Pidieron que la mujer de Ortega sea procesada

Tras la feria de enero, la Justicia Federal deberá resolver la situación procesal de Evangelina Salazar de Ortega y de otras cinco personas que ostentaron distintos cargos dentro de la Fundación Esperanza, que presidía la esposa del ex gobernador Ramón Ortega (1991-1995)
A fines de diciembre último, el juez federal Felipe Terán rechazó el pedido de prescripción de la causa, interpuesto por la defensa de la ex primera dama. De este modo, mantuvo abierto el expediente por defraudación en perjuicio de la administración pública nacional, adulteración de instrumentos públicos y malversación agravada (peculado).
Los hechos bajo investigación se originaron en 1994, cuando la Fundación Esperanza recibió un subsidio por $ 150.000 de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) de la Nación, destinado a la compra de dos inmuebles y de equipamiento para la atención de adictos. Los fondos no habrían sido destinados a esos fines, sino que parte de ellos terminaron en depósitos a plazo fijo en el Banco del Tucumán a nombre de Salazar de Ortega, según los avances que marca la pesquisa judicial.

Responsabilidad negada
La ex primera dama, cuando declaró ante Terán en junio de 2004, negó toda responsabilidad en el manejo de las cuentas de la fundación; afirmó que estaba de licencia como su presidente cuando se recibió el subsidio; y que el sobrante de dinero no gastado fue devuelto al Estado.
En la causa ya declararon Clara Farb de Mirkin, Aída Griselda Lugones, Susana Laura Llona de Paz Posse, la ex tesorera Sylvana Beatriz Dellarossa de Terán y Hugo Bruno Bocanera. Todos lo hicieron entre junio y agosto de 2004.
El fiscal federal Emilio Ferrer pidió a Terán que ordene el procesamiento de todos los mencionados, en la reiteración de un planteo que formuló en marzo del año pasado. Destacó que la decisión de rechazar el pedido de prescripción interpuesto por la defensa "no obsta ni impide resolver el estado procesal, ya que ha transcurrido el plazo previsto en la ley y se han cumplido los requisitos exigidos en las normas procesales".
Ferrer, además, remarcó que tanto la Fiscalía Federal como la defensa de Salazar de Ortega podrán plantear luego todos los recursos y apelaciones disponibles, en caso de no estar conformes con lo que se resuelva.