Reivindican los derechos del preso

El penalista Carlos Caramuti (foto) desvinculó a la camarista Alicia Freidenberg de la evasión del homicida Alberto Tolosa, al declarar ante el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura por casi una hora y media.
"El juez decide algo, pero la ejecución de su orden está a cargo de una autoridad administrativa, no del magistrado. La fuga no es su culpa. El preso tiene derechos pese a su condición, cuando cumple con una serie de condiciones. No son beneficios, porque la regla es la libertad. La ley les impone a los jueces que faciliten la relación de los reos con sus familiares en caso de muerte, enfermedad o accidente grave, independiente de la pena impuesta", explicó.
El abogado destacó que el magistrado no tiene la obligación de pedir informes (ni a las autoridades del penal, ni a los fiscales) para disponer un traslado, pero sí evaluar las situaciones puntuales. Consideró que sólo se puede negar una autorización cuando aparecen criterios objetivos negativos.
La acusación preguntó sobre la validez en el tiempo del certificado médico sobre el estado de discapacidad de Segundo Argota, abuelo de Tolosa (artrosis), ya que estaba fechado en 2000. "Todo depende de las características de la enfermedad y de las circunstancias existentes", afirmó. Agregó que si un profesional firma un certificado falso con una patología, comete un delito.
"El juez debe hacer justicia siempre y en cada decisión que toma, principalmente cuando dicta sentencia de fondo respecto del delito que se le somete a decisión. Es conveniente fundar las resoluciones, pero un magistrado tiene un marco de acción dentro de la norma prevista. Una medida tomada en un sentido o en otro, que no se salga de ese margen de discrecionalidad, no puede ser considerada mal desempeño del cargo", advirtió.