pero advirtió que debe mantenerse el espíritu de la iniciativa elaborada por el Estado.
"El diseño de la política tributaria es una responsabilidad del Gobierno. Estamos dispuestos a participar del debate y a escuchar todas las ideas. Pero tampoco se puede sancionar un código que no nos sirva, porque tendremos que vetarlo, como en 2004", enfatizó el funcionario.
Jiménez, además, rechazó los cuestionamientos realizados por empresarios y profesionales respecto de la supuesta inconstitucionalidad de los cambios impulsados por el PE. "Nosotros entendemos que no es así. De todas formas, si es que surge algún conflicto, será la Justicia la que deberá resolverlo", espetó.
No es la primera vez que Juri y Jiménez confrontan durante la ausencia del gobernador José Alperovich por vacaciones. En el verano de 2005, el eje de las diferencias fueron los reclamos salariales de los gremios estatales.
Ayer, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, le dijo a LA GACETA que el PE tendrá la última palabra en cuanto a las modificaciones que sufrirá el proyecto original remitido a la Cámara en diciembre. Aclaró, incluso, que el Gobierno está dispuesto a escuchar las propuestas de todos los sectores intermedios involucrados, pero advirtió que debe mantenerse el espíritu de la iniciativa elaborada por el Estado.
"El diseño de la política tributaria es una responsabilidad del Gobierno. Estamos dispuestos a participar del debate y a escuchar todas las ideas. Pero tampoco se puede sancionar un código que no nos sirva, porque tendremos que vetarlo, como en 2004", enfatizó el funcionario.
Jiménez, además, rechazó los cuestionamientos realizados por empresarios y profesionales respecto de la supuesta inconstitucionalidad de los cambios impulsados por el PE. "Nosotros entendemos que no es así. De todas formas, si es que surge algún conflicto, será la Justicia la que deberá resolverlo", espetó.
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